*Por Juan Fernando Cristo
Tiene razón el Gobierno cuando afirma que los asesinatos de líderes sociales no comenzaron el 7 de agosto del 2018. Desde hace décadas se persigue a dirigentes de comunidades campesinas, resguardos indígenas y consejos comunitarios afros, cuyo único pecado es luchar en defensa de los suyos. Cuando se asesina a un líder social se mata la esperanza de sus comunidades en un mejor futuro. También aciertan los funcionarios que señalan a las mafias del narcotráfico y la minería ilegal como responsables de esos crímenes en los territorios. Pero esa no es la única razón. Los asesinan igualmente las mafias que se oponen a la restitución de tierras, los matan por razones políticas.
El debate, entonces, no se puede desviar a una discusión sobre las cifras de líderes asesinados, ni mucho menos a compararlas entre distintos gobiernos. Debemos encontrar entre todos la forma de parar estos crímenes. No es justo que el acuerdo de paz haya salvado la vida de miles de soldados y policías, de guerrilleros en combate, y que los líderes sociales sigan cayendo. Y duele en el alma que el Gobierno se niegue a aplicar los instrumentos contemplados en el acuerdo de paz para combatir esta violencia. Ya ni siquiera se preocupan por expedir una declaración formal de condena ante cada asesinato. Demuestran frialdad, indolencia e indiferencia. Los ciudadanos nos sentimos impotentes.
Michael Forst, relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, un grupo de columnistas hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos de los líderes asesinados y contar la historia de tres de ellos.
El 17 de julio de 2017, integrantes de la comunidad de la vereda Filo Palo, en El Carmen, Norte de Santander, encontraron el cuerpo del campesino y líder comunitario Ezequiel Rangel. Entusiasta defensor del acuerdo de paz con las Farc, Ezequiel coordinaba el comité veredal de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) en ese municipio. En El Carmen se sufrió con crudeza la violencia partidista, y en épocas recientes su población ha padecido a los grupos guerrilleros y paramilitares.
Argemiro López Pertuz era un líder de sustitución social de cultivos en Tumaco, el municipio con mayor número de hectáreas de coca sembradas del país. Trabajaba con la Gobernación de Nariño en el Pnis. La noche del 17 de marzo de 2019 se encontraba en su vivienda en la vereda La Guayacana, cuando varios hombres le dispararon. Su esposa y su madre resultaron heridas en ese ataque. Como Argemiro, cientos de líderes de sustitución en áreas de coca son amenazados por las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Desafortunadamente, el Gobierno debilita gradualmente los programas y deja a sus líderes abandonados.
En Tuluá, Valle, fue asesinado el 26 de junio de 2019 un integrante muy activo de la mesa municipal de víctimas, José Arled Muñoz Giraldo, tras recibir amenazas para obligarlo a salir de esa ciudad. En su tienda de barrio, este defensor de derechos humanos fue atacado a bala por dos sicarios. Era igualmente directivo de la fundación Afros Unidos del Pacífico y había sido desplazado por la violencia desde Belén de Umbría en el 2012.
Esta semana se cumplen 9 años de la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y debemos reconocer que los asesinatos de líderes sociales se convirtieron en parte del paisaje, como hace una década lo fueron las tomas de poblaciones, los secuestros o asesinatos de policías. No podemos seguir impotentes, sin hacer nada. En medio de la aguda polarización política que vivimos, deberíamos al menos intentar un acuerdo que permita parar esta masacre, con acciones concretas y contundentes. Asesinan con cuentagotas el liderazgo social en los territorios de Colombia. ¿No seremos capaces de ponernos de acuerdo para evitarlo?
Tomado de El Tiempo
