La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó esta semana a escuchar las versiones virtuales de miembros de la fuerza pública vinculados al caso que investiga por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como «falsos positivos».
Así lo anunció el alto tribunal, creado como parte del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC en 2016, que manifestó que en la primera diligencia virtual, realizada de esa manera por cuenta de la pandemia del coronavirus, participaron un «compareciente de la fuerza pública y su abogado, así como las víctimas y los representantes del Ministerio Público».
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.
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El tribunal señaló hoy que el miembro de la fuerza pública que compareció el lunes se conectó desde Popayán, capital del convulso departamento del Cauca (suroeste), y su abogado desde Bucaramanga, en Santander (este).
«Igualmente, participaron representantes legales de las víctimas en calidad de intervinientes especiales: desde Medellín, una abogada de la firma Javier Villegas Posada y desde Bogotá, una abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos», agregó la información.
El tribunal señaló que en la diligencia judicial estuvo además una víctima en la región Caribe, que preguntó a través de sus representantes y realizó una breve intervención al final de la diligencia.
«Se garantizó el acompañamiento psicosocial de la víctima, y se contó con la participación de dos representantes del Ministerio Público», añadió el tribunal.
Para el magistrado Óscar Parra, que presidió la diligencia, «el comienzo de estas versiones virtuales es muy importante porque las organizaciones de víctimas tenían diversas inquietudes sobre cómo iban a avanzar los ‘macro casos’ de la JEP durante esta emergencia sanitaria».
En ese sentido, anunció que ya fueron citados también dos exintegrantes del Batallón de Artillería No.2 La Popa, del Ejército, que están vinculados a ejecuciones extrajudiciales en Valledupar, capital del caribeño departamento del Cesar.
Por otra parte, la JEP explicó que 397 víctimas se han acreditado al caso de «falsos positivos» en ese alto tribunal y la Sala de Reconocimiento «ya ha recibido 219 versiones por parte de comparecientes de la fuerza pública en este caso».
En diciembre pasado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió a la JEP proteger 16 sitios de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas víctimas de los «falsos positivos».
En febrero, las autoridades completaron la exhumación de 54 cuerpos de una fosa del cementerio de Dabeiba, municipio del noroeste del país donde la JEP dijo en diciembre que podría haber más 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
EFE
