Las solicitudes de asilo temporal en España de líderes sociales colombianos aumentaron en los últimos años por las amenazas que sufren en el país andino, reveló este miércoles el Programa Asturiano de Derechos Humanos en Colombia.
Desde el 2001 hasta el 2019 el Programa acogió en Asturias (norte de España) durante períodos de seis meses a un total de 119 defensores de derechos humanos, explicó su coordinador, Javier Orozco, en el acto de celebración de los 20 años del Programa, que tuvo lugar hoy en la Embajada de España de Bogotá.
Con los cinco que serán acogidos este año serán 124 entre sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas y de las comunidades negras, añadió.
«Hay menos muertos por violencia social pero hay más asesinatos por violencia política asociada a proyectos de inversión de capital internacional y criollo. Esta situación de amenaza ha hecho que la demanda de acogida haya crecido, los dirigentes sindicales nos están pidiendo que los saquemos» explicó a Efe Orozco.
En la actualidad hay once líderes sindicales y profesionales que se encargan de coordinar la organización en Colombia, que facilita estancias de seis meses en pisos de acogida facilitados por el Gobierno de Asturias.
«Al programa yo le debo la vida. Las persecuciones eran tremendas», explicó a Efe Marco Reinerio, líder sindical en el municipio de Rovira (Tolima), departamento en el centro de Colombia, y exiliado en Asturias en el año 2013.
Reinerio, defensor de los derechos de los campesinos cafeteros, estaba fuera de su municipio cuando le avisaron de que dos encapuchados habían entrado a su finca y lo estaban buscando. Por esas amenazas todavía sigue desplazado y sin poder volver a la tierra que lo vio nacer.
La selección de los exiliados la hace un comité colombiano, integrado por distintas organizaciones de derechos humanos en función del alto riesgo «comprobado» que corren sus vidas y su integridad física y también tienen en cuenta su pertenencia a diferentes organizaciones y sectores del país.
De los 119 ciudadanos colombianos que se han beneficiado del proyecto, uno de ellos, Luciano Romero, fue asesinado al volver al país.
Por otra parte, el representante adjunto de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Juan Carlos Monge, reiteró que «no es un momento fácil para la defensa de los derechos humanos» y alentó a que se tomen medidas «efectivas» porque «cada una de esas muertes tiene un impacto terrible».
«Sin líderes sociales no hay paz. Aunque ahora hay menos crispación, existe una violencia muy oculta, soterrada, que roba la esperanza de la gente, la llena de incertidumbre y la conduce a la desmoralización», manifestó Orozco, quien también corre riesgos por su trabajo.
EFE
