El Instituto Popular de Capacitación, IPC, difundió un comunicado en el que expresa su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 35 familias que fueron desalojadas del sector Guasimalito, en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.
Este es el comunicado público:
“El 5 de agosto, aproximadamente a las 2:00 p.m., miembros de la Policía y el Esmad llegaron a este sector para desalojar a las familias desplazadas que desde hacía 25 días llevaban allí asentadas, entre las que se encontraban menores y adultos mayores.
Con motosierra en mano, empezaron a derrumbar los hogares que habían construido, incluso con personas adentro y sin importarles que algunas de ellas estuvieran en situación de discapacidad.
Esta población se opuso al desalojo, obteniendo como respuesta una fuerza pública que se extralimitó en sus funciones, golpeó y agredió a varias personas. En consecuencia, tres hombres de esta comunidad fueron apresados por la Policía.
En horas de la noche, con el apoyo de la Policía, funcionarios del ICBF y la Personería de Bello trataron de separar los menores de edad de sus madres y padres, bajo el argumento de que solo tenían albergue para ellos.
La población nuevamente se opuso e impidió que los menores fueran transportados y separados de sus familias. Esto da cuenta de que la institucionalidad del municipio de Bello no tenía un plan de contingencia después del desalojo, ni garantías de hospedaje y alimentación para esta población en situación de vulnerabilidad toda vez que estamos en tiempo de pandemia.
Gran parte de las familias pasaron la noche debajo del puente y en los alrededores, bajo condiciones insalubres y sin respuesta por parte de la Alcaldía y la Personería de Bello ante su situación.
Es importante anotar que estas familias desplazadas han sido revictimizadas en más de una ocasión, y que su situación se ha complejizado por causa de la pandemia y por la falta de un apoyo institucional integral y efectivo”.
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