En una acción coordinada de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron capturadas 18 personas denunciadas por cerca de 40 menores de edad, víctimas de delitos como trata de personas, acceso carnal violento y explotación sexual.
Siete días después de tomar posesión, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, visitó la seccional Guainía y, desde su capital, se comprometió́ a impulsar las investigaciones por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y poner en marcha acciones judiciales para combatir las conductas que vulneran los derechos de las comunidades indígenas del departamento.
Un mes después del anuncio y gracias a una acción investigativa articulada, se cumplió́ la más grande operación en defensa de niñas, niños y adolescentes de esa región del país.
Con la participación de 11 fiscales delegados y el trabajo investigativo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional, fueron capturados 18 hombres entre funcionarios, docentes y comerciantes, quienes son señalados de aprovechar su posición económica y de reconocimiento entre la población para explotar sexualmente a niñas y adolescentes.
En total se realizaron 15 diligencias simultáneas de registro y allanamiento, en las que los investigadores también incautaron computadores, dispositivos de almacenamiento digital, USB, celulares, una motocicleta y un arma de fuego artesanal. Adicionalmente, fueron identificados 21 inmuebles sobre los que se proyecta adelantar procesos con fines de extinción del derecho de dominio.
Actuar criminal
Los elementos probatorios indican que los detenidos ubicaban a menores entre 12 y 16 años. Al parecer, aprovechaban su condición de vulnerabilidad y, a cambio de dinero o diversas dadivas como comida, hospedaje o transporte, las inducían a actividades sexuales. Otra modalidad era llevarlas a paseos, fiestas y encuentros sociales donde también eran abusadas.
Hasta el momento, cerca de 40 víctimas han denunciado, cinco de ellas pertenecen a tres resguardos indígenas del departamento. Los testimonios darían cuenta de que algunas habrían sido obligadas a consumir estupefacientes y otras, supuestamente, fueron intimidadas para que vivieran con los señalados abusadores o trabajaran en hostales.
Interceptaciones telefónicas evidenciaron que los presuntos agresores compartían información sobre la condición socioeconómica de niñas y adolescentes de Inírida para contactarlas e intentar inducirlas, y referenciaban a quienes accedían a los ofrecimientos en especie o en dinero que oscilaban entre 15 mil y 50 mil pesos.
Judicialización
Los 18 capturados, todos con edades superiores a los 55 años, fueron presentados en audiencias de control de garantías realizadas en Bogotá, Inírida, San José del Guaviare y Medellín, entre el 17 y 21 de marzo del año en curso.
Los fiscales de conocimiento les imputaron diferentes delitos de acuerdo a su participación en los hechos delictivos, como: proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso abusivo y acceso carnal violento en menor de 14 años, uso de menores para la comisión de delitos, trata de personas agravada, estímulo a la prostitución en menor de edad, entre otros.
Ninguno de los procesados aceptó cargos. 17 recibieron medidas privativas de la libertad, 14 en centro carcelario (un juez, un fiscal, un policía, dos docentes y 9 comerciantes) y tres de carácter domiciliario (un exfiscal y dos particulares). Algunos de los detenidos son:
Un hombre que durante ocho años habría contactado a menores de edad para explotarlas sexualmente con fines comerciales. 30 de las víctimas aseguraron haber sido abusadas por este hombre, quien viajó a Medellín para evadir las investigaciones. Allí́ fue detenido. Deberá́ cumplir detención en centro carcelario.
Un juez promiscuo municipal de Inírida con función de control de garantías. Fue denunciado por tres de las víctimas identificadas, una de ellas señaló que el funcionario la amenazó cuando se enteró́ del proceso que cursaba en su contra.
Un exfiscal, a quien se le atribuye explotar sexualmente a niñas y adolescentes, y de informar a otros involucrados de las acciones judiciales y controles programados por las autoridades.
Un fiscal que habría omitido varias denuncias de abuso sexual contra menores de edad y, supuestamente, amenazó a algunas víctimas por entregar sus testimonios a personal de la Sijín de la Policía Nacional. Además, estaría vinculado al abuso de menores de edad.
Un intendente de la Policía Nacional señalado de buscar niñas y adolescentes en bares, y de coordinar actividades de explotación sexual con Virgilio de Jesús Arroyave.
