Como presuntos responsables de retener en contra de su voluntad a una comerciante de oro y a su hijo, el Juzgado 29 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Diego Fernando Guarín Usme, de 24 años de edad, y Alejandro Tabares Castro, de 19 años.
Con medida de aseguramiento en el domicilio fueron afectadas Estefany Metaute Rincón, de 19 años, y su abuela Ofelia Úsuga Berrío, de 62 años de edad.
Este lunes 27 de julio, funcionarios de la Sijín de la Policía Nacional llegaron a un hotel ubicado en el barrio Caribe de Medellín, por información de fuente humana que manifestó que en una de las habitaciones de ese lugar estaban dos personas secuestradas.
Los uniformados acudieron al sitio y se encontraron con las dos mujeres. La adulta mayor, administradora del alojamiento, y la joven permitieron el ingreso de los policiales.
En el tercer piso del inmueble, vieron que de la habitación 13 salieron dos hombres que se dirigieron a la 15. Fue entonces cuando los uniformados los abordaron para identificarlos; en ese momento salió de la última alcoba una mujer llorando e indicó que la tenían secuestrada junto con su hijo, de 19 años de edad, señalando a Guarín Usme y a Tabares Castro como sus secuestradores.
En la habitación de la que salieron los sospechosos fue hallada un arma de fuego calibre 9 mm y 9 cartuchos para la misma.
Las víctimas manifestaron que las mujeres también habrían participado en su retención, pues desde el momento que llegaron no les permitieron salir del hotel, hablaban constantemente con los hombres, y les decían que no dejaran escapar a los retenidos para evitar problemas.
Según la denuncia instaurada por la comerciante, de 50 años de edad, ella tenía un acuerdo para la venta de oro avaluado en 120 millones de pesos, negocio que no se habría concretado.
Por tal motivo, el 13 de julio del presente año varios hombres, que se identificaron como integrantes de la organización criminal La Oficina, habrían llevado a la mujer y a su hijo en contra de su voluntad, movilizándolos por varios sectores de Medellín hasta llegar al hotel en mención.
Durante el tiempo de cautiverio los victimarios los habrían sometido a violencia psicológica, los amenazaban con asesinarlos si no entregaban los 120 millones de pesos, más otro tanto como multa por el supuesto incumplimiento del negocio de la venta de oro.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), por delitos como secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego.
