El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y siete organizaciones sociales pidieron al Estado colombiano que garantice la vida e integridad del Putumayo, departamento fronterizo con Perú y Ecuador, que está azotado por la violencia de grupos que se disputan el control territorial.
Así lo aseguraron en una carta que enviaron al presidente colombiano, Iván Duque, y a varios altos funcionarios, en la que rechazan «el incremento de la violencia en Colombia en medio de la pandemia global por el COVID-19».
«Una vez más llamamos a cesar todo tipo de violencia y apelamos al Estado a garantizar la vida e integridad de los habitantes del departamento de Putumayo quienes se encuentran en medio de un contexto de disputas por el control social y territorial del departamento», dijeron las ONG.
Le recordaron además al Gobierno, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo «la obligación reforzada en términos de especial protección para personas migrantes, defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas».
La carta fue firmada también por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Igualmente lo hicieron la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Amazon Frontlines y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
VIOLENCIA INCESANTE
Los firmantes recordaron que el pasado 19 de marzo fue asesinado el líder social y campesino Marco Rivadeneira, que fue perpetrado en la tarde por tres hombres cuando estaba en una reunión con campesinos en la vereda (aldea) de Nueva Granada.
«El señor Rivadeneira era reconocido por su liderazgo en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos, la defensa del territorio, la vida digna y los acuerdos de paz, sin que hasta el momento se conozcan investigaciones eficaces al respecto», dijeron.
Denunciaron además que el 22 de marzo, siete días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia por el coronavirus, se divulgó en las redes sociales un video «que documentaba la atroz práctica de desmembramiento de cuatro cuerpos masculinos».
«Esta escena se difundió tras el asesinato cometido en el sector conocido como El Cedral, ubicado a 20 minutos del centro urbano del municipio de Puerto Asís», agregó la información, que precisó que según pobladores de la región las víctimas eran venezolanos.
De igual forma, las organizaciones manifestaron que «desde el 23 de marzo y hasta la fecha en diversas carreteras del municipio de Puerto Asís se están presentando retenes y control armado por parte de estructuras del grupo autodenominado ‘La Mafia'».
PETICIONES AL ESTADO
Las ocho organizaciones pidieron al Estado que ante esta situación se investigue, juzgue y sancionen los hechos «que se presentan en un contexto de control territorial por parte de actores armados ilegales que difunden mensajes y acciones xenofóbicas y discriminatorias, mediante las amenazas y asesinatos contra ciudadanos venezolanos».
De igual forma que lo hagan en los casos de amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC en el Putumayo, para dar así cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla en 2016.
Pidieron además «atención humanitaria urgente» por la emergencia sanitaria que vive la región por el coronavirus, pese a que no hay casos confirmados allí.
EFE
