Este viernes 13 de marzo se realizó la audiencia condenatoria contra Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. La jueza segunda especializada de Bogotá la condenó a 3 años y 10 meses de prisión por sus actos vandálicos en Transmilenio. Sin embargo, al ser una pena menor a 4 años, es excarcelable.
La orden judicial de no poder hacer uso de las redes sociales se mantiene, por lo que pasará los próximos años sin poder usarlas.
El 19 de febrero anterior, en audiencia pública cumplida ante la juez segunda especializada de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación la acusó por los delitos de perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines de terrorismo y daño en bien ajeno.
Videos recopilados en redes sociales y testimonios demostraron que la procesada atacó con un martillo el mobiliario de la estación de Transmilenio del barrio Molinos, en el sur de Bogotá, el 22 de noviembre de 2019. En ese entonces, la Fiscalía insistió en las medidas restrictivas que debía cumplir Barrera Rojas, como no usar redes sociales. Por su parte, la juez aceptó como víctimas a Transmilenio S.A. y a la empresa Recaudo Bogotá, que asumieron los costos de los destrozos, los cuales fueron fijados en 1.218 millones de pesos.
En la audiencia de imputación, la procesada había aceptado los cargos que le formuló la Fiscalía. Al margen de ello, las víctimas alegaron que, a pesar de no tener antecedentes penales, por su posición de figura pública e influencer existe una responsabilidad social que agrava los delitos cometidos. Añadieron que, por este motivo, la jueza no debía considerar prisión domiciliaria.
Por su parte, el abogado de la defensa, Andrés Sosa, pidió a la jueza considerar que «no se le puede retribuir todo el daño de la estación de Transmilenio a la señora Barrera Rojas» y que «no podemos ir de frente con una sola influencer para dar ejemplo a toda la ciudadanía». De igual manera, pidió que se tuviera en cuenta que su clienta aceptó los cargos el pasado 10 de diciembre y que debía obtener los beneficios propios de este allanamiento. Solicitó, igualmente, que la sanción establecida sea extramural y «en su defecto prisión domiciliaria».
Tomado de Revista Semana
