La senadora del partido Farc Sandra Ramírez, recién elegida segunda vicepresidenta del Senado, acaba de dar un viraje en torno a su postura sobre el reclutamiento de menores por parte de esa exguerrilla.
Primero dijo que esa organización ilegal no tenía una política de reclutamiento de menores: “Los que estaban lo hacían de manera voluntaria”.
Sin embargo, este lunes matizó su postura y señaló: “Si se comprueba el reclutamiento de menores, pediremos perdón”, dijo en declaraciones a W Radio.
Y empezaron a aparecer las evidencias que solicita la senadora, varias de ellas en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –su juez natural– desde hace al menos dos años.
El diario El Tiempo estableció que la Comisión de la Verdad tiene varios informes sobre reclutamiento forzado de todos los actores del conflicto, incluidas las Farc. Además, este diario accedió al informe que la Fiscalía les entregó a los magistrados de la JEP con casos concretos.
“La vinculación y utilización forzada de niños, niñas y adolescentes (NNA) fue un fenómeno criminal constante en la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) que se remonta a comienzos de los años setenta”, le dijo en su momento Néstor Humberto Martínez a la JEP.
Y en 171 páginas describen episodios que, en criterio de la Fiscalía, demuestran que esta práctica “se convirtió en una estrategia funcional a sus objetivos políticos-militares, que continuamente requerían el engrosamiento de las filas”.
Si bien para los investigadores, el grupo guerrillero apeló a la violencia física y a las amenazas hacia los menores y sus familiares para que ingresaran a sus filas, le da parte de razón a la senadora Ramírez.
“En otros casos, las Farc-EP también se aprovecharon de la inmadurez de los menores y de las difíciles condiciones socioeconómicas y familiares que atravesaban, haciendo uso de estrategias persuasivas y de engaños para lograr su incorporación”, precisa el documento.
La ‘operación Berlín’
Para respaldar sus afirmaciones, la Fiscalía documentó las 4.219 investigaciones que adelantan, en las que el número de víctimas llega a 5.252. Por estos hechos son procesados 5.043 miembros de esa ahora exguerrilla.
El 61 por ciento de las investigaciones se concentran entre 1998 y 2010, entre los cuales los años 2000 y 2007 son los de mayor afectación con 614 investigaciones, que equivalen al 40 por ciento.
La época señalada en el informe coincide con el final de la llamada zona de distensión (entre 1999 y 2002, en el gobierno de Andrés Pastrana) y con la avanzada del paramilitarismo.
Y la Fiscalía hace una salvedad: “Hasta finales de los años noventa, el reclutamiento no fue un delito visible y solo hasta el año 2000 se registró la primera denuncia en los sistemas misionales de la entidad”.
Sin embargo, la propia entidad admite que hay un subregistro del fenómeno. Y para demostrarlo, advierte que en 1973 se halló el rastro de un primer caso y que el Ejército da cuenta de operativos en los que se encontró evidencia de presencia de menores en campamentos, que nunca fueron denunciados.
“Lo anterior revela un problema de subregistro ocasionado muchas veces por el temor a denunciar por represalias en contra de las víctimas y sus familiares. También ocurrió que algunos menores ‘vinculados’ nunca desertaron de las filas y de otros no se volvió a tener noticia alguna”, le advirtió a la JEP la Fiscalía.
La llamada ‘operación Berlín’ dejó al descubierto lo que ocurría. En el año 2000, se reportaron –de conformidad con los protocolos de necropsia– cerca de 94 bajas en la llamada columna móvil ‘Arturo Ruiz’ (Cmar) de las Farc.
Entre ellas se documentaron al menos 19 casos de menores de edad. Además, se encontraron aún con vida 150 menores, lo que dejaba en evidencia la gran cantidad de ellos que conformaban dicha estructura guerrillera.
“(…) Para conformar la columna móvil ‘Arturo Ruiz’ nos reunieron en el Borugo, que queda a 3 kilómetros de La Macarena (…). Nos dijeron que se iba a llamar ‘Arturo Ruiz’, para conformar un frente en el Magdalena Medio. El comandante sería Rogelio, el segundo sería un señor que venía del frente 15 (…) éramos como 380 combatientes, muchísimos niños y niñas (…)”, narró uno de los sobrevivientes.
Y hay otro dato que llama la atención: “El 23 % de las 4.219 investigaciones por este delito han sido imputadas al Bloque Oriental, lo que muestra la marcada participación de esta estructura en el fenómeno criminal y la importancia estratégica de esta unidad para los planes político-militares del grupo guerrillero”.
Y también se pudo discriminar por sexo a las víctimas de este delito que las ex-Farc se resisten a reconocer.
El mayor porcentaje de víctimas, según la Fiscalía, fue de sexo masculino con 3.350 casos (65 %), mientras que el femenino alcanzó 1.790 (35 %) investigaciones.
Y aquí viene otra salvedad. Si bien el número de niñas y jóvenes fue menor, no hay duda de que “sufrieron de forma desproporcionada algunas conductas violentas durante su reclutamiento, particularmente, delitos contra la libertad y formación sexual”.
En la llamada ‘operación Berlín’ también se documentaron agresiones sexuales a niñas y abortos forzados.
Otra de las evidencias que se adjuntó al informe para la JEP fue una guía de reclutamiento encontrada en el computador de alias Mono Jojoy.
Además de advertir que quienes ingresaran a las filas de las Farc debían llegar recomendados por gente de la región, se anotaban las excepciones para echar mano de niños.
“Ser mayor de 15 años y menor de 30; los aspirantes a guerrilleros deben estar viviendo en la región mínimo dos años; deben ser personas normales y honestas…”, dice el informe.
La Fiscalía también le reportó a la JEP que se han emitido 10 sentencias condenatorias contra miembros de la cúpula de las extintas Farc, por su responsabilidad en el reclutamiento forzado de menores.
Los condenados
La primera sentencia se emitió en el 2003, por hechos ocurridos cinco años atrás, denunciados por el entonces comandante del Ejército, general Jorge Mora, quien le entregó a la Fiscalía pruebas testimoniales de dos menores reclutados.
Los dos lograron escapar del campamento en el que los tenían sometidos. En sus versiones ante las autoridades, detallaron cómo a través del ofrecimiento de dinero y amenazas a familias, especialmente campesinas, ejecutaron las labores de reclutamiento.
Por estos hechos fueron condenados a 13 años de cárcel 10 miembros de la cúpula de las Farc, varios de ellos dados de baja posteriormente, como ‘Alfonso Cano’ y el ‘Mono Jojoy’. Y entre los vivos sentenciados están ‘Iván Márquez’ –quien retomó las armas y por el que Estados Unidos ofrece una recompensa por narcotráfico–, ‘Joaquín Gómez’ y ‘Martín Correa’, ambos firmantes del pacto de La Habana.
La Fiscalía también detalla que por la llamada ‘operación Berlín’ se profirieron dos sentencias, una en 2009 y la otra un año después.
Entre los coautores de estos hechos figuran el hoy jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko. Aquí, además, vuelve a figurar el fugitivo ‘Márquez’.
Otra de las condenas recayó sobre Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, quien fue gestora de paz durante la administración de Álvaro Uribe. Su pena –a 20 años de cárcel– se emitió en julio de 2009 tras confirmarse que reclutó a cuatro menores, dos de los cuales también fueron clasificados como desaparecidos.
Las otras seis sentencias se profirieron entre 2004 y 2006, las cuales recayeron sobre mandos medios de la guerrilla, como Bernardo Mosquera, alias Negro Antonio, quien si bien fue capturado en 2009 en una operación militar, tras la firma del acuerdo de La Habana se sometió a la JEP. De hecho, hace un año se le incautaron bienes avaluados en 20.000 millones de pesos.
“En total se condenó a diecinueve (19) miembros de las Farc-EP por hechos de reclutamiento ilícito, cometidos entre los años 1998 y 2010. Dentro de las diez (10) sentencias proferidas fueron identificadas 161 víctimas. Cuatro (4) de los miembros de esta organización han sido condenados como autores materiales y quince (15) miembros como coautores o partícipes, por tener algún nivel de rango dentro de las Farc-EP o por pertenecer directamente al estado mayor conjunto”, precisa la Fiscalía en su informe a la JEP.
La JEP aún no se pronuncia sobre este informe.
La hija de alias Lenin ingresó a los 15 años al Eln
Daniela, con tan solo 15 años, fue reclutada a la fuerza por el Eln, guerrilla en la que su padre es un poderoso comandante asentado en la frontera con Venezuela.
Se trata de Ramiro Torres Rodríguez, alias Lenin, considerado el enlace de ese grupo ilegal con el régimen de Nicolás Maduro y mano derecha del sanguinario ‘Pablito’. De acuerdo con el Gobierno, su hija, con 20 años de edad, se desmovilizó este lunes.
Ella misma contó que recibió entrenamiento de guerra y que fue obligada a incorporarse a las filas del frente ‘Domingo Laín’, que hace presencia en Arauca y Venezuela.
Tomado de El Tiempo
