La posibilidad de reanudar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN parece extinguirse cada vez más. Ahora, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que incluyó a Cuba, país garante y sede de ese proceso de paz durante el Gobierno Santos, en su lista de países que no cooperaron en la lucha contra el terrorismo durante 2019. ¿El argumento? continuar acogiendo en la isla a la delegación de paz del ELN pese a la solicitud de extradición por parte del gobierno colombiano de varios de esos líderes insurgentes que integran la delegación.
«La negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para garantizar una paz, seguridad y oportunidades justas y duraderas para su pueblo», dice el texto del Departamento de Estado.
Tan pronto se conoció esa decisión, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le salió al paso en una declaración y aseguró que se trata de un espaldarazo a la posición que el Gobierno del presidente Duque ha asumido respecto a la estadía de la delegación del ELN en Cuba, que desconoce los protocolos que habían acordado esa guerrilla, el Estado colombiano y los países garantes en caso de la ruptura de la negociación. “Estados Unidos desconoce los protocolos. Es el mismo comunicado del Departamento de Estado el que soporta su decisión con base en la presencia de miembros del ELN en Cuba, que esa guerrilla ha querido justificar con esos protocolos”, reafirmó Ceballos en diálogo con Colombia2020.
El protocolo al que hace referencia el alto comisionado Ceballos es un documento de 11 puntos firmado el 5 de abril de 2016 por Frank Pearl, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, y Antonio García, jefe de la delegación de esa guerrilla; además de los países garantes, entre los que se encuentra, por ejemplo, Noruega. Entre otras, allí se acordó que, en caso de romperse la negociación, las partes y los países garantes contaban con 15 días para concretar el retorno a Colombia de los integrantes de la delegación del ELN. Se hablaba también del cese de operaciones militares durante 72 horas en las áreas en que se realizaran las inserciones de la delegación insurgente.
Es de recordar que tras el atentado de enero de 2019 a la escuela de cadetes General Santander, en Bogotá, cuya autoría se atribuyó el ELN, el Gobierno del presidente Duque desconoció ese protocolo y pidió en extradición al gobierno cubano a varios de los integrantes de esa delegación, entre ellos a Gabino, máximo comandante del ELN, y a Pablo Beltrán, integrante de la delegación. Desde entonces el gobierno del presidente Duque se ha mantenido firme en su posición de desconocer los protocolos, mientras el ELN, los países garantes y sectores políticos y diplomáticos han reclamado su cumplimiento, argumentando entre otras que es un compromiso de Estado y no de Gobierno. Sin embargo, la reciente decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos respalda la posición del gobierno colombiano.
Entre tanto, la delegación del ELN en Cuba tiene dos situaciones jurídicas distintas, de acuerdo con el alto comisionado para la Paz: por un lado, hay quienes presentan solicitudes de extradición, como en los casos de Gabino, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonel y Alirio Sepúlveda. Por otro, están quienes son solicitados a través de circular roja de Interpol, y que también hacen parte de ese equipo negociador.
Precisamente sobre esa situación, el pasado 27 de abril, en el mismo comunicado en que el ELN anunció que no prorrogaría el cese al fuego unilateral que sostuvo durante el mes de abril, esa guerrilla también aseguró que “es el momento que nuestra delegación retorne a nuestros campamentos con todas las garantías y condiciones de seguridad pactadas con el Estado colombiano, con la presencia de países garantes”. Un reclamo del ELN que hoy parece lejano cumplir por parte del Gobierno, que se afinca aún más en su posición respecto a esos protocolos.
La inclusión de Cuba en esa lista, así como la declaración que el alto comisionado Ceballos hizo de ese hecho, fue criticada por distintos sectores políticos y sociales que han defendido la salida negociada con el ELN. “Desafortunadamente, este gobierno no tiene interés en un acuerdo negociado con el ELN, lo cual nos deja un conflicto no resuelto que sufren comunidades en 120 municipios. Cuba sufre de una política de hostilidad de la cual el gobierno del presidente Duque participa. Estamos lejos de resolver ese conflicto”, dijo el analista Luis Eduardo Celis.
Por su parte, el comisionado Ceballos aseguró que es el momento de que el ELN tome la decisión de apostarle a la paz, lo cual quiere decir cumplir con las condiciones que le ha exigido el presidente Duque: cese inmediato del secuestro, liberación de todos los secuestrados, el cese del reclutamiento de menores y la entrega de esos menores a sus familias, y el cese de la instalación de minas antipersonal. Con respecto a eso, el alto comisionado sostuvo que el 31 de marzo, un día antes de que iniciara el cese unilateral del ELN, esa guerrilla secuestró a dos ex auxiliares de Policía de 20 y 22 años en la vía que conduce de Teorama a Ocaña en el Catatumbo, Norte de Santander.
Además, sostuvo que “si la decisión del ELN es genuinamente buscar la paz, la delegación que está en Cuba no debería ser obstáculo, siempre se puede nombrar otras delegaciones. Pero todo depende de si hay o no voluntad de paz”.
Tomado de El Espectador
