La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los reporteros de Putumayo a través de un panfleto firmado por disidencias de las Farc. La FLIP hace un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para proteger a los periodistas e investiguen estos hechos con el fin de sancionar a los responsables.
El 17 de junio llegó a la casa del periodista Dubán García un panfleto intimidante que también incluía los nombres de los reporteros Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa. En la amenaza los agresores acusan a los reporteros de ser cómplices de la Gobernación de Putumayo. Los cinco reporteros aseguran que la intimidación puede ser producto del cubrimiento que han estado haciendo del impacto y la gestión de la Gobernación y la Secretaría de Salud departamental para atender la pandemia por covid-19 en el departamento.
La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan los periodistas del departamento, debido a que en 2019 se registraron ocho violaciones a la libertad de prensa, de las cuales cinco fueron amenazas relacionadas con el cubrimiento de la gestión de los funcionarios públicos en el departamento y la difícil situación de orden público de la región. En ese sentido, los periodistas afectados manifiestan que las amenazas han sido constantes y que las medidas de protección implementadas por la Unidad Nacional de Protección no son suficientes para mitigar su riesgo, debido a que no cuentan con esquemas de protección para desarrollar su labor periodística en medio de las situaciones de violencia. Además, aseguran que los dispositivos electrónicos, como botones de apoyo y teléfonos celulares, frecuentemente presentan fallas.
De acuerdo con lo anterior, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación del riesgo que enfrentan los periodistas amenazados en el departamento con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, le hace un llamado para que verifique las condiciones y el funcionamiento de las medidas ya implementadas.
La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
