Una carrera de taxi desde la casa de Rosa Cuervo hasta la Unidad Hospitalaria de Metrosalud en Castilla vale $11.000. En tiempos de crisis, el salario que gana como jefe de enfermería no le alcanzaría para cubrir este gasto dos veces al día. Por eso su esposo la transporta. José Luis tiene 53 años, diabetes e hipertensión. Y, aunque conoce el riesgo que supone salir de casa, no imaginó que llevar a su esposa al trabajo lo contagiaría con un comparendo de $936.323.
“No sé cómo ni cuándo vamos a pagar esa plata”, expresó Rosa, quien tampoco sabe cómo se transportará hasta el trabajo en las próximas semanas. Tomar un bus no es una alternativa. Cuando ha intentado hacerlo, ha tardado más de una hora esperándolo. Y a eso se suma el temor de sufrir episodios de discriminación como los que se han presentado en diferentes lugares del país.
Desde que se anunció la cuarentena, había utilizado una carta que le dio el director del hospital, en la cual la autorizaba a transportarse en la moto de José, solo conducida por él porque ella no sabe manejar. Al mismo tiempo, había solicitado en la página web de la Alcaldía una autorización especial para que su esposo la pudiera llevar al trabajo, pero no había obtenido respuesta.
En vista de que, en cuatro retenes, los policías aceptaron la carta del director como autorización, José continuó llevándola al trabajo: no tenían otra opción. Hasta el pasado 14 de abril, cuando, a una cuadra del hospital, un policía de la estación de Castilla los detuvo y multó a José por estar en la vía pública un día en que no le correspondía el pico y cédula.
El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que la única autoridad del municipio que puede dar permisos especiales es la Alcaldía, y que José debía tramitar uno a través de la página web del Municipio. Pero la Alcaldía, a su vez, le reiteró al diario El Colombiano que “como entidad territorial no tenemos competencia para otorgar permisos o excepciones no enmarcadas en el Decreto 531 de 2020”.
¿Entonces? ¿Qué opción tienen los trabajadores de la salud que no tienen vehículo propio ni pueden costear el valor de un taxi? Pues bien, como respuesta a esta situación, dependencias de la administración municipal y del Área Metropolitana pusieron a disposición de las instituciones de salud 80 carros para transportar a su personal.
Sin embargo, Claudia Correa, auxiliar administrativa de la misma institución en que trabaja Rosa, asegura que los cupos son contados y no es fácil acceder a ellos. “Solo hay un carro en el hospital y somos más de cien empleados. El carro tiene rutas fijas, y ninguna pasa por mi sector. Los pocos que son llevados hasta la puerta de su casa son personas con cargos más altos, como médicos e internistas”.
A Claudia, por ejemplo, la podría llevar hasta el hospital su novio que tiene moto. Pero la solicitud de autorización que hizo en la página web de la Alcaldía fue rechazada: “la actividad no corresponde a una situación de fuerza mayor o caso fortuito”, reza la negativa.
“Es muy duro trabajar para pagar el taxi”, expresó Claudia, quien se está viendo obligada a pagar cada día $34.000 de transporte. Y no son las únicas: “muchas compañeras estamos en la misma situación de angustia”, aseguró Rosa. “Nos sentimos desprotegidas ante el virus, ahora también ante la Policía. ¿Cómo vamos a ir a trabajar?”.
Cara a cara con el virus
Cada noche, cuando Rosa llega a casa, su esposo y su nieto deben encerrarse en una habitación por una hora. En ese tiempo, ella lava su vestuario, toma un baño y desinfecta los lugares de la casa con los que tiene contacto. La atemoriza la idea de llevarles el virus: los implementos de bioseguridad son insuficientes en el hospital donde trabaja. Rosa explica que no hay un plan de bioseguridad establecido. “Las caretas son de mala calidad: mientras hacíamos un examen, a una compañera se le cayó al suelo. Las mascarillas n95 tienen una duración de 8 horas pero nosotras excedemos ese tiempo porque no hay suficientes. Y tampoco tenemos overoles: nos dicen que no son necesarios, pero vemos que entidades nacionales e internacionales sí los utilizan”.
Tomado de El Colombiano
