El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Fiscalía el Ministerio del Interior son los responsables del daño producido a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, como consecuencia la tortura psicológica sistemática que ejerció el DAS en su contra, por su labor periodística y de investigación del crimen del humorista Jaime Garzón. La decisión se tomó luego de que la periodista interpusiera en 2012 una demanda por haber sido víctima de “chuzadas”, seguimientos, desprestigio, asedio y otras conductas ilegales ejecutadas en su contra desde el 23 de julio de 2001 hasta abril de 2010. Y por la falta de protección y demoras en las pesquisas judiciales.
“El Estado no solo no protegió a la demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas Instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada de Claudia Duque. No solo por haber interceptado sus llamadas telefónicas y por haber revisado sus correos electrónicos, sino por haber infiltrado fuentes humanas en su esquema de seguridad, haber construido todo una base de datos con información de inteligencia no autorizada, por haber hecho seguimiento a los desplazamientos dentro y fuera del país que hizo la demandante y, en general, por el asedio del que fue víctima”, señaló el Tribunal.
El 23 de julio de 2001 Duque fue víctima de un secuestro en la modalidad de “paseo millonario”, en el que sus captores le dejaron claro que lo que le sucedía tenía relación con su trabajo de investigación independiente por el homicidio del también periodista, Jaime Garzón Forero. La persecución fue tal que, en 2010, se vio obligada a entregar el esquema de seguridad que tenía y partir hacia el exilio pues, tal como lo indicó, existían informes de inteligencia elaborados por sus conductores supuestamente de confianza, así como la aparición de un hombre armado en cercanías de su residencia. Durante esos nueve años la periodista tuvo que salir del país tres veces.
“El actuar del DAS en extralimitación de sus funciones llevó al punto de crear todo un manual de instrucciones para intimidad y amenazar. Dicho manual se construyó a partir de un mensaje grosero y de alcance perturbador y desorientador en el aspecto psicológico, que pretendía alterar la tranquilidad de la persona que lo recibía. Fue elaborado con recomendaciones de profesionales con mucha experiencia. En esta labor participaron analistas con experiencia en manipulación de la información, con el fin de desviar la atención sobre el ejecutor del mensaje y ocultar la planeación y verdadera autoría de la comunicación”, agrega el fallo.
Duque dejó en claro la existencia de irregularidades en las investigaciones penales que cursan en la Fiscalía por su situación. Una denuncia que presentó en 2001 fue archivada dos años después, sin mayores argumentos. Luego interpuso otra en 2004 y pasaron siete años hasta que la Fiscalía abriera una investigación formal. El caso sigue en marcha, aunque con trabas, y en 2017 fue declarado de lesa humanidad. Igualmente, se instauró una queja ante la Procuraduría en 2010 cuando esta entidad ordenó destituir a varios funcionarios del Estado, en una decisión que no incluyó dentro de los hechos juzgados, ninguna de las violaciones a los derechos humanos que sufrió la periodista.
La decisión judicial endilgó responsabilidad a la Fiscalía por “haber incurrido en omisión y mala prestación del servicio, en tanto no cumplió con sus funciones frente a la denuncia impuesta por la demandante en 2001, pues archivó la misma sin mayores argumentos, y cumplió de manera tardía sus funciones frente a la denuncia presentada en 2004 (…) En criterio de la Sala, la actuación de la Fiscalía solo aportó a generar a la señora Claudia Julieta Duque sentimientos de zozobra, angustia y temor por su vida y la de su hija, no solo por sensación de desamparo y protección total por parte de las entidades del Estado, ante semejante panorama de impunidad”.
Sobre el Ministerio del Interior, demandante dijo que, si bien en enero de 2004 se diseñó una ruta para la protección de sus derechos, en la que esta cartera tenía varios compromisos, a marzo de ese año no había cumplido ninguno. Además, que mientras era protegida de este Ministerio, funcionarios de esa entidad filtraron documentos reservados al DAS que agravaron su situación de seguridad. Finalmente, que, aunque en 2007 la Policía Nacional calificó su situación como de “riesgo extraordinario”, le retiraron el carro blindado que le había sido asignado
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el Ministerio del Interior es responsable por haberle retirado la única medida de seguridad con que contaba para sus desplazamientos. “Habla siempre del presunto riesgo; pone en duda la existencia del mismo intentando descalificar el temor de la actora con afirmaciones como que si en realidad se sintiera amenazada no manejaría personalmente el carro blindado (…) indica que no le consta que la periodista hubiere recibido amenazas. En el expediente hay suficientes pruebas sobre la existencia de informes especiales de riesgo que arrojan como resultado ‘riesgo extraordinario’”.
El despacho agregó que con esto, el Ministerio no solo “ridiculiza” su temor, desacredita su dicho y termina ofreciendo una cierta tranquilidad a quienes han sido autores de las amenazas y hostigamientos mencionados. Asimismo, endilgó responsabilidad a la Fiscalía por “haber incurrido en omisión y mala prestación del servicio, en tanto no cumplió con sus funciones frente a la denuncia impuesta por la demandante en 2001, pues archivó la misma sin mayores argumentos, y cumplió de manera tardía sus funciones frente a la denuncia presentada en 2004”.
Por todo esto, el Tribunal declaró la responsabilidad administrativa del DAS – representado por la Fiduciaria La Previsora SA –, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, por el daño antijurídico ocasionado a la periodista y sus familiares. En consecuencia, condenó a estas entidades a indemnizar a las víctimas. De igual forma, ordenó a la Fiscalía a diseñar una cartilla en la que se socialice el análisis de responsabilidad expuesto en la sentencia, para dar importancia, celeridad y trascendencia a casos de este tipo.
Además, el ente investigador deberá diseñar políticas e instrucciones para adelantar las investigaciones penales en el menor tiempo posible de forma que cese las violaciones continuadas a los derechos fundamentales de los perseguidos y torturados debido a su pensamiento político y trabajo periodístico. Claudia Julieta Duque consideró esta decisión “una sentencia histórica para el periodismo independiente, la libertad de expresión, la posibilidad de investigar graves crímenes y violaciones a los Derechos Humanos y como una reivindicación fundamental de mi verdad”.
Tomado de El Espectador
