La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a 20.000 afrocolombianos en el «Caso 04» que investiga los hechos del conflicto armado ocurridos entre 1986 y 2016 en la región de Urabá, que abarca parte de los departamentos de Antioquia y Chocó, informó este viernes ese tribunal.
La Sala de Reconocimiento de la JEP vinculó al proceso a los Consejos Comunitarios (personas jurídicas que administran tierras de propiedad colectiva) del Río Curbaradó (Chocó); Los Manatíes, Puerto Girón y La Larga Tumaradó, estos tres últimos en Antioquia.
«La acreditación colectiva permite a las víctimas ser reconocidas dentro de los procesos judiciales que se adelanten del caso, aportar pruebas e interponer recursos, presentar sus observaciones a las versiones de los comparecientes y ser informadas del avance de las investigaciones y de los procesos», explicó la JEP.
El «Caso 04», que fue abierto por la JEP el 11 de septiembre de 2018, prioriza la situación territorial en esta región, por delitos presuntamente cometidos por miembros de la entonces guerrilla de las FARC y miembros de la fuerza pública.
La JEP es el organismo de justicia transicional creado tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en noviembre de 2016, para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
ACREDITACIÓN COLECTIVA
Sobre la acreditación del Consejo Comunitario del Río Curbaradó, compuesto por 24 comunidades y aproximadamente 14.798 personas, la JEP explicó que tuvo en cuenta «cómo estas comunidades se han visto afectadas por hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, masacres, delitos contra la libertad e integridad sexual».
También incluyó las lesiones personales, tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes; detención arbitraria y prolongada; trabajo forzoso; allanamientos, amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal; desplazamiento forzado y reclutamiento de menores de edad.
Además, «se denuncia vulneración de sus derechos fundamentales como pueblo afrocolombiano a la autonomía, a la consulta previa, a la integridad cultural y al territorio», agregó la JEP.
En el caso de los Consejos Comunitarios de Los Manatíes y Puerto Girón, integrados por 152 y 313 personas respectivamente, los hechos puestos a consideración de la JEP se remontan a los años 80 y se mantuvieron y agravaron con el tiempo hasta la firma de la paz.
Sobre el Consejo Comunitario de los ríos La Larga Tumaradó, integrado por 48 comunidades y aproximadamente 5.803 personas, la JEP se centró en los hechos ocurridos durante 1996 y 1998 cuando tuvo lugar en ese territorio la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presuntamente en coordinación con miembros del Ejército.
«Esta connivencia produjo varias afectaciones y violaciones a los derechos de las comunidades negras y afrocolombianas y a sus territorios», detalló el tribunal especial.
Producto de esas acciones, estas comunidades sufrieron una «ola de desplazamientos forzados que se presentó en las tres zonas que componen el territorio colectivo, por las acciones de violencia desplegadas por las AUC».
Con esta acreditación colectiva, las etapas procesales del «Caso 04» completan la participación de 35.174 víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes especiales en los procesos del tribunal de paz.
EFE
