La Corte Constitucional tumbó el decreto 568 de 2020 que creó el impuesto solidario, el cual establecía que los trabajadores del sector público, contratistas del Estado y pensionados que recibieran más de 10 millones de pesos, debían aportar cerca del 15 % de su salario. Esto con el fin de obtener recursos para atender la pandemia del Covid-19.
Luego de una votación en la Sala Plena de la Corte que terminó 5 – 4, se tomó la decisión sobre la ponencia de las magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, frente a la del magistrado Carlos Bernal, quien solicitaba declarar como constitucional el decreto.
Los magistrados Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, quienes estaban a favor de mantener el tributo, salvaron su voto. Asimismo, se rechazaron los impedimentos que presentaron los togados Alejandro Linares, Carlos Bernal José y Fernando Reyes, quienes tienen familiares que son objeto del impuesto, por ser servidores públicos.
Según el Gobierno, los 287.000 millones de pesos obtenidos fueron destinados al Fome, fondo creado para atender la pandemia. Sin embargo el alto tribunal aclaró la decisión es retroactiva, y que los recursos que hasta el momento se hayan pagado por cuenta de ese impuesto, aplicarán como anticipo para el 2021, al pomento de pagar el impuesto de renta de la vigencia 2020.
Tomado de Radio Nacional
