*Texto escrito por Federico Corredor y Paula Martínez para Razón Pública
El sector financiero fue el ganador indudable de los últimos años en Colombia. Durante la crisis debería ser también el que más contribuye.
Las drásticas pero necesarias medidas de varios países para contener la propagación del coronavirus han afectado con dureza especial a sectores como el comercio, el turismo y el entretenimiento.
Pero en medio de esta emergencia, el sector financiero colombiano ha creado incertidumbre entre sus millones de usuarios y ha sembrado dudas sobre el cumplimento de la responsabilidad social que le corresponde.
Parte de la respuesta ante la crisis es el principio de solidaridad: todos aportan de acuerdo con su capacidad. Los trabajadores que pueden quedarse en casa deben hacerlo para reducir los contagios y para que aquellos que sí se ven obligados a salir tengan acceso prioritario al sistema de salud.
Los funcionarios mejor remunerados harán una contribución y las empresas están tratando de no hacer despidos masivos —un hecho que depende de los incentivos que ofrezca y coordine el gobierno para frenar sus pérdidas—.
Según cálculos del ministro de Hacienda, se necesitan al menos $7 billones para enfrentar los desafíos en salud pública y $2 billones más para atender a los más vulnerables. La preocupación es cómo soportar ese gasto, más todavía cuanto el recaudo tributario está disminuyendo: la deuda pública y la emisión monetaria serán entonces el recurso de última instancia.
La insuficiente respuesta de los bancos
Ahora bien, ¿cómo han aportado los bancos y en cuánto?
En esta coyuntura sin precedentes, aportar no es cobrar con intereses. En esta crisis todos perdemos un poco, pero los banqueros no han querido aceptar que ellos también deben perder —y no apenas sus ahorradores—.
El sistema financiero tiene la obligación de dar respuesta al usuario acerca de los servicios que ofrece, y es además una pieza clave para el desarrollo económico y social, especialmente en una coyuntura como la que vivimos.
El pánico causado por el virus dio pie a preguntas angustiosas sobre el pago de créditos y préstamos, así como acerca de los ahorros. Para lidiar con estas preocupaciones, los mercados financieros de cada país están tomando distintas medidas.
El sistema financiero en Colombia ha respondido con periodos de gracia para el pago de deudas, rebaja de intereses en tarjetas de crédito e inclusive congelamiento de pago de cuotas de créditos hipotecarios.
Pero los banqueros no han querido aceptar que ellos también deben perder —y no apenas sus ahorradores—.
Ahora bien, los periodos de gracia vienen acompañados de ajustes que implican un aumento de la deuda total y las reducciones en las tasas de interés de consumo no se corresponden con las que ha hecho el Banco de la República.
Mientras que la tasa del Banco (3,75%) está por debajo de la inflación, el promedio de tasas de interés para créditos de consumo se mantiene en 19% y para tarjetas de crédito pueden alcanzar en promedio 26%.
Hay una gran diferencia entre afrontar la crisis con medidas de muy corto plazo y ayudar a remediar los daños ocasionados por la inestabilidad económica que estamos viviendo.
Un sector sólido y en ascenso
El sistema financiero colombiano es uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años.
Pese a los desafíos que enfrenta, como la alta concentración y la aún baja bancarización del país, este sistema se ha consolidado a tal punto que es uno de los sectores más sólidos para afrontar la crisis.
Entre las causas o muestras de esa solidez se cuentan:
La alta solvencia de las entidades bancarias, que permite canalizar recursos hacia la inversión y el consumo de los colombianos.
Esto a su vez se refleja en el crecimiento acelerado del sector. En 2019, el crecimiento fue de 5,7%, 2,4 puntos por encima del PIB total para ese año. Este crecimiento se traduce en otras cifras, como las ganancias obtenidas durante ese mismo año, que sobrepasan los 13 billones de pesos.
En Colombia los márgenes de intermediación -o diferencia entre la tasa media de captación y la tasa de colocación- son bastante elevados.
Según el Banco Mundial, para 2018 este diferencial en Colombia era de 7,4 % -a comparar con el 1,5 % de Chile o el 2,6 % de Canadá -.
Los bancos han hecho poco para ayudar a resolver la crisis que estamos viviendo.
De hecho, países con niveles similares al diferencial de Colombia son Haití, con 7 % e Irak, con 7,6 % (dato de 2016). Esto muestra que el margen colombiano se parece al de países con ingresos más bajos y condiciones mucho más difíciles.
El sector financiero en Colombia está altamente concentrado. Según la Superintendencia Financiera, en diciembre de 2019 existían 5.516 oficinas ubicadas en todo el territorio nacional, de las cuales prácticamente el 40% pertenecen a tres entidades.
Otra manera de verlo: más de la mitad de las operaciones realizadas por los colombianos el año pasado ($8.194 millones en total), procedieron a través de Bancolombia, entidad que realizó operaciones por la suma de $2.715 billones.
Esta realidad perjudica al consumidor, en tanto le resulta difícil encontrar alternativas de mejor calidad o a un menor costo.
Aumentar la tributación
Las ganancias y solvencia del sector financiero, los altos márgenes de intermediación y los bajos niveles de tributación muestran que, en términos relativos, los bancos han hecho poco para ayudar a resolver la crisis que estamos viviendo.
En esta coyuntura es menester discutir la tributación al sector financiero por tres razones fundamentales:
Los impuestos a esta actividad ayudarían a recuperar los recursos públicos que el gobierno destinó a este sector durante su aguda crisis de 1999 y otros momentos o casos de salvamento de ciertos bancos.
Estos impuestos podrían contribuir reservas para atender crisis futuras o, en su defecto, la crisis actual si es que el sector llega a un estado crítico.
Las actividades financieras tienen un componente de riesgo por naturaleza, así que los impuestos podrían ayudar a reducir la probabilidad de comportamientos irresponsables que a su vez llevarían a otras crisis.
La devaluación del peso y la caída del precio del petróleo pusieron en evidencia cuán perjudicial resulta la negativa del gobierno a una reforma tributaria estructural, que permita tener un recaudo estable.
Colombia necesita recursos para enfrentar la pandemia, y para eso tenemos que contar con los sectores que aglomeran recursos y que tienen mayor capacidad de aportar durante la pandemia. Uno de esos sectores es, sin duda, el financiero.
Resulta entonces contradictorio que, en plena crisis sanitaria, con los mercados prácticamente paralizados, Asobancaria haya radicado una demanda ante la Corte Constitucional para tumbar el artículo de la reforma tributaria o la llamada “Ley de Crecimiento” que estableció la sobretasa transitoria en el impuesto de renta para el sector financiero. Aunque la demanda acabó siendo retirada, esto fue un acto de mezquindad inaceptable.
No puede olvidarse que esta crisis no es como la de fin de siglo, cuando el gobierno tuvo que rescatar al sistema financiero con la imposición del 2×1000 sobre las transacciones de los colombianos.
Esta crisis no viene del mercado bursátil, y aunque vayan a recibir el golpe de una recesión -igual que los demás sectores-, las entidades financieras están sólidas y capacitadas no solo para evitar la quiebra sino también para ayudarle al país.
Tomado de Razón Pública
