Duvis Wouriyu tuvo que pedalear 13 días desde Bogotá para llegar en bicicleta al corregimiento Paraguachón, en La Guajira. El 14 de abril, a las 3:45 de la mañana, Wouriyu emprendió la travesía en compañía de su hermano Jaider Ituana, su primo Cásar Iguarán, su cuñada Esmeralda Echeto y la esposa de su primo, Angie Arriechi. “Tomamos la decisión por falta de ayuda del Gobierno. Estábamos encerrados, no teníamos trabajo, comida, ni techo”, afirmó.
Compraron las bicicletas un día antes en el barrio Las Cruces de Bogotá. Las cinco les costaron $300.000 y, aunque eran de segunda, aguantaron el viaje. Algunos vendieron sus celulares para poder reunir el dinero y como no tenían dónde llevar sus cosas, hicieron con madera una parrilla improvisada en la que cargaron ropa y comida para el camino: 10 libras de maíz tostado que prepararon con anticipación.
Se fueron de Bogotá porque en el marco de la cuarentena y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno ante la emergencia del coronavirus, se quedaron sin posibilidades de subsistir en la capital. Con todo lo que implicaba, resultaba más factible volver a su comunidad. De acuerdo con Jairo Montañez, representante de los wayuu en Bogotá, al menos 30 familias, de las 165 que tienen identificadas, han retornado a su territorio durante la cuarentena; sin contar con las que no tienen en el radar o que no están registradas como la población wayuu venezolana.
Montañez asegura que hasta ahora solo les han entregado 42 mercados a las víctimas wayuu por parte de la Alta Consejería. “Otros están pasando por la misma situación que Duvis, los han desalojado, los sacan a la calle con sus hijos. Algunos viven en pagadiarios y aunque les pongan comparendos deben salir porque necesitan pagar, no tienen otra opción, casi todos viven de la informalidad. En total hemos reubicado nueve familias, los demás se han ido porque no hemos podido ayudarlos”, dijo. Señala que con iniciativas propias buscan reunir fondos para apoyar a los indígenas en Bogotá.
Anibal Paz, por ejemplo, un wayuu que vive en Bosa y que llegó en diciembre buscando oportunidades, cuenta que con la cuarentena el restaurante en el que trabajaba como mesero tuvo que cerrar y no tiene ahora cómo pagar el arriendo del lugar en el que vive ni cómo sobrevivir en la ciudad. “Unas comunidades están pensando en irse como puedan, otras ya se han empezado a ir, porque acá, si no los mata el virus, los va a matar el hambre”, comentó María Violet Medina del pueblo nasa, integrante de la Mesa de los Pueblos Indígenas Víctimas del Conflicto Armado. Ella estima que aproximadamente el 10 % de las 1.819 familias indígenas que viven en Bogotá han migrado a sus territorios y otro 50 % está considerando retornar.
“Según la Subdirección de Asuntos Étnicos, no cumplimos con los lineamientos para ser considerados población en riesgo, aunque hay una sentencia que dice que sí lo somos”, afirmó Montañez al sostener que se han sentido discriminados como pueblo wayuu al no ser vinculados en los espacios de discusión y realización de políticas públicas.
“Los kankuamo, coreguaje, cubeo, wayuu y embera no hacen parte del Consejo Consultivo 612 en el que se concerta la política pública indígena. El señor Horacio Guerrero (Subdirector de Asuntos Étnicos) ha venido desconociendo que estos pueblos tienen un proceso político organizativo con sus comunidades”, aseguró Medina al señalar que si bien hacen parte de la Mesa de Víctimas, también deben ser incluidos en el Consejo, porque cumplen con los requisitos: tienen autoridades tradicionales o representantes, hablan lengua materna y conservan sus costumbres.
Sin embargo, de acuerdo con Horacio Guerra, subdirector de Asuntos Étnicos, sí se han entregado ayudas y se han priorizado con las autoridades indígenas a 2.300 familias: “Les hemos entregado más o menos dos mercados y este fin de semana se realizará otra entrega”, enfatizó explicando que el tema de arriendos no es competencia de la Subdirección, pues quienes son víctimas, siendo indígenas, son atendidos por la Unidad Nacional de Víctimas y la Alta Consejería para las Víctimas.
Guerra precisó que en el Consejo Consultivo están los pueblos que hace mucho tiempo viven en Bogotá, y que para que estos cinco sean incluidos, debe haber un proceso de concertación interna que se le notifica al Distrito. Añadió que no se están priorizando las comunidades que están en el Consejo y que no hay ningún tipo de discriminación.
La Alta Consejería para las Victimas afirma que en abril se entregaron 1.739 mercados a 18 comunidades indígenas en Bogotá. En cuanto a vivienda, solo la población embera ha recibido apoyo, la Alta Consejería manifiesta que ha generado acciones encaminadas a garantizar albergue, arriendo, atención en salud y alimentación a 108 personas de 33 familias.
Wouriyu prefirió pedalear hasta La Guajira que quedarse en la capital. Llegó con sus familiares a Bogotá en enero pasado en busca de mejores oportunidades: “Aquí en La Guajira lo que hay es corrupción, una cosa es lo que dicen las autoridades que hacen y otra cosa es lo que uno vive. La situación está difícil para todos: agua, comida, trabajo. Hay personas que no tienen nada que comer y otros que comen una sola vez al día”.
Ismenia Iguarán, lideresa wayuu en La Guajira, dice que muchos indígenas se ven obligados a migrar por la falta de recursos y oportunidades en el departamento. La escasez de agua, comida y el abandono estatal se evidencia en la desnutrición que causa la muerte de muchos niños, y que para Iguarán aumentó con la llegada del coronavirus: “El confinamiento ha empeorado y visibilizado la problemática estructural que tiene el pueblo wayuu”.
Duvis Wouriyu dice que disfrutó el viaje, recuerda las horas en las que pedaleó, los paisajes y las paradas en el camino. Él se siente feliz de estar en casa, sin embargo reconoce que en su territorio las oportunidades son limitadas y espera volver de nuevo a la capital. También hace un llamado al Gobierno nacional, del que no recibió apoyo en Bogotá y al que sigue necesitando en La Guajira, porque el hambre no les da tregua y en este momento de crisis su familia y la de miles de indígenas en el país necesitan apoyo.
Tomado de El Espectador
