La última semana ha sido de pesadillas para Francisco Barbosa. Rayos y centellas han llovido contra el fiscal general luego de que el búnker ordenó la captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por un proceso de hace 15 años en el que aún no han probado los supuestos ilícitos cometidos. Esta medida, sumada a otras decisiones previas, ha desatado una fuerte controversia sobre la actual Fiscalía cuando esta apenas lleva cuatro meses de los cuatro años del periodo.
El fiscal ha tenido varias salidas en falso que lo han dejado sin la luna de miel del primer año, privilegio que sí tuvieron sus antecesores. Cuando Barbosa llegó al cargo tenía un elemento importante a favor y uno en contra. Por un lado, aunque no fuera penalista, que se tratara de un gran abogado académico, alejado del litigio, hacía pensar que no tendría los conflictos de intereses que se le presentaron a su antecesor Néstor Humberto Martínez. Pero al mismo tiempo, tenía el más grande de los conflictos de interés: él mismo se había presentado públicamente como el mejor amigo del presidente de la república.
La tradición en Colombia siempre había sido que los mandatarios buscaban que quedara en la Fiscalía alguien que les cubriera la espalda para cuando dejaran la Casa de Nariño. Después del retiro, no solo la opinión pública sino también el sucesor comienzan a verle lunares al Gobierno anterior. La Constitución de 1991, en busca de equilibrar los poderes, contempló que el presidente ternara al fiscal no para su periodo, sino para el del mandatario siguiente. Varias circunstancias rompieron esta práctica.
La primera llegó con la reelección de Álvaro Uribe, quien por durar ocho años alcanzó a ternar un fiscal para su segundo mandato. La segunda, cuando el Consejo de Estado declaró nula la elección de Viviane Morales. Su reemplazo, Eduardo Montealegre, para quedarse cuatro años y no el tiempo que le faltaba a Viviane, logró que ese tribunal cambiara el periodo de institucional a personal. Desde entonces los tiempos se desajustaron, y la renuncia de Néstor Humberto Martínez dos años antes de terminar su cuatrienio le dio a Duque la posibilidad de poner su propio fiscal.
El presidente, a su turno, rompió otra tradición: la de tratar de darle a la terna una apariencia independiente. Duque, sin pena, postuló a tres subalternos: Clara María González, su secretaria jurídica en Palacio; Camilo Gómez, jefe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; y por último, Francisco Barbosa, alto consejero de derechos humanos de la Casa de Nariño.
El fiscal Barbosa puede tener un pecado original en su nombramiento, pero es un hombre inteligente. Por eso ha sorprendido que en tan poco tiempo haya cometido tantas torpezas. Sus críticos se dividen entre los que creen que sus salidas en falso han sido errores jurídicos y los que consideran que han sido más bien políticos. En términos generales, tienen más razón los segundos. Muchas de las decisiones por las que a Barbosa le han dado palo tienen algún sustento jurídico; lo que las ha vuelto polémicas es la falta de manejo político y el exceso de espectáculo que las ha rodeado.
El caso más escandaloso ha sido el más reciente: la orden de captura con detención domiciliaria contra el gobernador Aníbal Gaviria. La Fiscalía asegura que halló irregularidades en torno a un negocio público de infraestructura suscrito por Gaviria durante su primer mandato entre 2004 y 2007. Se trata de un contrato por 41.663 millones de pesos para las mejoras a la vía Troncal de la Paz, en la zona de Caucasia. Con posterioridad, este contrato tuvo dos adiciones y su valor total llegó a los 60.000 millones de pesos.
El ente acusador le achaca dos delitos al gobernador: peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los cargos tienen que ver con los anticipos desembolsados y las modificaciones a la obra. Gaviria afirma que todo se hizo dentro de los parámetros que ofrece la Ley de Contratación, que la obra se terminó y que funciona debidamente. Además, que el erario no perdió un peso. Aun así, no es imposible que en un lío de contratación de los que se presentan todo el tiempo en Colombia haya efectivamente un tecnicismo ilegal. La Corte Suprema de Justicia más adelante determinará quién tiene la razón.
Pero sí resulta evidentemente absurdo haber ordenado la captura del gobernador 15 años después de los hechos, alegando que podría obstruir la investigación. Barbosa convocó a la prensa y anunció que el CTI se disponía a cumplir la orden de detención y que le darían aviso inmediato al presidente Iván Duque para que nombrara un gobernador de reemplazo. El desconcierto fue general. Por ser un lío de hace tres lustros, el caso corresponde al antiguo sistema penal –el inquisitivo–, que le permite a la Fiscalía detener sin permiso de un juez.
La indignación por la captura se deriva de que Gaviria no iba a eludir el llamado de la justicia como gobernador en ejercicio, y que tiene además una trayectoria honorable. El argumento de que podría alterar el proceso no tiene pies ni cabeza a estas alturas, cuando la Fiscalía tuvo 15 años para documentar el caso. Y en cuanto a la posibilidad de fuga, con las fronteras y los aeropuertos cerrados ni siquiera Aida Merlano habría podido.
Paradójicamente, apenas tres días antes el jefe del búnker había expedido su directiva 01. Este documento, la hoja de ruta que fija el fiscal general, comienza con esta máxima: “La libertad personal de los ciudadanos es la regla, su limitación –sin arbitrariedades y dentro del marco de lo razonable y proporcionado– es la excepción”. Exactamente lo contrario de lo que sucedió con el gobernador de Antioquia.
Otros resbalones
El caso contra Claudia López también parece salido de toda proporción. La alcaldesa cometió una absurda imprudencia al infringir las normas que ella misma había impuesto. En las redes se hizo viral su foto junto a su esposa, la senadora Angélica Lozano, mientras hacían mercado en un Carulla. A semejante papayazo le sumaron ellas unas explicaciones que generaron polémica, como que Angélica estaba sacando el perro y al enterarse de que Claudia estaba haciendo mercado, decidió ir a ayudarle a cargar los paquetes. Sin embargo, lo más desconcertante era que Claudia López, la mujer más conocida del país y la voz más severa contra la laxitud en el confinamiento, se expusiera a ir con su pareja a un supermercado donde todo el mundo tenía un celular para tomarle fotos. Y para cerrar la controversia, Angélica ofreció excusas, se allanó en un CAI y pagó la multa.
Lo anterior daba para un tsunami en las redes o, llevado a extremos, para una investigación disciplinaria de la Procuraduría. Lo único que no podría ser era una investigación penal como la que abrió el fiscal Barbosa. Eso lo dejó claro la Corte Suprema de Justicia, cuando una semana después rechazó una solicitud de investigar a la senadora Angélica Lozano por los mismo hechos. Los magistrados dijeron que el asunto si acaso daba para una multa policial. Nada más.
Pero en términos de torpeza política, el caso de Gustavo Petro es el más protuberante. En el escándalo de la Ñeñepolítica salieron a la luz interceptaciones que dan cuenta de una supuesta financiación irregular de la campaña de Iván Duque en el norte del país. Las grabaciones estuvieron engavetadas y las que se han venido a conocer dejan muy mal parados a personajes claves de esa campaña. En medio de esas conversaciones apareció una en la que el Ñeñe Hernández, al día siguiente de las elecciones, le comenta a un amigo: “Y Petro ganó en La Guajira. Por los mineros”.
Esa era la única referencia al exalcalde de Bogotá. No obstante, el fiscal anunció la apertura de una investigación contra la campaña de Petro en los siguientes términos: “Por lo menos en la conversación que se tiene por parte de ese señor Hernández con otra persona se habla de una presunta financiación de empresas mineras a la campaña de Gustavo Petro en La Guajira. Y en este orden de ideas también se ha abierto esa veta investigativa, para que sea en un momento determinado en una investigación paralela”.
Petro, ni corto ni perezoso, reaccionó con vehemencia y se despachó contra el fiscal: “Mucha bellaquería la de Barbosa, que, buscando defender a su amigo íntimo Duque en el proceso que evidencia dineros de narcos comprándole votos, trate de vincularme penalmente, a mí y a mi gerente de campaña, por este audio del Ñeñe”. Acto seguido, reveló el audio de la interceptación citada por Barbosa y en la que nadie habla de plata para su campaña. Barbosa tuvo que recoger velas, y en entrevista con Vicky Dávila dijo: “Aquí no hay investigaciones contra Gustavo Petro”.
Teniendo en cuenta que Petro es el opositor número uno del Gobierno de Duque, una acusación sin pruebas sólidas inevitablemente iba a ser objeto de interpretaciones políticas. Para muchos buscaba equiparar la financiación de las campañas de Duque y Petro. Hasta el momento eso no ha sido así. Sin duda alguna, la Ñeñepolítica es un escándalo real. Petro también tuvo su propio escándalo cuando apareció en un video metiendo fajos de billetes a una bolsa. Aunque ese episodio nada tuvo que ver con esta campaña y hasta ahora no le han probado ningún pecado.
Y hablando de la Ñeñepolítica, de momento el único resultado concreto ha sido la captura, esta semana, de dos agentes de la Dijín del equipo que hizo las interceptaciones. La Fiscalía planteó que estos aprovecharon el expediente para interceptar cinco líneas telefónicas ajenas al caso. Los acusados tendrán que defenderse ante la justicia, pero para la opinión pública lo importante no es quién grabó sino lo que revelan las interceptaciones.
La dureza contra los dos agentes de la Dijín contrasta con la suavidad con que la Fiscalía ha tratado a la persona que habla en las interceptaciones: María Claudia Daza, más conocida como Cayita, la exasesora de Álvaro Uribe en el Congreso. Su interlocutor en los audios era el Ñeñe Hernández, quien antes de morir asesinado en Brasil, estaba siendo grabado por sus vínculos como testaferro del narcotraficante Marquitos Figueroa y como posible autor intelectual del asesinato de un joven en Barranquilla en 2011.
Los audios fueron grabados en el furor de la campaña de 2018, y en estos el Ñeñe le dice a Daza que para apoyar a Duque se tienen que poner las pilas y “buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”. Caya le contesta que efectivamente está en eso y que ya consiguió 1.000 millones de pesos que van a mover con empresarios. Todo eso suena bastante más grueso y más prioritario que el caso de los dos agentes de la Dijín.
También ha producido controversia el caso de la Fiscalía relacionado con Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos. En la misma providencia en que decidió capturar al gobernador Aníbal Gaviria, ordenó abrir investigación contra estos dos exgobernadores que le sucedieron. Para meter al baile a Fajardo y Ramos en el lío de Gaviria, el búnker argumentó que los mandatarios regionales deben responder por todo contrato firmado o ejecutado durante su administración. Ese principio, que a primera vista suena muy loable, aplicado a rajatabla pondría en la cárcel a todos los alcaldes y gobernadores del país.
Hay muchos otros episodios relacionados con el fiscal general que han sido objeto de polémica, incluso algunos jocosos como cuando Barbosa aseguró que iba a ser el mejor fiscal de la historia, o cuando fue a visitar a un león moribundo en Cali. Sin embargo, muchas actuaciones de la Fiscalía tienen elementos tanto jurídicos como políticos y no todo es blanco o negro. Muchas veces las críticas obedecen más al sesgo político de quien las hace que a la esencia de la decisión. Eso le ha tocado a todos los fiscales, y este no ha sido la excepción.
Pero sí lo ha sido en cuanto a la falta de independencia, por haberse proclamado como uno de los mejores amigos del presidente de la república. Eso ha hecho que la gente vea como políticamente motivadas muchas decisiones válidas desde el punto de vista legal. Varios de los afectados con las determinaciones del búnker son potenciales candidatos presidenciales a futuro. En esa lista están Gustavo Petro, Claudia López, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y hasta Luis Alfredo Ramos si supera sus enredos jurídicos. Eso ha dado pie a teorías conspirativas del uribismo para tratar de sacar del ring a posibles rivales y despejar el camino hacia una continuidad después de 2022. Su versión más fantasiosa llega a señalar a la Universidad Sergio Arboleda, alma mater de Duque y Barbosa, como la plataforma donde estarían urdiendo ese maquiavélico plan. Eso por supuesto no es verdad. Aunque el solo hecho de que comiencen a circular en los corrillos políticos esos cuentos indica que la percepción de falta de independencia puede tener un alto costo en credibilidad.
Lo anterior hace pensar que el fiscal Francisco Barbosa podría tener una encrucijada para investigar temas relacionados con la campaña presidencial de su mejor amigo. Sobre este asunto él no tiene impedimento legal alguno, pues en derecho las inhabilidades tienen que ser concretas y explícitas, y no objeto de interpretación. Sin embargo, si invocando su amistad con el primer mandatario se hace a un costado por iniciativa propia y solicita el nombramiento de un fiscal ad hoc, esto sería visto como un acto de transparencia. Se trataría de una señal conveniente no solo frente a la investigación de la campaña, sino también respecto la persona del fiscal general.
El futuro de la Fiscalía de Francisco Barbosa no dependerá de lo que piense la opinión pública ni de lo que exijan sus críticos, sino de las determinaciones que él mismo tome. El éxito de su gestión dependerá de la solidez de sus investigaciones, la prudencia en sus apariciones y el liderazgo de la institución contra la corrupción. Sus primeros 120 días no han sido un camino de rosas. Pero el cargo dura cuatro años y ningún partido se define en los primeros diez minutos. El juego es largo y apenas comienza.
Tomado de Revista Semana
