En medio de la pandemia, el Gobierno y las instituciones han estado trabajando sobre la marcha. La Fiscalía no ha sido la excepción y ha puesto en la mira la firma de contratos, la crisis carcelaria y la crisis humanitaria que efrentan algunos departamentos como el Cauca, en donde los grupos armados no han dado su brazo a torcer. En cuanto a la grave situación del Cauca, la entidad indicó ante la Comisión Segunda del Senado que ha tratado de ampliar su cobertura pero, para el fiscal general, Francisco Barbosa, no ha sido suficiente.
De acuerdo con las declaraciones del fiscal, “no puede ser posible que en un departamento con 40 municipios solo existan en 7 u 8 presencia de la Fiscalía y sólo tres tengan policía judicial”. Desde que comenzó la pandemia se han judicializado 129 supuestos integrantes de grupos ilegales entre miembros de ELN, clan del golfo y Caparros en el bajo Cauca. Sin embargo, la situación del departamento es grave: alertas de la Defensoría del Pueblo evidencian un recrudecimiento de la violencia en medio de la pandemia.
Desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria, la justicia suspendió términos y empezó a operar a media capacidad. Los temas urgentes como las investigaciones con personas detenidas o los procesos de excarcelación sí se están haciendo. La Fiscalía ha realizado hasta la fecha 15.560 audiencias virtuales. Pero en cuanto a este asunto, Barbosa indicó que también faltan cosas por hacer.
Según la Fiscalía, la pandemia de COVID-19 ha implicado la transformación de los delitos. Las diversas dinámicas criminales diferentes en cada territorio fueron “re-analizadas en tiempos de pandemia (…) Se han disminuido algunas dinámicas como el homicidio, pero con la pandemia han surgido otras”, dijo el fiscal. Se refiere al aumento del 91% en la violencia intrafamiliar. La Fiscalía ha recibido 8.937 denuncias por este delito.
La vigilancia de los recursos para atender la emergencia del COVID-19 es otro asunto que ha mantenido al ente investigador atento en las últimas semanas. Barbosa indicó que en las próximas dos semanas se dará un segundo informe después de descubrir presuntas irregularidades en sobrecostos y despilfarros en la contratación durante la pandemia, junto con la Procuraduría y la Contraloría. El fiscal aseguró que se han revisado 3.000 contratos revisados y que 14 procesos relacionado con este tema están siendo llevados ante la Corte Suprema.
Las investigaciones incluyen al ministro de agricultura Rodolfo Zea y 11 gobernadores. “No es aceptable que cualquier funcionario sea tan miserable de apropiarse de los recursos en el marco de esta pandemia”, dijo Barbosa. Por irregularidades en la celebración de contratos, ya han sido sancionados tres Gobernadores: Ariel Palacios Calderón, Gobernador de Chocó; Facundo Castillo, gobernador de Arauca y Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío.
Tomado de El Espectador
