Un deslizamiento de 60.000 toneladas de basura en el vertedero de Doña Juana, el principal de Bogotá, provocó una emergencia sanitaria por los malos olores y la contaminación, principalmente, en las barriadas aledañas de Usme y Ciudad Bolívar.
«Lamento esta nueva injusticia con el sur de nuestra ciudad por el mal manejo del operador privado del relleno Doña Juana y la extensión irresponsable que le han venido dando. Este deslizamiento no fue de enormes proporciones, pero es una grave afectación a la salud de muchos», dijo en Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la emergencia que ocurrió en la noche del martes.
Entre tanto, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, manifestó su preocupación por «la contaminación adicional en la zona, por los olores, por los lixiviados que eventualmente se liberen y por los vectores, fundamentalmente mosquitos y roedores, que pueden generarse alrededor de este fenómeno».
El Relleno sanitario «Doña Juana» es el principal vertedero de Bogotá y a él llegan diariamente más de 6.200 toneladas de basuras.
CRÍTICAS AL OPERADOR
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que hace parte de la Alcaldía, criticó al consorcio CGR, operador privado del vertedero, por presuntas irregularidades en el servicio que presta a la ciudad.
«Desde febrero, la alcaldesa puso en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos las constantes irregularidades del concesionario CGR-Doña Juana y además expuso la necesidad de retomar la operación del Relleno por parte del Distrito para darle el manejo serio y responsable que necesita», dijo la UAESP.
El organismo manifestó que el lunes, la Alcaldía «denunció en un debate en el Concejo de Bogotá las fallas que se han encontrado por la deficiente operación del Doña Juana por parte del operador CGR y además informó sobre los procesos judiciales que en este momento se desarrollan por la operación del Relleno».
BOMBA DE TIEMPO
La Alcaldía aseguró que este deslizamiento «está lejos de tener las proporciones del ocurrido en 1997», cuando hubo un derrumbe de 1,2 millones de toneladas de basura, algunas de las cuales taponaron el río Tunjuelo, y Bogotá vivió la mayor emergencia sanitaria registrada hasta entonces.
Esa emergencia también provocó que quedaran expuestos residuos tóxicos como orgánicos, entre ellos tejidos, sangre y órganos; químicos, como medicamentos, e industriales, que contenían plomo y mercurio.
Por ello la UAESP aseguró que es «lamentable que los vecinos del relleno sanitario y los habitantes del sur de la ciudad se sigan viendo afectados de manera sistemática por la operación de este lugar como destino final de los residuos de la ciudad».
Sin embargo, hubo sectores que criticaron a la Alcaldía porque consideran que no hay claridad sobre los proyectos que tiene a corto y mediano plazo «para dar una solución al enorme problema de Doña Juana».
«Pedimos a la UAESP que nos den, de manera pronta, una explicación sobre esto. Ellos tienen que decirnos cuáles son los proyectos a mediano plazo», dijo el concejal Carlos Carrillo, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo.
En ese sentido, Manuel Sarmiento, que también hace parte de esa colectividad, dijo que el deslizamiento es «otra prueba del fracaso de las privatizaciones».
«Decían que los monopolios privados eran más eficientes para prestar los servicios públicos. Los hechos muestran que son muy eficientes para enriquecerse a costa de los derechos», criticó Sarmiento.
En 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia multó por 1.060 millones de pesos (unos 260.000 dólares de hoy) al consorcio CGR por fallos en la prestación del servicio de aseo.
EFE
