El relator de Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, propuso hoy al Gobierno de Colombia «restaurar el diálogo» y la confianza, para que la ONU pueda continuar su misión de «asistir» a los países en la mejora de los derechos humanos.
En una entrevista con EFE, Forst habla de las actuales tensiones que las instituciones en pro de las libertades fundamentales de la ONU mantienen con el Gobierno de Colombia, y de posibles salidas a este rifirrafe.
El Ejecutivo colombiano ha mostrado su malestar por informes y recomendaciones tanto de este relator como de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Michelle Bachelet, unas tensiones que seguramente explican que el pasado año Forst no pudiera llevar a cabo su planeada visita de trabajo a Colombia.
-Pregunta (P): ¿Esperaba que los informes de la ONU recibieran una respuesta tan negativa del Gobierno colombiano, e incluso que el presidente Iván Duque los criticara públicamente?
-Respuesta (R): La verdad es que no, me sorprendió después de haber trabajado en estas cuestiones durante años. Recientemente he estado en Honduras, otro país muy peligroso para los activistas, y sé que no estaban tampoco felices con mis críticas, pero sé que están intentando llevar a la práctica las recomendaciones, porque se hacen para intentar mejorar su trabajo.
-P: ¿Cómo podrían aliviarse las tensiones entre Colombia y las instituciones de derechos humanos de Naciones Unidas?
-R: La mejor señal que podría enviar el Gobierno colombiano a la comunidad internacional sería invitarme al país para restaurar el diálogo con ellos y con ello la confianza que debería existir entre Naciones Unidas y Colombia. Este cargo no se creó por la ONU para señalar con el dedo a los países, sino para asistirles, y hasta que termine mi mandato estoy aquí para ayudar.
-P: ¿Cree que esa visita podría darse próximamente?
-R: Soy optimista, tras saber que se ha extendido el acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Colombia y la Oficina de la ONU de Derechos Humanos. He hablado con la embajadora colombiana en Ginebra (Adriana Mendoza) y confío en que recibamos una invitación. Seguramente yo no podré viajar al país, dado que mi mandato termina el 1 de mayo, pero quizá mi sucesor o sucesora sí puedan hacerlo.
-P: ¿Qué destacaba su informe, y por qué ha causado polémica en Colombia?
-R: Se realizó con la información obtenida en una larga visita a Colombia (en 2018) donde estuve en 11 lugares diferentes y me entrevisté con el presidente Duque y muchos otros actores institucionales. Mostró un panorama bastante sombrío, con líderes sociales asesinados, amenazados o acosados, pero no sólo por el Estado o el ejército, también por otras fuerzas. En la segunda parte del informe pedí al Gobierno de Duque nuevas estrategias para proteger a los defensores de los derechos humanos. Esperaba poder ser nuevamente invitado por el Gobierno para ver cómo se ponían en práctica mis recomendaciones, pero tal invitación nunca fue confirmada.
-P: ¿La situación para los activistas en Colombia no ha mejorado con la firma de los Acuerdos de Paz de 2016?
-R: Tomando las cifras del defensor del pueblo o de la Oficina de Derechos Humanos se observa un aumento de los asesinatos en el país (unos 300 o 400 según su informe), y el problema es que no los conocemos todos, ésa sólo es la punta del iceberg. No sabemos lo que ocurre con muchos activistas que viven en zonas remotas, como afrocolombianos o miembros de pueblos indígenas. También es preocupante el incremento de los asesinatos de defensoras de derechos humanos, del 56 %. Sabemos que el Estado no es responsable de todas estas muertes, pero su deber es proteger la vida de estos activistas.
-P: ¿Dónde comienzan los desacuerdos con el Gobierno colombiano?
-R: Uno de los puntos en discusión es la misma definición de defensores de derechos humanos, porque la que Naciones Unidas y yo tenemos es más amplia que la del Gobierno colombiano, no sólo nos referimos a líderes sociales sino también a personas que en sus comunidades promueven el derecho a la vivienda o al alimento. Colombia tiende a reducir la definición, a excluir a muchos defensores, y así es muy fácil para ellos decir que se ha reducido el número de asesinatos.
-P: ¿Estos desacuerdos explican que su visita a Colombia en 2019 no pudiera materializarse?
-R: No lo sé exactamente, porque cuando terminé mi visita en 2018 hablé con Duque en la última jornada y concluimos que se buscaría cómo poner en práctica mis recomendaciones. Tras la rueda de prensa que hicimos juntos se me invitó a volver para ver esta puesta en práctica, algo que era importante para mí porque no quería preparar mi informe sin ver estas primeras medidas y poder decir que Colombia estaba en camino de mejorar. Sin embargo, la reunión nunca llegó, imagino que hay un complicado debate interno dentro del Gobierno.
-P: ¿Ha habido pese a todo alguna mejora en la situación de los defensores de derechos humanos colombianos desde 2018?
-R: Sé que ha habido novedades, como el famoso Plan de Acción Oportuna o la Mesa de Garantías, que son buenas medidas pero no suficientes, porque hay un plan pero no hay una estrategia que guíe, que diga a dónde se quiere llegar o qué se quiere conseguir, de lo contrario es una simple declaración de buenas intenciones.
-P: Uno de los motivos de fricción es la sugerencia a Colombia de que la Policía deje de depender del Ministerio de Defensa y se integre al de Interior.
– R: Se trata de una recomendación de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, no mía, aunque la apoyo. El Gobierno colombiano lo ha considerado una injerencia en sus asuntos internos, pero deberían entender que nuestro rol es servir de guía, señalar cosas que podrían tener que cambiar en la organización de los Estados. La decisión final, en todo caso, es del Gobierno, nosotros no estamos para actuar en su lugar sino para informarles de nuestros puntos de vista y señalarle lo que pensamos podría ser la mejor solución.
P: En los tiempos actuales, ¿es cada vez mas difícil defender a los defensores de derechos humanos?
R: En mis seis años en el puesto mi punto de vista ha cambiado. Tras hablar con las madres de los desaparecidos en Ayotzinapa (México), o con los indígenas que intentan explicar su cosmovisión de la tierra, uno ve que todo es más complicado y que cada vez hay más actores involucrados en este problema. No sólo los gobiernos, sino también, por ejemplo, muchas empresas. Por otro lado, hay leyes para intentar impedir la acción de estos defensores que se están copiando en muchos países: por ejemplo las elaboradas por Rusia están siendo imitadas en otros lugares de Europa.
EFE.
