*Por: Alicia Arango
El covid-19 nos cambió la agenda mundial y el gobierno del presidente Iván Duque Márquez se volcó a cuidar y proteger a los más vulnerables. La situación que vivimos no ha sido fácil para ningún colombiano. Hemos sido protagonistas y testigos de una pandemia que nos llevó a adaptarnos a nuevas rutinas. Y la política nacional no ha sido ajena.
El nuevo coronavirus nos cambió la manera de trabajar a todos. Ha sido un proceso de aprendizaje para el Gobierno nacional y para el Congreso de la República, donde la virtualidad ha jugado un papel muy importante. A pesar de lo que muchos creen, nunca antes el Congreso había citado tanto a un Gobierno. Trabajamos permanentemente y con disciplina, los siete días de la semana, reforzando el nuevo tipo de relación con el Legislativo establecido por el presidente Iván Duque: más directo y franco, respetando su autonomía, valorando las iniciativas y promoviendo los debates.
Veinticuatro leyes sancionadas y dos actos legislativos fundamentales así lo demuestran. Los logros en la agenda legislativa muestran el cumplimiento de compromisos de campaña del presidente. Algunos de estos fueron de iniciativa legislativa y hacen parte de su plan de gobierno. Es importante resaltar que en temas de corrupción sacamos adelante los pliegos tipo para toda la contratación pública, la obligación de publicar la declaración de renta de altos funcionarios públicos, conflicto de intereses y la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos.
Un gran paso para Colombia fue la promulgación del acto legislativo que establece la prisión perpetua para violadores y abusadores sexuales de niños y adolescentes. Los colombianos estuvimos mucho tiempo esperando esta reforma, porque no podemos olvidar que desafortunadamente en el país son violados tres niños por hora.
Otros logros en materia legislativa son: el pago de facturas a plazos justos, las nuevas leyes de regalías y energías renovables; no serán amnistiables los delitos de narcotráfico, secuestro y conexos; el catastro multipropósito, la ley de crecimiento económico, la historia clínica electrónica, la región metropolitana de Bogotá-Región, la inserción laboral de jóvenes, la prohibición del testeo en animales y las obras inconclusas.
Ahora, en esta nueva legislatura, que inició en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, el reto es doble. No solo por los problemas que debemos enfrentar en medio de la pandemia, sino por el compromiso que tenemos con Colombia en estos años de mandato que tenemos. El presidente Duque lo dijo en su discurso del 20 de julio: su compromiso y el de su gobierno está con el futuro de Colombia, trabajando para que el país salga adelante. Seguiremos firmes con el desarrollo del plan de gobierno, por el que votaron más de diez millones de colombianos.
En este tramo necesitamos de todos: de las instituciones, del sector privado, de la ciudadanía y de los gobernantes locales, porque los desafíos son mayores por la pandemia y les vamos a hacer frente con nuestro tesón, creatividad, resiliencia y lo mejor de nosotros como colombianos. Es un momento para que trabajemos en equipo por nuestra patria, debemos avanzar en el cierre de las brechas que existen, eso sigue siendo prioridad. No descansaremos en nuestro compromiso con la legalidad, el emprendimiento y la equidad.
La seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción siguen haciendo parte los objetivos. De igual forma, la paz con legalidad, ya que no hay paz donde prevalece la impunidad. También una agenda económica y de fortalecimiento de la salud, acelerando el esquema de punto final, el pago por capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo (UCI), la bonificación a los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención, así como la dispersión de equipos en el territorio. Avanzar en la consolidación de la generación E en educación, vías terciarias, de competitividad y 4G; otorgamiento de 200.000 subsidios de vivienda VIS y no VIS, y la destinación de más de $2 billones en incentivos para las industrias creativas y culturales, además, de la siembra de 180 millones de árboles para combatir la deforestación, entre otros.
Hemos avanzado mucho, pero debemos seguir adelante, haciendo la tarea diaria, sin descanso, por el futuro de nuestro país y de nuestra gente. La gente que está en los territorios, nuestros líderes sociales, su protección es prioridad. Respetamos y reconocemos su labor en el territorio, con la comunidad, su liderazgo social es importantísimo para Colombia. Quiero reiterar que el mensaje del gobierno Duque es uno: no es suficiente reducir el número de asesinatos de líderes sociales, sino llevarlo a cero víctimas. Actualmente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) protege a más de 7.350 colombianos que se encuentran en riesgo por parte de estructuras criminales: narcotráfico, guerrilla, minería ilegal y delincuencia común. Del total de protegidos, 4.978 son líderes sociales (70 %). Trabajamos también en la modernización y actualización de los esquemas de seguridad y protección colectiva.
De la mano con los líderes sociales, como Leyner Palacios y las plataformas de derechos humanos, avanzamos en la consolidación de los planes de protección colectiva, para que sean resultado del trabajo conjunto, de sus ideas, de sus necesidades y de las vivencias en territorio. Tenemos una primera propuesta enfocada en el fortalecimiento de espacios que ya tenemos, como las mesas de garantías, también con avanzar en la reingeniería de la UNP. También plantea algo que yo he dicho: dar respuesta inmediata a las alertas tempranas y hacer un seguimiento eficaz de los compromisos adquiridos.
Con el Plan de Acción Oportuna (PAO), la estrategia “Se busca”, del Ministerio de Defensa Nacional, y la respuesta rápida a las alertas tempranas, se han puesto en marcha acciones de prevención e investigación para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares, para brindar protección a quienes hacen realidad el liderazgo social en el país. Estas acciones se lideran en conjunto con la Fiscalía, que es la encargada de la caracterización y el esclarecimiento de los casos, con Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Muy pronto entrará en funcionamiento la escuela de líderes sociales, quienes serán formados en temas como formulación de proyectos, diálogo social, participación ciudadana y TIC, entre otros. Además, de contenidos adaptados a la particularidad de cada tipo de comunidad beneficiada. Quiero dejar claro también que esta es una responsabilidad de todos: Gobierno, alcaldes, gobernadores y ciudadanos. En pocos días daremos a conocer una estrategia llamada #LíderEsColombia, una iniciativa centrada en los líderes sociales, reconociendo y exaltando su labor en todos los rincones de la geografía nacional.
Lo que queremos es que sepan que Colombia los respeta, los quiere y los cuida. También busca reforzar la denuncia. Deben denunciar para que las autoridades puedan actuar rápido y a tiempo. Colombia merece y espera lo mejor de nosotros, un trabajo en unidad, por la gente y su futuro, saliendo adelante y recuperándonos como país.
Tomado de El Espectador
