Organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia lanzaron este viernes un SOS por el recrudecimiento de la violencia y el desplazamiento forzado en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, sitiada por el conflicto, los cultivos ilícitos y la desidia del país.
Líderes de la región denunciaron en una rueda de prensa «el desangre» de las comunidades del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y la zona de frontera.
En ese sentido, advirtieron que en el primer semestre de este año hubo al menos cinco masacres y el desplazamiento forzado de unos 800 campesinos por grupos armados.
En los primeros seis meses de 2020 las balas acabaron con la vida de casi 30 personas, mientras la población del departamento de Norte de Santander, donde está ubicada esta región, sigue acorralada por el enfrentamiento de bandas criminales, la erradicación forzada de cultivos ilícitos y la pandemia.
El acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el Gobierno no alcanzó a echar raíces en esta zona del país y como consecuencia la violencia se agudizó en 2018, cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Ejecutivo como una banda criminal, se declararon la guerra para disputarse los territorios abandonados por el grupo desmovilizado.
VIOLENCIA
En el Catatumbo, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, bandas criminales y grupos paramilitares como Los Rastrojos, el Clan del Golfo o la disidencia del Frente 33 de las FARC también se baten a muerte por las estratégicas zonas utilizadas para actividades como el narcotráfico.
La confrontación constante que se vive en la región es atizada por situaciones como el incumplimiento del acuerdo de paz, las dinámicas violentas que sacuden la frontera con Venezuela y la revictimización de los sobrevivientes, denunciaron este viernes líderes de la zona.
«El conflicto ha venido escalando de una forma atroz afectando a comunidades, organizaciones, líderes y autoridades locales», afirmó Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, al destacar que aunque algunas formas de violencia son nuevas, la zozobra viene de años atrás.
Cañizares denunció que en el primer semestre de 2020 ocurrieron cinco masacres en el Norte de Santander que han cobrado la vida de 29 personas y reclamó al Estado por la falta de una «respuesta integral» el «abandono» de las poblaciones campesinas obligadas a desplazarse por las disputas entre el ELN y los Rastrojos.
Según las organizaciones, las comunidades viven una «situación dramática» por las normas de control social y político impuestas por grupos paramilitares que extorsionan a los propietarios de las fincas, prohíben las reuniones de los líderes y restringen el acceso de entidades públicas a ciertas zonas rurales.
«Los Rastrojos deciden quién vive y quién muere, qué se hace y qué no se hace. Nosotros queremos insistir en la responsabilidad que tiene el Estado colombiano y las autoridades en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria y crear garantías para que los campesinos puedan retornar con seguridad y de manera voluntaria», agregó Cañizares.
CULTIVOS ILÍCITOS
Además del enfrentamiento entre los grupos armados ilegales, las organizaciones advirtieron sobre los riesgos de los «programas de sustitución forzada de cultivos ilícitos desarrollados por la fuerza pública».
Recordaron el asesinato en marzo pasado del joven Alejandro Carvajal, cuyo crimen, ocurrido durante una protesta contra «las erradicaciones manuales, violentas y forzadas» de coca, atribuyen al Ejército nacional.
«El Gobierno incumple de manera arbitraria su palabra y lo que hace es enviar erradicación manual forzada, lo que implica la alteración del orden público y el asesinato de campesino», dijo la vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Olga Quintero.
La líder hizo un llamado al gobierno nacional y departamental, a quienes responsabilizó «por no atender de manera oportuna las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del pueblo», para que tomen acciones urgentes ante el asesinato de civiles y las amenazas contra los líderes sociales.
Por su parte, el vocero de la Fundación Progresar también denunció que la frontera con Venezuela ha «estado expuesta al mejor postor» y que las organizaciones sociales han identificado al menos 12 grupos ilegales que operan en la frontera que comparten ambos países.
«Este año ha sido especialmente crítico en temas de violencia y en temas humanitarios. El grupo paramilitar de Los Rastrojos viene en un proceso de expansión y trata de ejercer control en ocho corregimientos (pueblos) de cuatro municipios», agregó Cañizares.
DESIDIA
El alivio humanitario que dejó el desarme de las FARC duró menos de dos años en el Catatumbo. En ese tiempo las comunidades alcanzaron a ilusionarse con un «horizonte distinto» al que habían conocido con la violencia, pero la promesa de paz se derrumbó con el fortalecimiento de nuevos grupos armados en la región.
«Los índices de violencia bajaron de manera importante en 2017, o sea que sí era un camino viable y podía haber sido posible detener tanta violencia», subrayó la vocera de la Asociación Minga, Diana Sánchez.
La líder social reclamó al Gobierno por «no cumplir con los acuerdos de paz como estaba establecido» y desatender «la protección y seguridad de los líderes sociales» en momentos en los que «la violencia se ha exacerbado».
Según un informe divulgado el lunes por tres organizaciones civiles, casi mil líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz sin que el Gobierno llegue «al fondo del problema» y las investigaciones.
Por esa situación, Sánchez también denunció que las comunidades están «completamente confinadas tanto por el COVID-19» como por la presencia de los grupos armados y la política militarizante del Estado que puede generar más crimen y desplazamiento en las comunidades que están en «alto riesgo de vulnerabilidad».
EFE
