La Fiscalía colombiana abrió una investigación preliminar al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, por presunta corrupción en la asignación de créditos para garantizar la producción agraria durante la pandemia del coronavirus y que cayeron en manos de personas que los usan en actividades no productivas.
«Hay un aforado constitucional con noticia preliminar abierta y es el ministro de Agricultura», dijo este viernes el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa conjunta con el procurador, Fernando Carrillo, y el contralor, Carlos Felipe Córdoba.
El pasado 17 de abril, la Contraloría (tribunal de cuentas) alertó de que «cerca del 90 % de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas».
Las colocaciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasados, explicó entonces el organismo, superan los 6,1 billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares), de los cuales el 78 %, 4,8 billones de pesos (unos 1.200 millones de dólares) «han sido para los grandes beneficiarios».
«Los medianos productores han recibido 710.000 millones de pesos (unos 176 millones de dólares), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido 630.000 millones (unos 156 millones de dólares), suma considerada pequeña dentro de ese universo», añadió la Contraloría.
De igual forma mencionó que de los 226.000 millones de pesos (56,2 millones de dólares) colocados hasta el 8 de abril para la línea especial de crédito ColombiaAgroProduce, lanzada en respuesta a la emergencia por el coronavirus, «213.566 millones de pesos (unos 53 millones de dólares) han ido a grandes comercializadores y agroindustriales».
«A la fecha la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios», explicó la Contraloría.
Sin embargo, el organismo de control manifestó el miércoles que atendiendo su llamado, Finagro implementó «controles previos al acceso a los recursos de subsidio y otros posteriores para establecer que el destino que se le dé a los préstamos sea el indicado».
«Al mismo tiempo, se informó que créditos cercanos a los 33.000 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares) fueron cancelados, es decir los destinatarios solicitaron suspender los desembolsos», dijo el organismo.
EFE
