El Gobierno Nacional, a través de la canciller Claudia Blum, respondió al informe que este miércoles presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator de esa organización en la materia, Michel Forst, en el que entregó detalles delicados sobre la situación que viven los líderes sociales en Colombia.
La Cancillería hace anotaciones puntuales al documento, como considerar que hace una acusación sobre una supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos es “inadmisible” y “desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales”. “La Cancillería ha transmitido en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad”.
La ministra Blum también calificó de graves y sin sustento las versiones sobre “empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales”.
En ese mismo sentido, Blum señaló que Forst, en sus conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política para la implementación del acuerdo de paz, “desconoce de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los planes de desarrollo con enfoque territorial”.
También lo acusa de ignorar las garantías que el país contempla para el ejercicio de la libertad de expresión, la reunión pacífica y la consulta previa. “Y las consideraciones sobre nuestro modelo de desarrollo que reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator”, concluye la canciller.
Aunque la funcionaria admite que Forst reconoce que hay voluntad por parte del Gobierno para crear un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos, sugiere que es importante que los relatores cumplan con sus funciones y las reglas establecidas, como “establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente; y segundo, como tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado”.
Tomado de El Espectador
