Un juez, un fiscal y un abogado de Bosconia (Cesar), conformaron una organización criminal para manipular el sistema de reparto de los despachos y cobrar por decisiones judiciales.
Así lo afirmó la Fiscalía durante la imputación de cargos contra el juez Roberto Carlos Orozco Argote, el fiscal Yesid Payares Aguilar y el abogado Carlos Luis Ropero Galván, quienes responden por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho y prevaricato.
La operación de captura se realizó luego de una investigación de la Fiscalía que detectó las irregularidades y judicializó a las personas señaladas de hacer parte de la red de corrupción.
La Fiscalía señaló que esa organización estuvo vigente desde 2017 y que cada uno de los capturados cumplía un papel especifico.
De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante el CTI, el abogado Ropero Galván conseguía los clientes, cobraba y repartía la plata; el fiscal proyectaba decisiones a favor de los clientes de la red y el juez Orozco Argote los fallaba.
Según la investigación, la red actuó completa en el caso de un hombre capturado por porte ilegal de armas. El abogado Ropero se reunió con familiares del capturado y les cobró 15 millones de pesos, entre efectivo y un carro, para favorecerlo.
En la audiencia Ropero actuó como abogado del capturado, Payares era el fiscal del caso y el juez de la diligencia fue Orozco Argote. Al final de la misma, el detenido fue dejado en libertad.
Dijo la Fiscalía que durante la negociación de la libertad estuvieron presentes varios integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.
Luego, en abril de 2018, dijo el ente acusador, el fiscal le pidió a los familiares del hombre tres millones de pesos para dejarlos acceder al proceso y poderse preparar para pedir la preclusión del caso.
En otro de los hechos investigados, registrado el 3 de mayo del año pasado, se falló a favor de un hombre en un proceso ejecutivo por un predio.
Se habrían pedido dos millones, de los cuales millón y medio eran para el juez que tomó la decisión.
Adicionalmente, en la audiencia, se señaló que el abogado Ropero representó a varias personas capturadas por favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y que el fiscal era Payares.
“Se fraguó un acuerdo económico para que el fiscal solicitara la preclusión”, dijo la Fiscalía, tras señalar que se cobraron 10 millones de pesos, tres para el abogado y $500.000 para asegurar el reparto del caso al juez que los iba a favorecer.
Igualmente se evidenció una irregularidad en un trámite ejecutivo. El abogado Ropero presentó ante el despacho del juez Orozco Argote un recurso para definir la territorialidad de un proceso.
Aunque el cheque había sido entregado en Valledupar, se habría acordado decir que el negocio que era parte de un pleito, se había dado en Bosconia, Cesar, en donde podía favorecer a su cliente
En abril de 2019 el juez ordenó que el proceso se tenía que seguir en Bosconia como lo quería el demandado.
Los capturados no aceptaron los cargos imputados ante un juez de control de garantías de Bogotá.
Tomado de El Tiempo
