Bogotá, 26 julio.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso medidas cautelares a la Alcaldía del municipio caribeño del Carmen de Bolívar para que proteja los cuerpos de las víctimas de la masacre de El Salado, una de las más cruentas del conflicto colombiano, que están enterradas en un cementerio de esa localidad.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento del alto tribunal «inició el trámite de medidas cautelares sobre el cementerio del corregimiento (pueblo) de El Salado» por la «evidente exposición de estructuras óseas de personas que presuntamente fueron desaparecidas durante la masacre», detalló la JEP en un comunicado.
En El Salado, que hace parte del municipio del Carmen de Bolívar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron una masacre entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en la que fueron asesinadas más de 60 personas.
Según la JEP, el trámite de las medidas cautelares se inició por una solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que envió al tribunal videos en los que se «evidencian afectaciones en tumbas y exposición de cuerpos de presuntas víctimas».
«Las medidas cautelares buscan proteger estos cuerpos para identificarlos y entregarlos de manera digna a sus familiares», agregó la información.
En ese sentido, la Sección de Ausencia de Reconocimiento vinculó el trámite a la Alcaldía de El Carmen de Bolívar y le ordenó encerrar las tumbas alteradas en máximo 20 días, así como le solicitó a la autoridad local y a la Fiscalía General de la Nación información «sobre las acciones que haya adelantado para proteger el lugar».
«Una vez se levanten las restricciones que impone la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la UIA (Unidad de Investigación y Acusación) hará una inspección al cementerio de El Salado y recuperará los cuerpos expuestos para entregarlos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)», añadió el alto tribunal.
Igualmente, envió a la Alcaldía las disposiciones de las autoridades competentes para el cuidado y protección del cementerio de El Salado por la emergencia sanitaria, «que implica extremar cuidados para impedir que se alteren lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada».
El pasado 9 de julio, la Comisión Colombiana de Juristas entregó a la JEP y a la Comisión de la Verdad el informe «El silencio de las Gaitas», en el que señala que al menos 17 generales y comandantes del Ejército de Colombia fueron cómplices de las masacres paramilitares que se ensañaron con la población de la región de los Montes de María, donde está ubicado El Salado.
El estudio se centra en diez masacres de las 41 que se cometieron en esa región entre los años 2000 y 2001, perpetradas por grupos como el Bloque Héroes de los Montes de María y otros frentes de las AUC.
EFE
