La historia del contrato que hoy tiene suspendido y con medida de aseguramiento domiciliaria al gobernador Aníbal Gaviria Correa se remonta al 14 de octubre de 2005 cuando se abrió el proceso licitatorio para el mejoramiento y la pavimentación de la bautizada Troncal de la Paz, tramo la Cruzada (Remedios)-Caucasia, vía que conecta a las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.
A la licitación se presentaron seis propuestas y finalmente la obra fue adjudicada el 19 de diciembre de ese año al Consorcio Troncal de la Paz, integrado por Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte. El contrato (2005-CO-20-335) se firmó tres días después entre la entonces secretaria de Infraestructura Física de Antioquia, Margarita María Ángel Bernal, y José Ignacio Narváez Mora, apoderado de los Solarte. Se contrató por $41.663 millones y un plazo de 26 meses.
En el escrito de la Fiscalía que decidió el aseguramiento y en las respuestas del mandatario se advierten cuatro puntos de litigio, los mismos que detallamos a continuación. El ente acusador lo señala de haber incurrido en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros.
- El anticipo
En la cláusula octava del contrato las partes acordaron que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, la Gobernación otorgaría un anticipo, dejando abierta la posibilidad de que si lo consideraba conveniente para el buen desarrollo durante la ejecución contractual podría conceder otros anticipos.
¿Qué dice la Fiscalía? “Se pactó inicialmente un anticipo de 25 % y luego se amplió a 29 %, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”, leyó el viernes el fiscal General Francisco Barbosa.
¿Qué respondió Gaviria? En un comunicado emitido el lunes, dijo al respecto: “que en el contrato se pacte pagar un anticipo superior en un 4 % a lo dicho en los pliegos no es delito, ni es irregular, pues en el documento se pueden hacer modificaciones no sustanciales a lo dicho en los pliegos”.
2. La garantía
El siguiente punto de debate es la garantía contractual. Según la Fiscalía, el 23 de diciembre de 2005, el consorcio constituyó una garantía única con Seguros del Estado S.A., sucursal Bogotá.
De acuerdo con registros de los Sistemas de Información de la Secretaría de Infraestructura, ese mismo día se pagó un anticipo por valor de $10.239 millones.
¿Qué dice la Fiscalía?: “Se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos”.
¿Qué respondió Gaviria? Sobre la garantía dijo: “el contrato siempre tuvo las pólizas de ley y estas fueron aprobadas como consta en el acta de inicio. El contratista cumplió el contrato y la Gobernación no acudió a la ejecución de pólizas. Además, el Gobernador de Antioquia no tiene dentro de sus funciones aprobar pólizas”.
Sobre la compra de la maquinaria, añadió: “es cotidiano que los contratistas compren maquinaria con el anticipo para ejecutar la obra. En esto no hay ninguna irregularidad y menos de carácter penal. El contratista amortizó 100% del anticipo según lo previsto en el contrato y en la ley. Además, la supervisión de la buena ejecución del anticipo la realizó la interventoría y en este tipo de actuaciones los gobernadores no participan”.
El acta de inicio que mencionó el gobernador fue firmada el 2 de febrero de 2006 en Caucasia. En el documento aparecen las firmas de Gaviria, la secretaria Ángel Bernal, además de Luis Fernando Solarte Viveros, representante legal del contratista, y de Fernando González Villa, representante legal suplente de la interventoría.
En el numeral tres del acta dice que el contrato fue registrado el 22 de diciembre de 2005 y que el abogado de la Secretaría de Infraestructura aprobó la garantía única de cumplimiento.
Según reseñó el diario El Colombiano, el 3 de febrero de 2006 se celebró el acto de inicio de las obras. “Será una gran alternativa para la comunicación entre el centro y el occidente del país, con la costa norte y más si se tienen en cuenta las recurrentes dificultades en la vía Troncal Occidente, entre Yarumal y Valdivia”, dijo ese día Gaviria.
3 y 4: adición y otrosí
El 8 de noviembre de 2007 se firmó una adición al contrato 2005-CO-20-335 para ampliar el objeto y pavimentar 1,6 kilómetros (desde el K 0+000 al K 1+000 y del K 13+000 al K 13+600) correspondientes a los sectores Zaragoza-Escarralao y Caucasia-Nuevo Oriente. El costo de la adición fue de $3.995 millones ($831 millones para la pavimentación y $3.164 millones para garantizar el pago de mayores cantidades de obra). El documento fue firmado por la secretaria Ángel Bernal y por Luis Fernando Solarte.
El 27 de diciembre de 2007, finalmente, se pactó un otrosí por $16.334 millones para el diseño y la construcción del puente sobre el río Nechí, en el sitio Palizadas, para conectar la cabecera de El Bagre con la Troncal de la Paz. El plazo se prorrogó en 22 meses. El otrosí fue firmado por la secretaria Ángel Bernal y Carlos Alberto Solarte Solarte, representante legal suplente del consorcio.
La obra correspondió a un puente de 357 metros de longitud, 12 metros de altura, que cruza el río Nechí y conectó, después de 27 años, a El Bagre con la Troncal de La Paz. Antes los pobladores tardaban por lo menos media hora para cruzar de una orilla a otra.
“Con el puente La Libertad, El Bagre perdió su posición geográficamente marginal de toda su historia”, publicó el diario El Colombiano el 10 de octubre, en una nota titulada “Puente que parte en dos la historia de El Bagre”, el día de su inauguración.
¿Qué dice la Fiscalía? Afirmó que las dos adiciones “no habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública”. Sobre el otrosí, dijo: “se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador (…) Este último asunto debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original”.
¿Qué respondió Gaviria? “La ley señala que los contratos se pueden adicionar hasta en un 50 %; las adiciones realizadas no superaron este porcentaje. Con las dos adiciones se logró conectar los municipios de Zaragoza y El Bagre con la Troncal de la Paz. Estas dos adiciones que, repito, considero ajustadas a la ley, pertinentes y necesarias, tampoco las firmé, pues por competencia es una función que cumple la Secretaría de Infraestructura Física”.
Con las dos adiciones, que sumaron $20.329 millones, el contrato 2005-CO-20-335 costó $61.993 millones. Tuvo en total 47 actas de pago, siendo la última presentada para pago en septiembre de 2010. La resolución de liquidación del contrato se dio el 20 de diciembre de 2011.
La delegación, otro punto de litigio
Para la Fiscalía General, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aún cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. Gaviria respondió que dicha afirmación no era cierta, pues integró “robustos equipos de profesionales en la Secretaría de Infraestructura Física que transformé en 2004 (Decreto 2104 de 2004) y conformé el Comité Asesor de Contratación (Decreto 1319 de 2005), integrado por profesionales de las más altas calidades y experiencia, mediante el cual se ejerció la supervisión al contrato de la Troncal de la Paz y a todos los contratos celebrados por la Gobernación”.
Tomado de El Colombiano
