Millones de personas en América Latina que viven de lo que ganan día a día están confinadas para evitar que se contagien del nuevo coronavirus y constituyen una «verdadera crisis», que los países deben afrontar con endeudamiento público, dijo a Efe el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi.
«La verdadera crisis es de las personas que, para evitar que se contagien, no pueden salir a vender o a comprar lo que producen o lo que consumen, y esas personas vivas son las que verdaderamente preocupan más todavía», afirmó este economista hondureño, que preside el BCIE desde diciembre de 2018.
Buena parte del mundo ha decretado el confinamiento obligatorio de las personas para frenar el avance de la enfermedad COVID-19, que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, una medida que impacta con rudeza a una América Latina donde el 50 % de la población vive de la economía informal, de lo que gana día a día.
Se pueden ver calles desoladas en urbes centroamericanas como la Ciudad de Panamá, San Salvador o Tegucigalpa, lo que ha dejado sin sustento a familias enteras. Ya los Estados están anunciando ayudas económicas extraordinarias y reparten alimentos a los sectores sociales más necesitados.
«Es una crisis que cuesta mucho dinero y eso lastimosamente va a tener que venir de endeudamiento público», afirmó Mossi, economista hondureño con un doctorado en la materia en la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.) y exfuncionario del Banco Mundial.
LA NECESIDAD DE ACCESO A FONDOS FRESCOS
Es crucial en este contexto que los Estados accedan a fondos, en un primer momento de emergencia para una respuesta rápida que permita «darle oxígeno a la economía mientras arranca y pasa el período de aislamiento social», y luego a otros más estructurado, para la estrategia de salida de la crisis.
En este punto, el endeudamiento público aparece como la opción en la región: «No creo que América Latina encuentre donantes porque es una crisis global», advirtió Mossi.
Y los países que les va a ir mejor contratando deuda son aquellos «que tienen o han tenido una historia de responsabilidad fiscal y pueden endeudarse rápidamente para satisfacer las demandas que se vienen», que incluyen ayudas no solo a personas sino también a las empresas y bancos, señaló Mossi, quien trabajo en el Banco Mundial como representante en Paraguay y jefe de Operaciones en Ghana.
Así, precisó, en el caso de Centroamérica a «países como Panamá, Guatemala y Honduras que tienen espacio fiscal porque han tenido leyes de responsabilidad fiscal, probablemente son los que más fácil podrán hacerle frente a la crisis».
EL MUNDO SABE QUÉ HAY QUE HACER
«El mundo sabe cuál es la ruta a seguir: es invertir dinero del Estado, endeudarse a niveles no contemplados hace solo un mes, porque va a ser necesario financiar ayuda» en varios frentes, dijo el presidente del BCIE.
Así, esta institución financiera aprobó esta semana un programa de emergencia por 1.960 millones de dólares, unos fondos que «equivalen a más o menos 60 % un de la asignación que tiene el banco por un año».
Se contemplan hasta «50 millones de dólares por cada país» que se entregarán con base a un plan estructurado «que tengan para mitigar» la pandemia, y la «idea es darle oxígeno a los presupuestos para que puedan tomar acciones de corto plazo», como por ejemplo compras de equipamiento sanitario.
«Obviamente nosotros tenemos que confiar en que los Gobiernos hagan su trabajo de manera adecuada, los fondos nuestros son auditados por cada tribunal de cuentas de cada país», dijo Mossi respecto al uso transparente de los fondos.
El programa incluye «una línea de contingencia para los bancos centrales» por 1.000 millones de dólares, para afrontar problemas de liquidez y masa monetaria, y «ya tres países se sumaron: Nicaragua, El Salvador y Honduras», indicó.
Y el BCIE contempla «un plan de liquidez para los bancos comerciales por 350 millones de dólares. Igual es poco dinero pero lo tenemos para los primeros que lleguen con su caso. Y esto es un programa para cumplir en el corto plazo».
El BCIE fue fundado en 1960 y cuenta con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice como miembros regionales, y como extrarregionales México, Taiwán, Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea del Sur.
Se define como una institución financiera multilateral de desarrollo cuyos recursos se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medioambiente.
EFE
