San Francisco, 2 septiembre.– El expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), que se encuentra bajo arresto domiciliario en EE.UU. mientras afronta un juicio de extradición a petición de su país, dijo este miércoles a Efe que la Procuraduría peruana está «manipulando» el proceso.
«(Los Procuradores de Perú) cambian de opinión, manipulan los papeles y privan a mi abogado de todos los pedidos de información, rompiendo así el debido proceso», dijo Toledo a Efe en una conversación telefónica dos días antes de que se celebre una nueva vista ante el juez.
El exmandatario, a quien se investiga en Perú por corrupción, se refería así a la decisión el pasado 11 de agosto de la Procuraduría peruana de cerrar la investigación y presentar una acusación fiscal contra Toledo, algo que el propio coordinador del equipo que lleva el caso, el fiscal Rafael Vera, apuntó públicamente que iba a favorecer el proceso de extradición.
Para Toledo, que la Procuraduría cerrase la investigación y presentase una acusación sólo cinco días después de haber solicitado una extensión de 78 días para poder recabar más información, pese a los contratiempos de la pandemia de la COVID-19, indica que hubo «manipulación» del caso.
«Vi esto muy amarrado. Hay un arreglo entre los procuradores y (la empresa brasileña) Odebrecht», dijo Toledo, quien siempre ha sostenido que es víctima de una confabulación contra su persona en Perú.
El movimiento del Ministerio Público en Perú de presentar la acusación de forma tan aparentemente precipitada se explica porque una de las líneas de defensa del expresidente es que todavía no se han presentado cargos formalmente contra su persona, algo requerido por el tratado de extradición entre Perú y EE.UU. para proceder en un caso así.
Incluso tras la presentación de la acusación fiscal el pasado 11 de agosto, Toledo y su Defensa mantienen que ésta no constituye base legal para la extradición, puesto que antes debe ser aceptada por un juez en Perú.
En la vista que se celebrará por videoconferencia este viernes, el abogado del expresidente seguirá esta línea argumental, sostendrá que ha estado encarcelado primero y en arresto domiciliario ahora de forma injusta y pedirá al juez Thomas Hixson, que lleva el caso, que le deje en libertad.
Al exmandatario se le investiga por presuntamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos años prófugo de la Justicia peruana en el área de la bahía de San Francisco, en EE.UU.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Toledo recibió millonarios sobornos de Odebrecht mediante el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien supuestamente luego ingresó ese dinero a cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del expresidente.
Maiman, quien reside en Israel, aceptó a fines del año pasado ser «colaborador eficaz» (delator premiado) de la Fiscalía peruana, tras haber declarado que prestó las cuentas de sus empresas para recibir unos 35 millones de dólares de Odebrecht para Toledo.
Por ese motivo, el exgobernante está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, y desde febrero de 2017 tiene una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
EFE
