Más de 158.000 víctimas de desplazamiento y unas 82.600 hectáreas de tierra fueron abandonadas en los últimos 30 años de violencia en los Montes de María, una de las subregiones más golpeadas por el conflicto armado en el Caribe colombiano, reveló un informe publicado este jueves.
El estudio «Montes de María Bajo Fuego» detalla cómo grupos criminales, en complicidad con miembros de las fuerzas armadas y el Estado, ejercieron múltiples acciones violentas en esa zona para «mantener y profundizar la concentración de la tierra y dar paso a la industrialización del campo».
El documento, elaborado por al menos 150 personas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María y otras instituciones, fue entregado hoy al sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
«Estamos ante una realidad sagrada. (…) Quiero agradecer a todas las instituciones que participaron por la fuerza con que ustedes recogen el grito de tantas personas que murieron soñando que un día como hoy iba a ser posible», dijo De Roux durante un foro virtual.
Incidencia de los actores armados
Según el informe, a partir de la segunda mitad de la década de los años 90 con la llegada del paramilitarismo a la región y el apoyo de sectores estatales comenzaron las masacres y el desplazamiento forzado de campesinos.
La guerra con la antigua guerrilla de las FARC y actores del narcotráfico dejaron más de 158.000 víctimas y más de 82.600 hectáreas abandonadas por los campesinos por el terror que las acciones armadas sembró en ellos.
El documento también detalla cómo las FARC, que se consolidó entre 1987 y 2007 en este complejo ubicado entre los departamentos de Sucre y Bolívar, violentó a prósperos campesinos de la región acusándolos de apoyar al paramilitarismo.
A la guerrilla, que a mediados de los 90 fortaleció su actividad militar, se le adjudican «13 tomas de corregimientos de la zona y años después, hacia el 2001, realizaron el derribamiento de 50 torres de energía y sostuvieron más de 40 combates con el ejército».
El rol del narcotráfico y los paramilitares
Con la intervención de los paramilitares y su actuar amparado en las cooperativas de seguridad privada «Convivir», el conflicto en los Montes de María se complejizó y agudizó.
De acuerdo con el documento, «entre 1996 y el 2001 los paramilitares ejecutaron más de 70 masacres contra campesinos de los pueblos y veredas, que arbitrariamente consideraban eran supuesto apoyo de la guerrilla».
Este accionar fue cometido de la mano de instituciones del Estado local y regional, en conjunto con los clanes familiares representativos de las élites de poder de la región y ligados al narcotráfico.
Sobre el rol del narcotráfico, el informe plantea que el cultivo de plantas de uso ilícito no fue la causa directa del enfrentamiento de los grupos armados en los Montes de María porque en esa región no se produjo una siembra extendida y porque las FARC no hizo parte del negocio en esa zona.
Sin embargo, el tráfico de drogas sí fue fundamental en el conflicto porque se convirtió en el combustible de la acción paramilitar en la región.
Culpabilidad del Estado
El informe también señala que el Estado colombiano no cumplió con su misión de protección y garantía a los sectores victimizados, sino que por el contrario «tuvo responsabilidades directas por acción u omisión».
Según el documento, hoy todavía persisten acciones violentas heredadas por grupos armados que «a través del negocio del narcotráfico, siguen sembrando violencia en la región y revictimizando a sus pobladores».
«Continúa la neblina de la guerra en los territorio. Hoy las víctimas están esperando una institucionalidad comprometida para responder como sistema. La paz es un compromiso humano de acciones colectivas», dijo Miguel Miranda, delegado de las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María.
Sobre la pertinencia del estudio, el sacerdote Francisco de Roux afirmó: «Ustedes (las víctimas) saben en sus cuerpos, en el dolor de sus tierras y en la huida de las familias que fueron sometidas a la violencia, y hablan desde allí. Tienen una autoridad moral que nadie más tiene en Colombia».
Tomado de El Espectador
