La política está desatando en el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) lo que una vida en armas durante seis décadas no logró. El otrora movimiento guerrillero —ceñido por un Secretariado rígido y con estructura vertical— es hoy una organización que está padeciendo los apuros y dificultades implícitas a la democracia: disensos, choque de visiones, fragmentación ideológica y, ahora, una disidencia política. Aunque se trata de situaciones normales y, si se quiere, inherentes al pluralismo de cualquier movimiento participativo, en el caso del partido de la rosa implica inestabilidad y amenaza. ¿Por qué?
Si bien las fracturas dentro de la colectividad no son nuevas, en los últimos días se acentuaron tras la filtración de un documento de la Comisión Ético-Disciplinaria de la FARC, en la que recomienda amonestar e incluso expulsar a algunos militantes, quienes alegaron que son víctimas de una “purga interna” por oponerse a la dirección del partido, hoy en cabeza de Rodrigo Londoño, conocido Timochenko.
Entre los que podrían ser sancionados con la separación del partido se encuentran dirigentes del calibre de Benedicto González, Jesús Emilio Carvajalino (Andrés París), Ubaldo Enrique Zúñiga (Pablo Atrato) y José Benito Cabrera (Fabián Ramírez), quienes son señalados de actuar para dividir a la colectividad, oponerse a las orientaciones de la dirección y hasta promover campañas de desprestigio.
Mientras que Rodrigo Londoño y otros dirigentes han optado por la reserva y el sigilo alrededor de las acciones disciplinarias —reivindicando que respetarán el debido proceso—, los amonestados han hablado en voz alta. Uno de ellos fue Benedicto González, quien emitió un fuerte pronunciamiento en el que sostiene que la purga es contra “toda opinión crítica o divergente” y que son víctimas de exclusión y revanchismo por parte de altos directivos, entre ellos el mismo Londoño, el hoy senador Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape.
Incluso, González va más allá y los responsabiliza de una “actitud sumisa” frente al Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado en La Habana (Cuba), pese al sistemático homicidio de excombatientes; la renuncia de la iniciativa política en escenarios como el Congreso, “siendo partes del paisaje”, y hasta de favorecer a multinacionales en los territorios de reincorporación, en contravía de quienes permanecen allí.
Estas diferencias —que incluso a principio de año precipitaron la renuncia de otros dos históricos de la FARC: la holandesa Tanja Nijmeijer y Martín Batalla— tienen como trasfondo una vieja puja entre dos posturas ideológicas del movimiento. Los que abogan por una línea marxista-leninista (promovida por los hoy realzados en armas Iván Márquez y Jesús Santrich) y aquellos que quieren migrar más hacia el socialismo (entre ellos Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Alape y Lozada).
Riesgos e implicaciones
Los disensos en la FARC y la amenaza que configura una eventual disidencia política —que monte rancho aparte y quiera enarbolar sus propias banderas— no tendría nada de grave si no se tratara del movimiento político al que el Estado le reconoció personería jurídica y representación política en el Congreso por cuenta del Acuerdo de Paz. Es además el paraguas democrático en el que se refugian miles de excombatientes.
De acuerdo con Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, se trata de un fenómeno que no deja de ser chocante y excepcional, teniendo en cuenta que la FARC es un movimiento joven en democracia, acostumbrado además a la disciplina y el absolutismo que emanaba el Secretariado guerrillero.
“La FARC está descubriendo la política colombiana y está viviendo lo que han padecido otros partidos. No es nada sorprendente, pero es complejo para ellos por estar habituados a una tradición centralista y autoritaria. La complejidad es que hoy es la titular de la representación de todos los desmovilizados y se podría trastocar lo previsto en el Acuerdo, pues se asume que este partido es el legítimo delegado de los reincorporados”, explica.
Para el analista, aunque es improbable, se abre una peligrosa arista ante a lo acordado en La Habana, ya que tendría que modificarse lo pactado para dar cabida a otras tendencias y manifestaciones políticas, llevando al Estado a un verdadero galimatías frente a quién otorgar personería jurídica legítima y asignar las respectivas curules en el Congreso. “Lo saludable para la democracia es que la FARC invente un modo más pluralista de discutir sus diferencias y se reconozcan otras corrientes”.
Por su parte, el académico y analista político Mauricio Jaramillo advierte que las pujas internas están afectando la credibilidad de la FARC como partido, perdiendo influencia y participación, los fines de un movimiento político. Pese a que reconoce la fractura como algo normal en política, indica que es un lío en materia jurídica.
“La división es saludable siempre y cuando no haya expulsiones y disidencias irreconciliables, como las de Márquez o Santrich. Cuando se saca a los detractores se pasa de una diversidad sana a una fractura que podría hacer mucho daño, más en un partido nuevo y pequeño como la FARC. Es un signo de debilidad”, asegura.
Se prevé que las diferencias, disensos e incluso eventuales expulsiones se resuelvan en la Asamblea Nacional de los Comunes, la máxima instancia de decisión y participación del partido. Si bien estaba previsto que se celebrara en abril, el coronavirus trastocó la agenda y ahora se ultiman detalles para realizarse de forma virtual. ¿Se zanjarán las diferencias en democracia u otra disidencia, esta vez política, tomará distancia de la FARC?
Tomado de El Espectador
