A las 8:50 de la mañana del 29 de octubre pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enlazó una serie hallazgos que podrían configurar un capítulo inédito en la historia del conflicto. Ese día, una comisión mixta llegó al laboratorio de antropología de la Universidad de Antioquia, en Medellín, para hacer una inspección judicial. Se suponía que en el lugar solo podía haber esqueletos ajenos a muertes violentas. Tras un vistazo general, a los funcionarios les llamó la atención un centenar de cajas rotuladas con las iniciales CU, la sigla de Cementerio Universal. Decidieron abrir una escogida al azar y hallaron la osamenta de un hombre joven, no identificado, con el agujero perfectamente circular que deja un tiro en la base del cráneo. Todos lo entendieron enseguida: la vida de ese joven terminó cuando alguien lo ejecutó de un disparo a quemarropa en la nuca.
El hallazgo impactó a los funcionarios y desde ese momento comenzaron un minucioso trabajo, aún inconcluso, en el que han inspeccionado, uno a uno, cientos de esqueletos que reposan allí. La situación los obligó a sellar una parte del laboratorio. En total contaron 136 individuos provenientes del Cementerio Universal de Medellín. Y descubrieron que de estos, 56 tienen evidentes señales de violencia. La mayoría, en jerga forense, “TCE x PAF”; es decir, con trauma craneoencefálico por arma de fuego. Hay otros con traumatismos tipo corte “por mecanismo indeterminado”. Estos serían víctimas de desmembramiento. La JEP trasladó a Medicina Legal los 56 cuerpos para que el instituto practique exámenes más detallados de las lesiones y para tratar de identificarlos.
El problema para la universidad es que esos cadáveres de quienes sufrieron actos de violencia no deberían estar en su laboratorio. Y mucho menos sin la documentación completa y clara de cada individuo. La JEP encontró que muy pocos de los 136 esqueletos del CU tienen la traza documental requerida. La mayoría aparecen como NN, sin carpeta, simplemente reseñados por sexo y edad. Otros tienen los papeles incompletos y hay varios que ni siquiera registran el acceso al laboratorio.
A los investigadores les llamó poderosamente la atención ver en el laboratorio cajas marcadas del Cementerio Universal porque desde hace un mes buscaban esos muertos. Pero no esperaban encontrarlos allí. De hecho, habían ido a buscar otros: centenares de cadáveres exhumados de la zona de influencia del proyecto Hidroituango. Efectivamente, en el laboratorio también hallaron 186 restos óseos, de 349 que buscan. De estos se ocuparon después.
Una comisión mixta de fiscales, forenses e investigadores de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas hicieron la inspección al laboratorio. Por la universidad estuvieron Mariela Zapata, abogada del alma mater, y la directora y fundadora del laboratorio, la antropóloga Timisay Monsalve Vargas. Estas explicaron que los cuerpos habían llegado mediante un convenio suscrito por la universidad con la Alcaldía de Medellín, responsable del cementerio municipal. Monsalve recalcó que los cadáveres no habían sido alterados y que estaban solo bajo custodia en el laboratorio.
El dato de un convenio también causó sorpresa. Los investigadores de la JEP habían trabajado durante semanas en el cementerio. Fueron con el objetivo de obtener toda la información existente sobre personas enterradas como NN y su ubicación exacta en sepulturas y bóvedas del camposanto. Pero solo encontraron un desorden monumental tanto en los archivos como en los entierros. Y nadie pudo ofrecer claridad. La comisión entrevistó a todo el personal, desde sepultureros y contratistas hasta el administrador.
En síntesis, nadie sabe cuántos cuerpos de personas no identificadas o identificadas y no reclamadas ha recibido el cementerio a lo largo de décadas. Tampoco se sabe dónde está cada uno de esos cadáveres, con el agravante de que muy probablemente haya cuerpos mezclados en sepulturas indocumentadas. La fiscalía de la JEP tiene intervenido el cementerio y la zona donde se solían enterrar los NN está aislada, bajo custodia especial.
Después, con la noticia del convenio y el hallazgo de los 136 cadáveres en el laboratorio, los investigadores de la JEP regresaron al cementerio y entrevistaron al administrador, Carlos Alberto Luján. Este explicó que llevaba menos de un mes en el cargo y que tenía “ciertas” funciones administrativas. Admitió saber de la existencia del convenio, pero negó conocer los detalles o las condiciones del mismo. Al cabo de buscar y buscar apareció una carpeta con el documento y algunos anexos.
El convenio data de 2008 y compromete el traslado del cementerio al laboratorio de 200 cadáveres “de diversa edad y género”, según la disponibilidad, para usos “académicos y científicos”. El contrato habilita al laboratorio para emplear los esqueletos en sus labores, pero también lo compromete a preservarlos y, en caso de aparecer una identificación, devolverlos a los dolientes. Ese tipo de convenios no es irregular siempre que los cadáveres no estén vinculados a procesos judiciales. Pero la ley obliga a preservar los despojos de personas no identificadas y de víctimas de violencia con miras a resolver su situación penal y a que algún día sus familias puedan recibirlos.
Revista Semana entrevistó a la doctora Timisay Monsalve, quien asegura que desconocía si los cuerpos provenientes del Cementerio Universal pudieran corresponder a víctimas de desaparición forzada. La científica señaló que reiteradamente solicitó a varios administradores del cementerio la información respectiva de cada cuerpo y que nunca se la remitieron.
La JEP considera delicada la situación. En varios autos judiciales señala que cualquier persona con acceso al laboratorio podría alterar o destruir esos restos óseos. Además, señala que hay “serios y preocupantes indicios” de que los cuerpos han sido intervenidos con fines académicos, manipulación que podría producir “alteraciones irreversibles”. Y que ello, inevitablemente, implicaría procesos de identificación más complejos, sino imposibles.
La preocupación del tribunal de paz, a su vez, atiende el clamor de las víctimas. La hipótesis muy probable de que entre esos cuerpos haya víctimas de la Comuna 13, al mismo tiempo ofrece esperanzas a las familias de los desaparecidos. Y preocupa a los responsables, entre estos altos mandos del Ejército.
¿Son los de Comuna 13?
La JEP decidió revisar a profundidad el Cementerio Universal de Medellín luego de realizar una audiencia pública sobre el caso de las desapariciones en la Comuna 13, que fue un verdadero polvorín del conflicto. En la diligencia intervinieron familiares de las víctimas, investigadores y las autoridades. En ese territorio, al occidente de la ciudad, operaron las Farc, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo; luego los paramilitares del Bloque Metro y del Cacique Nutibara. Y allí el Ejército, bajo declaratoria de Estado de excepción, ejecutó en 2002 las operaciones Mariscal y Orión, que dejaron centenares de desaparecidos.
En la audiencia pública, la Gobernación y la Alcaldía admitieron no tener certeza sobre el número de desaparecidos en la Comuna 13. El miércoles la JEP dijo que a partir de información suministrada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Fiscalía, Unidad de Víctimas y organizaciones sociales, había establecido que 417 personas sufrieron desaparición forzada en la comuna, entre 1987 y 2016.
La organización Movice ha investigado el caso y considera que los reclutamientos forzados de la guerrilla, la posterior toma de los paras y las operaciones del Ejército dejaron más de 300 desaparecidos. “Y hoy, restando algunas exhumaciones, hay más de 250 personas que siguen en calidad de desaparición forzada en la comuna”, dice Adriana Arboleda. Movice y varias víctimas insistieron ante los magistrados de paz que muchas víctimas quedaron sepultadas clandestinamente en la zona de La Escombrera y en el Cementerio Universal. Por ello, la JEP decidió practicar prospecciones en ambos puntos.
En La Escombrera determinaron siete puntos de “alta probabilidad”. Sin embargo, hasta ahora la búsqueda no ha dado frutos. En uno de los puntos los forenses encontraron una cruz con un nombre inscrito. Excavaron dos metros y solo hallaron la osamenta de una vaca en posición invertida, es decir, patas arriba. En otro punto auscultado, los investigadores encontraron media docena de casquillos de proyectiles de fuego. La Escombrera es una inmensa faja de montaña en donde extraen y vierten escombros desde hace décadas. Buscar restos humanos allí es como buscar una aguja en un pajar
En el Cementerio Universal, en la zona de no identificados, los investigadores también han hecho perforaciones, algunas con hallazgos y otras nulas. Pero el caos es tal que uno de los pocos datos concretos, aportado por la Alcaldía, indica que entre 2002 y 2012 ingresaron al cementerio “un total de 906 cuerpos sin identificar”, pero que “no fue posible encontrar información del número de cuerpos entre 1990 y 2001”. De ahí la importancia del hallazgo de 136 cadáveres del cementerio en el laboratorio de la Universidad de Antioquia. Hay una alta probabilidad de que allí estén algunos desaparecidos de la comuna.
Cementerios empantanados
Ahora el desafío consiste en lograr identificarlos con pruebas de ADN y luego conectarlos con sus dolientes. Tras más 20 años de impunidad e incertidumbre, las familias víctimas de la Comuna 13 por fin avizoran una esperanza. Pero lo relatado hasta ahora es solo la mitad de lo hallado en el laboratorio. Allí también reposan, bajo custodia, 180 cadáveres provenientes de un cementerio informal del corregimiento de Orobajo, en Sabanalarga, Antioquia, uno de los territorios afectados por el megaproyecto de Hidroituango.
La historia de los cementerios aledaños a Hidroituango también se desprende de una audiencia convocada a solicitud de las víctimas. Se trató de la segunda gran diligencia ordenada por los magistrados, después de la de Comuna 13, a fin de evaluar la pertinencia de impartir medidas cautelares para salvaguardar evidencia clave que contribuya a esclarecer hechos relevantes del conflicto armado.
En el caso de Hidroituango, las víctimas argumentan que en los seis municipios de influencia directa del proyecto (Briceño, Peque, Sabanalarga, Ituango, Toledo y Valdivia) hay centenares de desaparecidos. Ese eje en torno al cañón del río Cauca ha sido una de las zonas más estremecidas por la violencia a lo largo de décadas. Los cañoneros aseguran que muchas veces bajaban cadáveres por el río y los enterraban en las playas. El Centro Nacional de Memoria Histórica registra que desde 1982 hasta 2016, hubo cerca de 600 casos de desaparición forzada en esos 6 municipios. Además, los actores armados perpetraron 51 masacres que dejaron 318 víctimas mortales. Entre 1995 y 2005 corrieron los años más oscuros. Por su parte, la Fiscalía reporta que en la zona, hasta mayo de 2019, ha exhumado 196 individuos no identificados (la mitad en cementerios municipales y el resto en fosas en zona rural). Según esto, al contrastar la información de Memoria Histórica con las de la Fiscalía, habría 400 casos sin hallar.
La JEP hizo un estudio de georreferenciación al superponer en un mapa regional los tres fenómenos (desaparición forzada, masacres y exhumaciones oficiales). Estos coinciden en un 90 por ciento. Una sombra reiterada que sigue el trazo del cañón del río Cauca.
En relación con ese panorama, varias comunidades y organizaciones critican el proyecto de Hidroituango de Empresas Públicas de Medellín, pues para llenar los 79 kilómetros del embalse hubo que inundar muchas zonas y hasta trasladar comunidades. Así pasó con la comunidad indígena Nutabe, de Orobajo, la cual por la megaobra quedó fragmentada y reubicada en otro territorio. También hubo que levantar el cementerio de esta población marginal. Y la profesora Timisay Monsalve hizo ese trabajo.
Los documentos indican que EPM contrató a Integral, una firma de ingeniería, y que esta a su vez subcontrató con el convenio 14 de 2017 a la Universidad de Antioquia para trasladar tres cementerios. Esto dentro del marco de la licencia ambiental otorgada al proyecto Hidroituango. De ese modo Monsalve lideró un equipo de 25 profesionales que hicieron las exhumaciones. De Orobajo, donde la comunidad decía tener cerca de 100 muertos, exhumaron 180; de Barbacoas, donde la gente también calculaba 100 muertos, recuperaron 151, y de Fortuna, donde estimaban 10 individuos, resultaron 18 a pesar de que las retroexcavadoras ya habían arrasado la mitad del cementerio.
La profesora Monsalve ha explicado ante la JEP que en total recuperó 349 cadáveres. “Uno a uno rotulado y documentado”, dice, y recalca que hizo el trabajo con todo el rigor profesional a pesar de las condiciones adversas del terreno y de la precariedad de esos lugares. Define lo hecho como una operación “bioantropológica” y asegura que siempre estuvo en compañía de la comunidad. También explica que al aceptar la misión asumió que no eran muertos vinculados a la violencia. “Nosotros no estábamos buscando desparecidos, lo que hicimos fue un traslado administrativo que venía dentro de la licencia ambiental de EPM”.
Respecto a los 180 cadáveres de Orobajo que están en el laboratorio en Medellín, la antropóloga dice que la comunidad le autorizó la custodia con documentos escritos, dado que no tenían definido a dónde trasladarlos. Así mismo, señala que los demás cuerpos recuperados quedaron inhumados nuevamente en el municipio de Peque. Por su parte, los magistrados de la JEP consideran que el traslado de los tres cementerios está plagado de irregularidades. En la audiencia pública cuestionaron duramente a la profesora Monsalve cuando esta narró que había lavado la ropa de los muertos para que las familias pudieran identificarlos mejor. Desde el punto de vista forense eso es una alteración de evidencia.
También está en entredicho el rol de la Fiscalía en Antioquia. En la audiencia pública las directivas de EPM explicaron a los magistrados que el ente acusador dio luz verde para actuar sobre los cementerios, con el argumento de que las búsquedas oficiales ya se habían agotado. La JEP considera que la Fiscalía no podía delegar esa labor. “No estamos hablando de Noruega, estamos hablando de zonas con altísimos índices de violencia”, le dijo el magistrado Gustavo Salazar al fiscal regional que intervino en la audiencia.
Esta semana los forenses de la JEP avanzaban en la inspección de los 180 esqueletos de Orobajo para determinar si entre estos hay víctimas de violencia. Los magistrados también ordenaron corroborar dónde yacen los cadáveres removidos de los cementerios irregulares de Barbacoas y Fortuna. Que en los tres cementerios haya 140 individuos más de los que calculaba la población hace pensar que los actores del conflicto también enterraron víctimas allí.
Todos estos desarrollos se presentaron al mismo tiempo que en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, donde las autoridades lograron recuperar e identificar los restos del joven Édison Lezcano, una víctima de falsos positivos del Ejército. De ese cementerio han exhumado ya 50 cuerpos no identificados. Fuera de Antioquia, el tribunal de paz examina una decena más de camposantos. Hasta el momento se ha tratado de lugares precarios que por décadas funcionaron sin mayores protocolos ni vigilancia. En esas fosas comunes los responsables mezclaban los restos de personas no identificadas e incluso los incineraban. Mientras tanto, la JEP sigue escarbando una tierra sembrada de cadáveres.
Tomado de Revista Semana
