La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) renovaron la carta de entendimiento que en 2018 se había firmado con el propósito de llevar a cabo acciones de colaboración y cooperación para fortalecer la capacidad institucional de la JEP.
Esta carta de entendimiento se firmó en el marco de las funciones del Mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos relativas al acompañamiento de la implementación del Acuerdo de Paz y del punto 5 referente a las víctimas.
Este viernes, tras una reunión virtual entre Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, y la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción, María del Pilar Bahamón, renovaron la firma de esta carta de entendimiento que mantiene las líneas de cooperación.
“Desde que firmamos en 2018 la primera carta de cooperación con la ONU DDHH, ha sido muy importante el respaldo político y apoyo técnico que nos han dado y su asesoría permanente a nuestras distintas salas y secciones», indicó Patricia Linares, Presidenta de la JEP.
“Para la Secretaría Ejecutiva es muy importante la renovación de la carta de entendimiento porque la ONU ha sido fundamental en territorio para desplegar nuestro mandado con las víctimas, comparecientes y la ciudadanía», destacó María del Pilar Bahamón, Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción.
“Nuestro compromiso con la JEP es un compromiso de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Muchas gracias por permitirnos caminar a la par de ustedes. Cada progreso de la JEP será un ejemplo para el mundo», expresó Alberto Brunori.
Desde el 2018 la Oficina de la Alta Comisionada ha prestado asistencia técnica a la JEP de la siguiente manera:
- A la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas sobre las normas y estándares internacionales aplicables al procesamiento de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la participación de víctimas.
- Asistencia técnica sobre normas y estándares internacionales sobre criterios de priorización y metodología de priorización y selección
- Apoyo a la articulación entre la jurisdicción especial indígena y la JEP.
- Apoyo al despliegue territorial de la JEP y al desarrollo de diálogos con actores institucionales y sociedad civil.
- Acompañamiento a la entrega de informes de la sociedad civil a la JEP y desarrollo de actividades de pedagogía para víctimas y sus organizaciones.
- Diálogos con procedimientos diversos órganos del sistema de Naciones Unidas.
