El sur de Bolívar y el Bajo Cauca de Antioquia en Colombia arrastran un historial de vulneración de derechos humanos que se ha profundizado durante el confinamiento obligatorio por el coronavirus, denunciaron este miércoles voceros de las comunidades de esas regiones.
«La incertidumbre, la estigmatización, las persecuciones, las desapariciones y las muertes siguen evidentes», advirtió Narciso Beleño, líder de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, durante la presentación del informe de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa Por la paz (Cinep/PPP).
En 2019, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP visibilizó 1.414 casos de Violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violencia político-social.
Según el informe, gran parte de estas violaciones se concentraron en el Cauca (302), Valle del Cauca (115), Chocó (73), Bogotá (71), Norte de Santander (61) y Antioquia (56).
«Para nosotros la pandemia ha sido una situación muy difícil. Nuestras comunidades se encuentran en alta vulneración de derechos humanos porque a pesar de la militarización que hay en nuestros territorios se sigue dando el fenómeno del paramilitarismo», denunció Vanesa Álvarez, del Comité Jesús María Valle de Antioquia.
Las denuncias indican que los responsables de las vulneraciones de DD.HH. fueron grupos paramilitares que operan en la zona, integrantes de la Policía y miembros del Ejército Nacional; mientras que las violaciones al DIH fueron achacadas a guerrillas como la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares.
«El paramilitarismo sigue siendo la pandemia más mortífera en Colombia. El coronavirus ha matado 727 personas en dos meses, los paramilitares han matado 820 en un mes», aseguró el sacerdote jesuita Alejandro Angulo.
De acuerdo con el documento, las poblaciones más vulnerables en los convulsos territorios del país son campesinos, indígenas, personas de la comunidad LGBTIQ, obreros, reclamantes de tierra, integrantes de mesas de víctimas y opositores a megaproyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos.
CRÍMENES IMPUNES
Durante 2019, el Cinep documentó 522 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como «falsos positivos», y asesinatos, así como 1.017 amenazas, 356 víctimas de lesiones personales y 85 torturas.
El informe detalla la crítica situación de los líderes sociales en el país, 82 de ellos asesinados durante el periodo analizado, 102 amenazados y otros 57 víctimas de atentados.
«Lo más lamentable es que no hay ninguna autoridad que asuma con celeridad las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos», cuestionó Beleño, quien también denunció la represión de las empresas del sector minero hacia las comunidades del sur del Bolívar.
Según el Cinep, muchos de los crímenes divulgados siguen en completa impunidad, pues los autores de violaciones político-sociales generalmente no son identificados.
«Cuando esto no se conoce, lo que ocurre es que se cubre y se blinda a todos los victimarios, y motiva muchas veces la continuidad de los crímenes», dijo sobre la pertinencia del informe el director general del Cinep/PPP, Luis Guillermo Guerrero.
El documento presentado aclara que normalmente la identidad de los victimarios responde a «hombres armados, encapuchados, sujetos en motocicleta o simplemente desconocidos».
«¿El sistema de la justicia sí es eficiente en Colombia? Hay una apariencia, tenemos palacios de justicia y tenemos jueces, pero lo que hemos escuchado es que los crímenes quedan impunes», se preguntó el sacerdote Angulo.
EFE
