Si no sucede ningún imprevisto, la imputación de cargos, con medida de aseguramiento contra Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe, se cumplirá este lunes, a las 2 de la tarde y será pública.
Después de varios aplazamientos, la Fiscalía insistirá en la imputación de cargos, con medida de aseguramiento, por compra de testigos, una conducta que también impacta el proceso que la Corte Suprema sigue en contra del exmandatario por los mismos hechos y al que el alto tribunal le suma presunto fraude procesal.
Aunque Álvaro Uribe Vélez no le ha quitado el poder a Cadena, ha sido enfático en que desconocía esos pagos, que su a abogado llama viáticos y ayuda humanitaria, pero que para la Fiscalía es soborno en actuación penal.
«Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después del testimonio de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos, que por razones humanitarias (…) si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”, dijo Uribe ante la Corte.
El artículo 444 del Código Penal dice al respecto: “El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
¿Un patrón de conducta?
Allí no habla de cuantía y aunque cuando el diario El Tiempo reveló esos pagos y la investigación a Cadena, se habló de 7 millones de pesos, al parecer, la cuenta ya va más lejos.
El diario El Tiempo reveló en primicia que Vélez, conocido en el mundo del hampa con el alias Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo de manos de Cadena.
Este diario comprobó que hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar; y otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena. Pero Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez.
Incluso, Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos.
Pero a eso se sumarían otras entregas por 12 millones, 8 millones, 10 millones de pesos. Este diario tuvo acceso a algunos de los recibos y testimonios y la cuenta ya superaría los 40 millones de pesos.
Además, el ente acusador buscará probar que no se trató de una conducta aislada sino de una especie de patrón. También hay cómo demostrar que la primera vez que se ofreció esa ayuda (humanitaria para Cadena, soborno para la Fiscalía) fue en el segundo semestre de 2017.
La defensa
Reporteros del diario El Tiempo establecieron que hay otro preso, en la cárcel de Cómbita (Boyacá), que habría recibido las mismas visitas y ofertas.
También está el pago a Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.
Pero esta asegura que se trató de unos viáticos para ir a buscar otros potenciales testimonios, por eso es posible que en la audiencia esté al lado de la defensa. La cadena de Cadena está en manos del penalista Iván Cancino.
El abogado le explicó al diario El Tiempo que partirá de la doctrina jurídica de que es ilegal grabar a un abogado. Además, buscará demostrar que Cadena no sobornó a testigos.
«Un soborno implica obtener un favor a cambio. Y en este caso no se pidió ni silenciar ni cambiar los testimonios de nadie», le explicó el penalista al diario El Tiempo.
Sin embargo, tanto la Corte como la Fiscalía han señalado que Cadena nunca legalizó el poder que Uribe le otorgó y, en la práctica, nunca ejerció legalmente como su abogado en ningún escenario judicial.
Tomado de El Tiempo
