En sesión llevada a cabo en la mañana de este miércoles 1 de julio de 2020 desde la virtualidad, los concejales analizaron el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de las constructoras y entidades competentes, asimismo, los retos que debe enfrentar la Administración para brindar eficiencia en el cumplimiento de los proyectos urbanos para el desarrollo de la ciudad.
El corporado Carlos Alberto Zuluaga Díaz, primera bancada citante, en su intervención, manifestó que es pertinente enfocar el tema de las obligaciones urbanísticas a sensibilizar cómo la Secretaría de Control Territorial debe ser eficaz y eficiente para generar condiciones a la población.
Expresó que, en el Plan de Ordenamiento Territorial- POT se creó un Comité de Direccionamiento Estratégico encargado de distribuir todos los elementos en lo concerniente a las obligaciones urbanísticas pero aún no se han reunido para analizar el avance en los equipamientos y proyectos urbanos de Medellín.
Para concluir, señaló que se debe revisar el Decreto 2502 de 2009, Art 30-33 en cuanto a obligaciones urbanísticas, y en infracciones la Ley 1801 del 2016, Art 135 al 138, para darle cumplimiento a la norma al considerar que se han cometido actos de incompetencia.
Además, planteó que es necesario colocar en funcionamiento la plataforma Urbamed que integra recurso humano, tecnología y fortalecimiento institucional y así aplicar la vigilancia y control de las obras, y tener un reporte real de los proyectos; más inspectores fortaleciendo el equipo humano e implementar estrategias de comunicación entre las Curadurías y Secretarías de Gestión y Control Territorial, Planeación, y Seguridad para dar solución oportuna e inyectar recursos para tecnología.
Por su parte, el concejal Alex Flórez, segunda bancada citante, expresó que las obligaciones urbanísticas son pieza clave en el ordenamiento territorial ya que permiten y facilitan la gestión y recaudo de recursos entre agentes económicos y actores del territorio.
Igualmente, dijo que una mala planeación en la economía urbana ha generado que no hayan vías amplias en la ciudad provocando problemas de movilidad, falta de andenes, sobrepoblación y que la mayoría de estaciones del Metro y Metroplús no cuenten con una buena explotación del uso del suelo, todo esto por la falta de seguimiento, control, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
En conclusión, el Corporado sugiere el seguimiento y cumplimiento efectivo de las obligaciones por parte de la Administración, potencializar los indicadores como espacios verdes, siembras de árboles que contribuyan a la utilización de la tierra, regulación de los planes parciales y la compatibilidad entre el Plan de Desarrollo y el POT teniendo presente los componentes urbanos y rurales que conforman la ciudad.
Por su parte, la concejal Lina García Gañan, tercera bancada citante, expuso que la Secretaría de Gestión Territorial no tiene las herramientas necesarias para ejercer la vigilancia en las obligaciones urbanísticas, sugirió se fortalezcan los inspectores que realizan control para quitarle carga a la Secretaría de Seguridad y solicitó a la Administración informar sobre el seguimiento a proyectos de vivienda con procedimientos administrativos inadecuados como son los del Edificio Space, Continental Towers, Bernavento, entre otros.
Para finalizar, la Cabildante propuso crear soluciones y mecanismos para el pago o condonación de las obligaciones urbanísticas para los estratos 1, 2 y 3 especialmente aquellas familias cuya licencia se les otorgó entre los años 2007 y 2013, además, lograr que el pago sea un requisito para la escritura de propiedades en la ciudad.
Concejales que participaron de la sesión, manifestaron que se debe fortalecer a la Secretaría de Control Territorial en cuanto a recurso humano y operativo para que pueda realizar efectivo control eficiente en las obligaciones urbanísticas y acciones de choque como impuestos bajos que pueda ser aplicado ampliamente para ciudadanos y constructores.
A su turno, el secretario de Gestión y Control Territorial encargado, Iván Mauricio Salazar Echeverri, expresó que el objetivo de la entidad es salvaguardar el uso del espacio público y preservar en forma concertada cómo se quiere ver la ciudad a futuro desde el punto de vista del ordenamiento territorial.
Asimismo, dijo que dentro de las estrategias se encuentra la activación de una mesa transversal donde se evidencie la articulación con las secretarías de Seguridad, Inclusión Social y Gobierno; el Dagred y el ICBF, para generar una intervención real a territorios que se encuentran en alto riesgo y el cual tienen grandes problemas sociales.
Finalizó indicando que la Secretaría, en su componente de control, se encuentra en la Línea de Gobernanza y Gobernabilidad del Plan de Desarrollo en el fortalecimiento territorial y la meta propuesta es de 11.000 obligaciones urbanísticas gestionadas durante el gobierno de Medellín futuro.
Por su lado, la delegada de la Personería señaló que actualmente desde la entidad se realizan 38 vigilancias administrativas en lo que respecta por trámites de infracción urbanística para darle la respectiva gestión.
En su intervención, el gerente de Camacol, Eduardo Loaiza Posada, explicó que para la liquidación de las obligaciones urbanísticas se tienen diferentes valores que no corresponden al valor comercial ni al valor del impuesto predial lo que significa que en Medellín a veces se tiene tres valores de la tierra, por tal motivo, se requiere actualización, revisión y ajuste del mapa de zonas geoeconómicas para dichas liquidaciones con valores razonables.
Hace falta en la ciudad un mapa de zonas receptoras de obligaciones urbanísticas para que cuando se haga el desarrollo de un proyecto se tenga claro donde se paga esa obligación y la necesidad de fortalecer la Secretaría de Gestión y Control Territorial para efectos de indicadores y cumplimiento, puntualizó.
