En el mapa del coronavirus en Colombia hay un nuevo punto rojo, el departamento del Chocó, donde este sábado las autoridades confirmaron el primer caso, el paciente cero que pone en alerta a un sistema de salud históricamente en estado crítico por la corrupción y el abandono.
El Ministerio de Salud confirmó que el contagiado es una mujer de 47 años que es tratada en su propia casa en Quibdó, la capital regional, y que está en estudio la manera como contrajo la COVID-19.
Situado en la región del Pacífico, el Chocó es el departamento con mayor índice de pobreza monetaria (58 %) del país, según el Departamento Nacional de Planeación; solo cuenta con seis hospitales de primer nivel (básico) para atender a 30 municipios y uno de segunda categoría (intermedio) para más de 530.000 habitantes.
Las 27 camas de sus tres Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), fundamentales en esta pandemia, no solo pertenecen al sistema de salud privado sino que además están permanentemente ocupadas.
EL RIESGO DE LA PANDEMIA
«Si no somos estrictos con las medidas (preventivas), con el paciente cero se nos desata un efecto dominó en el departamento», explicó a Efe la coordinadora del comité técnico creado para la contención de la pandemia, la médica Gloria Prado, magíster en Salud Global de la Universidad de Harvard (EE.UU.).
El comité prevé que tras el paciente cero, 227 personas se pueden contagiar en los primeros 15 días. De estos, 181 pueden presentar un cuadro clínico leve, 34 requerirían hospitalización y 11 serían críticos, para atención en UCI.
Según Prado, si no se siguen las recomendaciones de los expertos, «se estiman 90 días de pandemia para el Chocó» que alcanzaría un pico en el día 40, durante el cual «tendríamos unos 26.950 contagiados y 1.347 muertes».
Desde el 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso en Colombia, han sido confirmados 2.709 contagios y un centenar de muertos.
GRAVES ANTECEDENTES
La historia clínica del Chocó es de pronóstico reservado hace décadas. Su hospital principal, el San Francisco de Asís, en Quibdó, fue intervenido en 2007 y desde entonces atraviesa una grave crisis financiera por la que la Procuraduría General (Ministerio Público) ha sancionado a varios funcionarios acusados de corrupción.
Por si fuera poco, la región del Pacífico tiene la mayor concentración del país de enfermedades crónicas, como hipertensión, y el Chocó, por sus condiciones sociales, es un caldo de cultivo para la transmisión de otros males.
«Por estas características del departamento, nuestros requerimientos siempre van a estar muy por encima de nuestra capacidad instalada», explicó Prado.
La razón para la que el primer contagiado en el Chocó haya sido confirmado un mes después que en el resto del país puede ser que realmente no había casos o que la precariedad del departamento, que no tiene laboratorio de pruebas, retrasó la aparición.
Las muestras son tomadas por la Secretaría de Salud y es el Instituto Nacional de Salud (INS), en Bogotá, el que se encarga de procesarlas, pero con el cierre de los aeropuertos y la cuarentena «los resultados llegan con muchos días de retraso. Esto es una gran desventaja», denuncia Prado.
CORRUPCIÓN Y BUROCRACIA
Otro problema crónico es la falta de pago al personal sanitario, que suelen ser los últimos en recibir por la corrupción política reinante en el sector, no solo en el Chocó sino en todo el país.
Los médicos del hospital San José, en Tadó, municipio a unos 60 kilómetros de Quibdó, denuncian el constante atraso en salarios, vacaciones y primas, en algunos casos desde 2013.
El personal de la salud exige además a la administración el saneamiento de una deuda que asciende a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) y el mejoramiento de la deteriorada infraestructura.
El personero municipal de Tadó, Yirson Ledezma, explicó a Efe que estas demandas se pueden resolver si desembolsan unos recursos asignados al Chocó desde 2017 por medio del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), que sin embargo no han salido del papel.
Para evitar la liquidación del hospital San Francisco de Asís, el principal del departamento, el Ministerio de Salud le transfirió al Chocó hace tres años más de 13.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares).
«De ese dinero, 9.000 millones (unos 2,4 millones de dólares) eran para el hospital de Quibdó y el resto debía distribuirse entre las demás entidades hospitalarias», dice Ledezma, pero explica que la burocracia tiene paralizado el trámite para el resto del dinero.
ECONOMÍA INFORMAL O CUARENTENA
En las calles de Quibdó las actividades comerciales tienen por estos días el movimiento de un día normal a pesar de la cuarentena que rige desde el 25 de marzo en el país para contener la pandemia.
Quibdó es la ciudad colombiana con mayor tasa de desempleo (20,6 %) según el Gobierno, razón por la cual gran parte de sus habitantes vive de economías informales.
«Las medidas de restricción severas (como el aislamiento), sugieren resultados satisfactorios en el corto plazo para reducir la velocidad de transmisión del coronavirus, pero en una comunidad como la nuestra, en la que la mayoría vive de la informalidad, es muy difícil de acatar», agregó la doctora Prado.
Al respecto, el economista Juan Manuel Palacios dijo a Efe que «servicios como peluquerías, hotelerías y restaurantes», que junto con la minería son fundamentales en la economía del Chocó, dependen del movimiento diario «y en estos momentos se están viendo muy afectados».
«Las personas que trabajan con estos servicios muy difícilmente se van a quedar en las casas a esperar las ayudas del Gobierno», dice Palacios, porque en el Chocó la gente vive entre el dilema de conseguir qué comer o arriesgarse incluso a morir de COVID-19.
EFE
