Tras varios meses en los que hubo tensión y malestar en la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal, el pasado 28 de febrero, se puso al día y llenó siete de las ocho vacantes que tenía.
Para ello, la Corte tuvo que interpretar su reglamento pues tras la salida de Ariel Salazar la Sala Plena se había quedado con 15 magistrados, y el mínimo de votos que necesitaba era 16 para poder decidir. Por eso hicieron una interpretación que les pidió bajar el quórum decisorio y así llenar sus siete vacantes para poder seguir operando.
Luego de elegir a sus magistrados, este miércoles se posesionaron ante el presidente Iván Duque los recién elegidos. En la Sala Penal asumieron Hugo Quintero, Fabio Ospitia y Gerson Chaverra. En la Laboral, Ómar Mejía, Mauricio Lenis y Luis Benedicto Herrera Díaz. Y en la Civil, Francisco Ternera Barrios. Solo queda pendiente la vacante de Ariel Salazar, en la sala Civil.
Llenar esas vacantes tomó mucho tiempo en el cual las diferencias entre algunos magistrados de la Corte Suprema quedaron a flote, pues algunos tenían sus favoritos para llegar al alto tribunal y se negaban a votar por otros y a construir consensos, y porque, además, en la Corte se ha dicho que hay un supuesto choque de regionalismos entre costeños y paisas.
Tras lograr elegir Fiscal General de forma unánime, y salir del lío de las vacantes con votaciones mayoritarias, a la Corte Suprema le quedaba pendiente resolver otro asunto: elegir al presidente de la corporación para este año, cuyo cargo le correspondía por rotación a la Sala Laboral.
En esta sala había dos magistrados que habían manifestado su interés de ser elegidos: Jorge Luis Quiroz Alemán y Gerardo Botero Zuluaga. El elegido este jueves finalmente fue Quiroz.
Pero en la Sala Plena de este jueves, Botero leyó una carta que radicó ante la secretaría, en la que manifestó su posición sobre el tema, y en la que argumentó por qué había decidido declinar a su aspiración de ser presidente de la Corte.
En la carta, Botero asegura que recientemente se había reunido con el magistrado Quiroz con el fin de buscar un consenso sobre quién debía ser el candidato único de la Sala Laboral para ser postulado como presidente ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
En esa reunión, dijo Botero, le manifestó su deseo de dar un paso al costado, dejarle la vía libre y «no poner a nuestros compañeros de Sala Plena en la situación incómoda de tener que escoger entre uno y otro, generando con ellos fricciones y distanciamientos que nada bien le hacen a la Corporación».
Sin embargo, en la carta Botero va más allá y asegura que aspira a que «no se permitan injerencias de la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco en nuestros asuntos internos, pues no podemos perder nuestro horizonte, autonomía e independencia, y menos aún, tolerar que en nuestra respetable corporación se propicien divisiones por regionalismos perversos (paisas y costeños)», asegura Botero.
Según Botero, manifestaciones como «otro paisa no puede ser presidente de la Corte Suprema de Justicia», no sólo deslegitiman su derecho a aspirar a la Presidencia de la Corte por el solo hecho de ser de una región del país, de la que asegura sentirse orgulloso, sino que además, «alienta el favoritismo por el otro candidato, generando distanciamientos internos que nada bien le hacen a nuestra institución».
Aunque Botero no afirma en su carta que estas palabras hayan sido pronunciadas por la ministra Cabello, sí dice en su misiva que esas afirmaciones constituyen «una indebida intromisión del ejecutivo en la Rama Judicial».
También recordó que en el 2019, cuando aspiró a ser vicepresidente de la Corte también fue descalificado con el argumento de que «dos paisas no podían desempeñar las dos dignidades de la Corte Suprema de Justicia (Presidente y Vicepresidente)», pues ese año el presidente fue Álvaro Fernando García, quien también es paisa.
Además, Botero dijo que uno de los temas que se ha venido socializando sobre la reforma a la justicia -que ha presentado la ministra Cabello- es el que está relacionado con las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados de las altas cortes. La propuesta de Cabello dice que se debería inhabilitar hasta por cuatro años a los exmagistrados para que no puedan ejercer cargos de elección popular en ese periodo, así como a jefes de organismos de control, entre otros.
Ante esto, Botero dijo: «Es por ello que sería conveniente que allí se prohibiera que un magistrado en servicio activo pueda ser nombrado como ministro o en un alto cargo en la Rama Ejecutiva, para de esa forma evitar que se utilice la magistratura como trampolín político y con un ánimo desenfrenado por seguir ostentando poder», afirmó.
Aunque Botero no lo dice en su carta, esta sería la situación de la ministra Cabello, que pasó de ser magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema a ministra de Justicia, nombrada por el presidente Iván Duque.
«Gracias señor presidente por permitirme expresar ante esta plenaria lo que pienso y percibo sobre solo algunos de los males que nos aquejan, para lo cual dejo constancia por escrito ante la secretaría de la Sala de mi intervención», dice la carta del magistrado Botero.
Tomado de El Tiempo
