Este 25 de mayo se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, pero también se cumplen 20 años de los crímenes de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima, y de la impunidad casi completa que ha reinado en su proceso.
Bedoya Lima, quien trabajaba como periodista del diario ‘El Espectador’, venía publicando informes sobre el control que tenían los paramilitares en La Modelo y los enfrentamientos con los guerrilleros de las Farc, que trasladaron la violencia y el conflicto a ese penal.
El 25 de mayo del 2000 llegó a la puerta de la cárcel para una entrevista a la que la había citado Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero. Pero la cita era una trampa. Desde la puerta de la prisión Bedoya fue intimidada por un hombre armado, quien la condujo a una bodega cercana a la cárcel.
Más tarde, la periodista fue subida a un vehículo que tomó ruta a Villavicencio y en el trayecto fue víctima de tortura, maltrato y abuso.
Por una década, su caso estuvo casi completamente quieto, hasta que en 2012, tras un cambio de fiscal, al proceso fueron vinculadas las únicas tres personas que han sido condenadas hasta ahora, los exparamilitares Alejandro Cárdenas, ‘J. J.’ y Jesús Emiro Pereira Rivera, ‘Huevoepizca’, condenados a 30 y 40 años de cárcel, respectivamente, y el ‘Panadero’, sentenciado a 28 años de prisión.
Aunque ya han pasado 20 años desde el crimen, estas condenas siguen siendo el único avance concreto en este caso. Y gran parte de los avances que se han logrado hasta ahora se deben a la persistencia de la víctima y sus abogados.
“Creo que el tema de la justicia ha sido una de las peores cargas que he tenido que afrontar en estos 20 años. No solamente es la agresión del 25 de mayo y las amenazas que siguieron, sino un gran sinsabor por la falta de justicia. Creo que eso ha contribuido a que no pueda pasar la página definitivamente y a que tenga que estar en un estado de revictimización constante”, expresó Bedoya, quien hoy lidera la campaña No Es Hora De Callar, contra la violencia sexual y de género, la cual ha recibido los más importantes reconocimientos nacionales y en el exterior.
Respecto a la lentitud de los avances en el proceso judicial, Pedro Vaca, abogado de la periodista y director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), explicó que del expediente del caso se puede extraer que en el hecho habrían estado involucradas por lo menos 25 personas, entre autores materiales y determinadores, de las cuales solo se ha logrado judicializar a tres de los autores materiales. Pero en el caso de los autores intelectuales y cómplices son pobres los avances.
El abogado indicó que las investigaciones muestran que hubo colaboración de agentes del Estado, como miembros del Inpec, Policía y Ejército, pero hasta ahora solo se ha llamado a indagatoria al dragoneante Marco Javier Morantes Pico, guardia que atendió a la periodista en la puerta de la cárcel minutos antes de su secuestro.
Han transcurrido más de 3 años desde esa indagatoria y la Fiscalía no ha proferido una resolución de acusación que lo lleve a juicio.
El otro avance en cuanto a autores intelectuales se dio en mayo del año pasado, cuando en la condena de ‘J. J.’ y ‘Huevoepizca’, el juez del caso compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue al general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, quien era director de la Dijín y ha sido mencionado en versiones como alguien que sabía del plan de los paramilitares contra Bedoya.
Pero un año después, el ente acusador sigue sin llamar al general (r) Gallego, dijo Vaca, quien añadió que la Fiscalía argumentó que como la sentencia había sido apelada, la compulsa de copias no estaba en firme. “Ese argumento carece de sustento legal, la compulsa de copias es una orden del juez que no es objeto de recursos. La Fiscalía ha presentado retrasos injustificados en la vinculación de Gallego Castrillón a la investigación”, sentenció.
La inefectividad de la justicia en este caso ha sido tan alta que en julio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó ante la Corte IDH al Estado colombiano por el secuestro y violación de la periodista, lo que significa que la Nación enfrentará un juicio en ese tribunal.
“Poder tener el caso en la Corte Interamericana es el resultado de haberle entregado mi vida a buscar justicia. Esto sienta un precedente a nivel hemisférico, tanto para la libertad de prensa como para las víctimas de violencia sexual, pero sobre todo abre una vía para que miles de personas puedan encontrar un camino diferente a la impunidad que reina en Colombia”, indicó Bedoya.
Su caso es el primero de violencia sexual en el marco del conflicto que llegó a la Corte IDH, y puede permitir que otras víctimas busquen allí la justicia que no han tenido en Colombia. Y en esto, las cifras son desalentadoras.
Un documento que la Fiscalía preparó este año para la Corte Penal Internacional, sobre las investigaciones por casos de violencia sexual en el conflicto, muestra lentos avances. La Fiscalía se refirió a casos priorizados por la Corte Constitucional en autos proferidos desde 2008, en los que se documentan más de 5.000 víctimas de violencia sexual. Según el informe del ente acusador, por esos hechos apenas hay 11 sentencias en ejecución de penas.
Y se estima que en el país hay más de 31.900 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, según el Registro Único de Víctimas.
Debido a la coyuntura por la covid-19, el caso de Bedoya en la Corte IDH ha tenido algunos retrasos, pero se espera que a finales de este año o comienzos del siguiente se realice la audiencia pública que da inicio al juicio.
“Para mí llegar a la Corte indudablemente es el cierre de una tragedia que no solamente se limitó a la agresión del 25 de mayo, sino que ha sido constante durante todos estos años por la impunidad y la revictimización. Creo que estar en la Corte va a ser definitivo, independientemente del resultado, para poder dar un paso más en lo que yo decidí hacer, que es visibilizar la violencia sexual en Colombia y en otros países”, concluyó la periodista, quien, sin abandonar su labor periodística, apoya a las mujeres víctimas de estos delitos que hoy, como ella, son unas sobrevivientes de la guerra en el país.
No hay sentencias por masacres en La Modelo
El 27 de abril del 2000 tuvo lugar una masacre que marcó la historia del sistema penitenciario del país. Durante aproximadamente 38 horas hubo una batalla a sangre y fuego en la cárcel La Modelo de Bogotá que dejó 32 presos muertos y 17 heridos.
Esa fue solo una de las acciones armadas en el penal entre 1999 y 2003, cuando, según registros, hubo más de 300 muertos y por lo menos 100 desaparecidos.
No obstante las denuncias y el trabajo de la periodista Jineth Bedoya, estos casos también siguen sin responsables.
Según ha dicho la Fiscalía, el primer enfrentamiento en La Modelo fue el 8 de diciembre de 1999; la pelea dejó 11 muertos y 7 heridos. Al año siguiente fue la masacre del 27 de abril, y en julio del 2001, dos enfrentamientos dejaron 10 personas muertas y 23 lesionadas.
Los enfrentamientos eran entre los paramilitares, que estaban en el ala sur del penal, y los guerrilleros de las Farc, detenidos en el ala norte. Las investigaciones penales se iniciaron gracias a versiones de varios exparamilitares en Justicia y Paz.
En esas versiones se conoció que a la cárcel eran llevadas personas que tenían deudas y, si no las pagaban, las dejaban encerradas varias semanas o eran desaparecidas a través de túneles y alcantarillas. Dentro del penal también se realizaron extorsiones, secuestros extorsivos y torturas.
La hipótesis del ente acusador es que funcionarios de la cárcel no solo conocían de los atroces crímenes, sino que presuntamente habrían colaborado en ellos a cambio de dinero. No obstante, por el infierno que vivió La Modelo aún no hay condenas.
En 2018 la Fiscalía acusó por concierto para delinquir y homicidio a William Gacharná Castro, subdirector de la cárcel en ese periodo, el caso estaba en etapa preparatoria de juicio, pero el año pasado pidió cupo en la JEP. Además, en septiembre del 2019 fue llamado a indagatoria el general (r) Fabio Campo Silva, quien fue director general del Inpec entre el 16 de febrero del 2000 y el 6 de julio del 2001.
Junto con él también fueron llamados a indagatoria el mayor (r) Jaime Gallo Zuleta, asesor externo del Inpec entre 2000 y 2001; el coronel (r) Luis Bernardo Maldonado Bernate, subdirector del Inpec entre el 20 de abril de 1999 y el 5 de julio del 2001, y el director de La Modelo entre el 5 de noviembre de 1999 y el 6 de julio del 2000, Reinaldo Fierro Rico.
Tomado de El Tiempo
