A la orden de captura que emitió la Fiscalía contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por supuestas irregularidades en contrataciones en el 2005, se le suma la judicialización de otros 15 mandatarios locales en lo que va corrido de 2020.
El pasado 3 de junio se le imputaron cargos a Luis Antonio Rhenals Otero, alcalde de Cereté, Córdoba, por irregularidades en la celebración de un contrato en el marco de la emergencia sanitaria.
Los hechos que se investigan tienen relación con un contrato por 500 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de 20.000 mercados para ser entregados a las familias afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
De acuerdo con la Fiscalía, el proceso de selección se llevó a cabo de forma irregular porque, al parecer, se simularon las ofertas y estudio de mercado con el propósito de que el contrato fuera asignado a la firma contratista Inversiones Surtioriente S. A. S.
Además, se registró la captura de dos alcaldes: Nelson Gómez, de Palocabildo, Tolima, y de Germán Herrera, de Guaduas, Cundinamarca, quienes en audiencia de imputación no aceptaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por la supuesta irregularidad en la celebración de contratos por la emergencia sanitaria.
El juez decidió que ambos alcaldes cumplirían con la medida de aseguramiento impuesta en sus lugares de residencia.
Al tiempo, la Fiscalía pidió audiencia de imputación de cargos contra otros siete mandatarios locales: José Manuel Ríos, de Armenia, Quindío; Rummenigge Monsalve, de Malambo, Atlántico; Claudia Luz Alba Porras, de Socorro, Santander; Luis Alberto Balcero, de Calarcá, Quindío; Jhon Jaime Ospina, de San Pedro, Valle; Jorge Iván Vásquez, de San Antonio, Tolima, y Rafael Antonio Ospina Toscano, de Coveñas, Sucre.
Otros mandatarios judicializados
Aunque el común denominador ha sido la judicialización de los mandatarios por contratos irregulares en el marco de la emergencia sanitaria, no ha sido la única razón.
El pasado 18 de mayo, la Fiscalía le imputó cargos a Hernán Flórez Cuellar, alcalde de Morelia, Caquetá, por la celebración irregular de tres contratos de compraventa que fueron firmados cuando se desempeñó como alcalde del mismo municipio en 2010.
El primero de los contratos se trataría de un acuerdo de compraventa que celebró el mandatario local el 16 de diciembre de 2010 y recae sobre del predio El Palmar, ubicado en la vereda El Paraíso, de Morelia, de 65 hectáreas, por valor de $ 196’875.000.
El segundo se celebró el 16 de diciembre de 2011 y recae sobre el predio El Jazmín, de 20 hectáreas y ubicado en la misma vereda, por valor de $ 59’940.000.
A finales de ese mismo mes, el 28 de mayo, condenaron a Daniel Ricardo García Castillo, alcalde electo para el período 2020 a 2023 de Valle de San Juan, Tolima, a cuatro años y medio de cárcel luego de lograr un preacuerdo de la Fiscalía y aceptar los cargos por concierto para delinquir en concurso con corrupción al sufragante agravado.
Al exmandatario se le impuso una multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas. El juzgado dispuso que cumpliera su condena en su lugar de residencia. Fue procesado por irregularidades para ser elegido.
El 29 de abril se le imputaron cargos a Jesús Antonio Giraldo Vega, alcalde de Líbano, Tolima, por hechos sucedidos en 2012, cuando se desempeñaba en ese mismo cargo, porque, según la Fiscalía, al parecer se presentaron irregularidades en el convenio firmado a finales de ese año para la implementación y formulación del Plan de Acción Territorial (PAT).
A Giraldo Vega se le imputaron los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión, cargos que no fueron aceptados.
A finales de abril, la Fiscalía le imputó al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, cargos por falsedad ideológica en documento público en calidad de autor. El funcionario se declaró inocente.
Los hechos, públicamente conocidos, que se investigan tienen que ver con el ingreso de López, el 14 de marzo, a la Casa de Nariño, y al diligenciar una planilla omitió informar que había estado en el exterior en los últimos 10 días.
Otro imputado, en marzo de este año, fue Donaldo Ortiz Cadena, alcalde de San José de Miranda, Santander. El ente acusador evidenció que se habrían presentado irregularidades en la licitación pública n.° 002 de 2006 —momento en que Ortiz Cadena fungía en este mismo cargo— y que culminó con la contratación para la optimización del acueducto de San José de Miranda.
Sin embargo, según la Fiscalía, se encontró que el municipio no goza de dicha infraestructura pese a que hubo una prórroga del contrato hasta el año 2010. El mandatario local no aceptó los cargos.
Tomado de El Tiempo
