Este miércoles 12 de agosto se cumplía el plazo para que la defensa del senador Álvaro Uribe presentara un recurso de reposición, el único que podía presentarse en contra de la decisión que emitió el pasado 3 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuando definió la situación jurídica del congresista del Centro Democrático y ordenó su detención domiciliaria. Este martes, sin embargo, el equipo defensor del expresidente dio un anuncio sorpresivo: “No tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala. No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”.
Según un comunicado que acaba de enviar el equipo del penalista Granados, “esta decisión infundada y sin precedentes en la justicia del país, demuestra cómo a Álvaro Uribe se le han violado en este proceso seis principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”. Estos son los principios que los defensores del expresidente enlistaron.
Presunción de inocencia
La defensa del expresidente afirma que dictar esta medida más de dos años después de iniciado el proceso, “no tiene nada de preventivo y suena más a vengativo”, teniendo en cuenta que el expresidente ha cumplido todos los llamados de la justicia, ha evidenciado su voluntad de colaborar en la investigación que se adelanta y, de ninguna manera, ha entorpecido el proceso.
Alegan que la privación de la libertad de Uribe viola su legítimo derecho a defenderse en libertad, especialmente, cuando no ha sido acusado y mucho menos condenado. “Por el contrario, el expresidente ha sido vehemente en pedir la búsqueda de la verdad alrededor de los hechos que rodean el proceso, por lo que resultan curiosos los agumentos expresados en el expediente”.
Investigación integral y objetiva
Argumenta la defensa que la Sala de Instrucción determinó la detención de Uribe con conclusiones basadas en inferencias y no en pruebas directas pues, afirman, en más de 22.000 interceptaciones, no existe registro del audio del expresidente hablando contestigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan.
La defensa reseñó que el 23 de febrero de 2018, un día después de la denuncia de Iván Cepeda, la Corte abrió investigación. Sin embargo, por escrito, se le negó a su cliente que existiera un proceso en su contra. “La defensa lleva dos años y medio enterándose del proceso por filtraciones selectivas y sistemáticas. Además, a pesar de solicitarlo en dos ocasiones, Álvaro Uribe nunca fue escuchando en versión libre, principio fundamental de una democracia como la colombiana”, indican.
Exclusión de la prueba ilícita e ilegal
Recalca la defensa del expresidente que el magistrado José Luis Barceló – quien llevó el proceso de Uribe hasta que su periodo finalizó y se fue de la Corte – investigó ilegalmente al expresidente sin tener competencia, puesto que esto le correspondía a la Sala de Instrucción. Agregan que en un grave hecho para el país, el expresidente fue “chuzado por error”.
“Se agregaron al expediente interceptaciones obtenidas ilegalmente en un proceso contra Nilton Córdoba, asegurando que este había dado el celular de Álvaro Uribe, hecho que fue negado por el exrepresentante. Se violó así el principio del derecho internacional: ‘nadie se puede beneficiar de su propio ilícito’. El precedente de avalar esta investigación en pruebas ilegales lastima el estado de derecho”, manifiesta la defensa.
Derecho a interrogar los testigos de cargo
En este aspecto, consideraron que, “contrario a la sorpresiva celeridad por parte del magistrado Barceló y dos de sus magistrados auxiliares en la recolección de pruebas y tomas de testimonios, no se practicaron pruebas esenciales para la defensa de Álvaro Uribe, como escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda: Mancuso, el Tuso Sierra, Monoleche”.
Añaden que el testimonio del Tuso Sierra fue tomado por Lisa Ruth, investigadora americana ex CIA, certificada para recolección de pruebas con validez procesal en Estados Unidos, “pero esto no fue suficiente para la Corte, que dijo que todo esto era un montaje, lo cual es totalmente falso”. Otros aspectos que trajo a colación la defensa es que hubieran apartado del caso a la magistrada Cristina Lombana por haber sido oficial del Ejército y que se negara el impedimento del magistrado Héctor Alarcón, quien en el proceso de las chuzadas de la Corte, se declaró como víctima de Uribe.
Además, señalan que “tras más de dos años del proceso, no se le ha permitido a la defensa interrogar a personas que son clave como el mismo Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y a Carlos Eduardo López ‘Caliche’. Asimismo, tampoco ha sido posible acceder a los celulares y computadores incautados a Monsalve”.
Inviolabilidad de comunicaciones abogado – cliente
En este punto, la defensa resaltó que considera, junto con su cliente, que es de suma importancia el papel el respeto al papel de la prensa en este proceso, y el respeto por los derechos y garantías de los periodistas. Sin embargo, consideran “reprochable la sistemática filtración que se ha dado durante estos años de solo algunos apartes del proceso, que lo único que han generado es desinformación entre los medios y los colombianos, tergiversando completamente el proceso”.
Señalan también que la Sala de Instrucción avala la escucha y valoración de conversaciones “sagradas y protegidas por la Constitución”, como la que tiene un investigado con sus abogados y las de un periodista con su fuente.
Imparcialidad
La defensa del expresidente determinó que era “preocupante” que en la orden de captura en contra de su cliente se compulsaran copias contra varios testigos que declararon en favor de Uribe. “Esto es una clara coacción a personas a quienes la Corte intimida de antemano, y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia, a Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas, lo cual configuraría una posible destrucción a la evidencia”.
En consecuencia, el equipo de penalistas Granados concluye que la decisión adoptada por el alto tribunal parece reflejar más un juicio a la personalidad de Uribe que a sus actos, “lo que deja de lado y desconoce los siglos de estudio y aplicación del derecho penal para someterlo a una rencilla personal, que desde cualquier punto de vista lesiona profundamente a Colombia como país”.
Desde que se conoció la decisión de la Sala de Instrucción, la defensa del senador Uribe emitió cuatro comunicados de prensa en los que señalan su versión de los hechos e insiste en la inocencia del expresidente. Este es señalado de intentar manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un hombre que trabajó en la hacienda Guacharacas de la familia Uribe Vélez en Antioquia y lo señala de ser uno de los promotores del Bloque Metro de las Autodefensas. La investigación señala que, principalmente, ese intento de manipular el testimonio habría sido coordinado con uno de sus abogados, Diego Cadena, y el representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. Ambos enfrentan investigaciones penales por estos hechos.
Durante la indagatoria que rindió Uribe en octubre de 2019 ante la Corte señaló que lo único que quiso contratando a Cadena (también con detención domiciliaria), era determinar quién estaba detrás de la fabricación de falsos testigos en su contra. De hecho, un entramado de versiones falsas es lo que motivó todo este escándalo político y judicial. Arrancó cuando, en febrero de 2012, en desarrollo de un debate de control político sobre la génesis y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, el senador Iván Cepeda detalló graves hechos relacionados con la mencionada hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó en el nordeste antioqueño.
El congresista reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de la finca condenado por graves delitos cometidos con el grupo ilegal Los Rastrojos, y de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del frente Cacique Pipintá de las AUC, Guacharacas había sido sede del Bloque Metro de las autodefensas. Dos años después, cuando Uribe ya era senador, en el Capitolio se vivió un debate similar, pero tuvo como desenlace una denuncia por parte del expresidente en contra de Iván Cepeda. Uribe alegó entonces que el senador del Polo Democrático había ofrecido prebendas a estos testigos para que declararan en contra de él y su hermano. En octubre del año pasado la Corte acreditó como víctima al congresista Cepeda.
En los comunicados de prensa publicados por el equipo de abogados de Uribe señalan que él “no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se trasladara siempre a la Corte. Juan Guillermo Monsalve fue visitado por el abogado Diego Cadena porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado”, señala uno de los pronunciamientos de la defensa del expresidente.
Sobre el papel de Cadena también señalaron que el abogado visitó Juan Guillermo Monsalve porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de “infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo transmitió al Presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”.
En cuanto al supuesto papel que habría fungido el representante Prada, los abogados de Uribe señalan que el expresidente tampoco buscó ni instrumentalizó al congresista del Centro Democrático para que buscara sobornar a Monsalve. “Ante una llamada del Representante Prada, con ocasión de información suministrada por terceros sobre la voluntad de Monsalve de retractarse, el Presidente Uribe se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si esa era su voluntad ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento, ni soborno hubo”, dice el comunicado.
Ante las revelaciones periodísticas Granados también pidió que se levantara la reserva todo el expediente en contra de Uribe “con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder. Esta solicitud a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva (…)”.
Luego de que la Corte se pronuncie sobre este recurso presentado por la defensa de Uribe, la investigación seguirá su curso. Posteriormente, el alto tribunal tendrá un plazo de 120 días para determinar si lo llama a juicio o precluye la investigación. En dado caso de que este sea acusado, los abogados del líder del Centro Democrático podrán rebatir las pruebas que recopiló la Sala de Instrucción en su contra ante la Sala de Primera Instancia de ese mismo tribunal, la cual está conformada por otros magistrados. Incluso, tendrá una segunda instancia en la que podría apelar un hipotético fallo condenatorio ante magistrados que no hayan tenido que ver con su expediente en el pasado.
Tomado de El Espectador
