Emilio Tapia fue uno de los principales responsables del robo a Bogotá en la alcaldía de Samuel Moreno. Desempeñó un papel clave en el carrusel de la contratación, la banda criminal que se dedicó a sacarle tajada a millonarios contratos de obras públicas. Cuando decidió colaborar con la justicia, este contratista, nacido en Sahagún (Córdoba), relató una anécdota que hoy adquiere relevancia.
Luego de asistir a sus citaciones en el búnker de la Fiscalía, Tapia contaba que los investigadores se agarraban la cabeza al escuchar su información y ver la sofisticada estructura montada para desviar miles de millones de pesos sin dejar rastro. Sin la ayuda de los involucrados, la justicia difícilmente habría desentrañado una parte de este entramado de corrupción para castigar a algunos de sus responsables, como ocurrió.
Sin embargo, una década después del escándalo, el balance evidencia que las autoridades no investigaron todos los capítulos del carrusel, principalmente los que tuvieron que ver con la contratación de los primos Manuel, Miguel y Guido Nule en el ámbito nacional, ni tampoco han logrado recuperar el dinero robado.
Las investigaciones concluyeron que parte de los recursos terminaron en paraísos fiscales, cuentas secretas en el extranjero e inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Hasta ahora, el mayor avance en ese sentido fue la condena a cuatro años y cinco meses de cárcel que recibió esta semana Fernando Marín Valencia, exembajador de Colombia en Venezuela, acusado de servir de enlace de los hermanos Samuel e Iván Moreno para lavar la plata en negocios de finca raíz en Estados Unidos. A Marín Valencia lo condenaron por intentar sobornar a Tapia con 100 millones de pesos a cambio de su silencio.
En términos generales, nunca han sido claras las cifras del dinero que se pudo haber perdido por el carrusel. En un momento hubo cálculos que hablaban de 2 billones de pesos, pero no hay una certeza de si es aún más dinero. Todo depende del contrato. Tan solo en el descalabro de la construcción de TransMilenio por la calle 26, los sobrecostos pudieron ascender a 300.000 millones de pesos. Ese monto no incluye los sobornos que pagaron por debajo de la mesa a los funcionarios o concejales para que direccionaran las licitaciones. Por ejemplo, en un solo contrato, el de las ambulancias, las mordidas pudieron llegar a los 6.000 millones de pesos.
Recuperar la plata no ha sido fácil, porque la Fiscalía no sigue con suficiente fuerza la ruta del dinero en los escándalos de corrupción y menos cuando termina desviada al extranjero y lavada en todo tipo de inversiones. Por lo general, las comisiones quedan en manos de testaferros cuya identidad en ocasiones resulta difícil de rastrear.
Aparte de eso, el otro problema tiene que ver con las condenas y las sanciones económicas. Un fiscal que conoce estos casos cuenta que las multas quedan “para enmarcar”. Por esa razón, asegura, es importante que las entidades de la Alcaldía de Bogotá acreditadas como víctimas del carrusel promuevan los incidentes de reparación integral y estén encima de los procesos para que avancen con agilidad.
La otra tarea pendiente son los capítulos e involucrados pendientes por investigar. Los Nule siempre prometieron encender el ventilador de la corrupción nacional, en la que alcanzaron a tener casi 2.000 contratos con el Estado. En las grabaciones, que salieron a la luz pública en junio de 2010, ellos no solo se referían a lo que ocurría con el entonces alcalde Samuel Moreno, su hermano –Iván–, el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi o el abogado Álvaro Dávila, todos ellos condenados. Los Nule conversaban con el exviceministro de Transporte Gabriel García, del Gobierno de Álvaro Uribe, quien les contaba de las presiones que había para adjudicar la ruta del Sol y los presuntos intereses en la licitación del entonces asesor presidencial Miguel Peñaloza.
Pero lo cierto es que la justicia no esclareció ese capítulo nacional, en parte porque los Nule prefirieron guardar silencio para evitar autoincriminarse y también porque sus acuerdos de colaboración con la Fiscalía terminaron en nada. Por eso, los condenaron principalmente por los delitos cometidos en Bogotá, en particular por las obras de TransMilenio, la compra de ambulancias y unos contratos de valorización y mantenimiento de la malla vial.
Se le abona a la justicia que logró avanzar en los nexos del Concejo con el carrusel y condenó cabildantes, como Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada y Jorge Ernesto Salamanca. También hubo condenas para contratistas, como Julio Gómez, y funcionarios de alto nivel, como Inocencio Meléndez, exjefe jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); o el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, quien confesó y contó cómo se repartieron la burocracia de los hospitales de la ciudad. Los jueces también condenaron a la exsecretaria de Integración Social Mercedes del Carmen Ríos. Pero en otros casos la tarea aún no concluye, porque, por ejemplo, la exdirectora del IDU Liliana Pardo, condenada, está prófuga de la justicia desde hace años.
El exfiscal Germán Pabón fue el primero que tuvo a su cargo la investigación de este escándalo y en 2011 lo declararon insubsistente. Según le dijo Pabón a SEMANA, la investigación del carrusel quedó a medias y hay “una deuda histórica en detrimento de la transparencia institucional”.
Hace diez años, el carrusel estalló cuando los Nule se retrasaron en la entrega de la troncal de TransMilenio por la calle 26, una obra que terminó abandonada y convertida en emblema de la corrupción. Pero el escándalo fue más allá de esa avenida y en total terminaron enredadas unas 40 personas, entre funcionarios, concejales, congresistas y contratistas, en toda clase de negocios irregulares. Mientras que algunos ya pagaron sus penas, otros permanecen en la cárcel o tienen detención domiciliaria.
“Muchas cosas quedaron inconclusas porque hubo limitaciones de personal y recursos tecnológicos. No es fácil encarar simultáneamente varios frentes de acción; y en investigaciones de este tipo hay mucha información documental, evidencias, y todo se congestiona”, contó un investigador del caso.
Pero hay una pequeña luz de esperanza para evitar la impunidad en algunos frentes pendientes por investigar. Algunos de los delitos cometidos, como el peculado por apropiación, no van a prescribir aún en el corto plazo. Eso podría dar pie para que las investigaciones avancen y concluyan lo antes posible.
Bogotá tardó años en recuperarse del impacto de la corrupción de la alcaldía de Samuel Moreno, capturado el 23 de septiembre de 2011, mientras ejercía el cargo. Desde entonces, pasa sus días detenido en la Escuela de Carabineros, al pie de los cerros orientales. El entonces alcalde del Polo Democrático quería saltar del Palacio Liévano y llegar a la Casa de Nariño, a imagen y semejanza de su abuelo, el dictador Gustavo Rojas Pinilla. Pero el entramado que gestaron desde el primer día, con la participación de su hermano y en alianza con funcionarios, contratistas y concejales, le mostró rápidamente que no eligió el camino correcto.
Tomado de Revista Semana
