San Salvador, 29 agosto.- La organización humanitaria salvadoreña Pro-Búsqueda recolectó documentos sobre la desaparición de niños en el marco de la masacre conocida como La Conacastada, perpetrada por el Ejército en 1982, mediante una investigación dada a conocer este sábado.
La presentación se dio en el marco del 26 aniversario de la organización, fundada por el jesuita español Jon de Cortina en 1994, y la conmemoración de los 38 años de la referida masacre.
«Se ha presentado una investigación documental que recopila múltiples testimonios, documentos desclasificados, documentos oficiales y de la Corte Suprema que desnudan cómo fue este operativo, cuántas personas fueron asesinadas y cuántos niños fueron sustraídos», dijo a Efe Eduardo García, director de la organización Pro-Búsqueda.
Sin entrar en detalles, señaló que «es una forma de presentarle al Estado salvadoreño cómo hay que buscar la información en casos tan emblemáticos, tan preocupantes de crímenes de lesa humanidad».
«Esta investigación pretende ser un acto de reparación para las víctimas», sostuvo García.
La masacre de La Conacastada se dio en el marco del operativo militar denominado «Teniente Coronel Mario Azenón Palma», que también derivó en la matanza de El Calabozo en el centro del país.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un «vasto operativo militar antiguerrillero» con unos 6.000 hombres que terminó con la masacre de 200 civiles.
Hasta diciembre de 2019, Pro-Búsqueda ha recibido 1.105 casos de niños desaparecidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), de los que resolvió 451, con 282 reencuentros de las familias y 37 menores localizados fallecidos.
Según proyecciones de Pro-Búsqueda, en la década de 1980 fueron dados en adopción entre 30.000 y 35.000 niños, entre los que sospecha se encuentran cientos de los desaparecidos.
El Salvador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los casos de las hermanas Serrano Cruz (2005), Contreras y Otros (2011) y Rochac y Otros (2014).
El Estado de El Salvador enfrenta un nuevo proceso por la desaparición forzada de cinco niños ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se trata de una denuncia presentada en 2012 por la desaparición de cinco hermanos de la misma familia de apellido Rivas y que, según documentos a los que Efe tuvo acceso, su admisión fue informada a la Cancillería salvadoreña el 21 de mayo pasado.
EFE
