Luego de que varios intentos fallidos, este jueves testificó el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, en el proceso que se le adelanta al exmagistrado Francisco Ricaurte por el cartel de la toga. Con detalle, aunque pocas novedades, Moreno explicó cómo funcionaba esta organización criminal que se dedicó por años a torcer procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema, escándalo por el que ya fueron condenados él y su socio, el abogado Leonardo Pinilla; y por el que están en el ojo de la justicia exmagistrados del alto tribunal como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Leonidas Bustos.
Moreno contó su versión de lo sucedido de una forma “descarnada”, según sus palabras, porque “no existe otra forma de contarlos. No es cinismo, es que no existe otra forma”. Desde una cárcel de Estados Unidos, donde purga una condena por lavado de activos, luego de exigirle al exgobernador de Córdoba un millonario soborno para frenar sus tantos procesos en la Fiscalía; Moreno rompió el silencio que había guardado por meses. En la audiencia virtual se le vio vistiendo el uniforme color tierra que le asigna la prisión en la que está recluido y dijo claramente: “Que no se crea que yo fui el único abogado que fui parte de esto. Había otras personas”.
La organización
Desde que fue capturado en Colombia, Moreno ha insistido en su versión de que lo que había en la Corte era una organización criminal. Y con ese término se refirió durante toda su intervención en la audiencia de este jueves. Por un lado, aclaró que, cuando alguna persona que estaba en el ojo de la Corte los buscaba, no podían garantizarle “n fallo en uno u otro sentido”, porque “como se sabe, la Corte es un órgano colegiado que no se puede asegurar una decisión”. Sin embargo, el pago del soborno “era una garantía, de que estaban bajo el manto protector del doctor Ricaurte y, bajo esa línea, de la oficina, del grupo”.
Cada uno tenía sus funciones. Por ejemplo, Moreno asumía la defensa de las personas que pagaban los sobornos “para darle apariencia de legalidad”. Otra era la supuesta función del también exmagistrado Leonidas Bustos, quien, continuó Moreno, se valió del respeto que le tenían sus compañeros para llegar a las Salas Plenas a defender a los senadores investigados: “estaba comprometido a ponerse la toga, pero a hacer los alegatos de oído a oído, a hacer más de abogado que de juez. Era una posición comprada, pagada por el apoderado para que no se fuera a perjudicar a la persona contra la cual se adelantaba un proceso penal”, aseguró Moreno.
Ricaurte, por su parte, “era la persona que mejor relación tenía con la parte política. Había terminado un periodo en la Corte Suprema, había adelantado unos años en la Judicatura. No sé, por su forma de ser, por su personalidad, no sé a qué se le pueda atribuir. Pero tenía muy buenas relaciones con la clase política y ya no era un secreto”. Sobre el también exmagistrado Gustavo Malo, Moreno explicó que la mayoría de los procesos que negociaron se adelantaban en su despacho, con lo cual los investigados compraban la “tranquilidad de que, a pesar de que hubiera evidencia o de que estuviera un funcionario instruyendo y tuviera esa convicción, no se fuera a tomar una decisión que los afectara”.
Tal era el caso de los procesos contra los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, quienes ya han admitido haberle dado dinero a esta organización. Sobre Ashton, Moreno contó, como ya ha dicho en otras ocasiones, que le exigieron $1.200 millones de los que solo recibieron $600 que, además se repartieron: $100 millones para Lyons; $100 para Moreno; $200 para Ricaurte y otros 200 millones para Bustos. Asimismo, sobre Besaile, Moreno ratificó que el pago se dio para embolatar una orden de captura que tenía lista la Corte por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Tomado de El Espectador
