Panamá, 3 septiembre.– La Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá ha decidido extinguir por «resolución administrativa» un contrato de más de 587 millones de dólares con la empresa española FCC para la construcción de un gran hospital cuyas obras llevan detenidas más de cinco años, informó este jueves el director del ente sanitario, Enrique Lau.
«Este proceso (de resolución administrativa) nos debe llevar a ir identificando una serie de incumplimientos que el contratista ha tenido» y «al culminar tendrá como consecuencia la extinción de este contrato, con todas las consecuencias que esto trae», afirmó Lau al referirse a la construcción de la denominada Ciudad de la Salud o Ciudad hospitalaria.
La obra, que lleva entre 65 % y 69 % de avance según dijo Lau, fue licitada en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para ser entregada en julio de 2015, pero una serie de irregularidades detectadas durante la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) retrasaron su construcción.
«El estatus actual es el que ha tenido en los últimos 5 años. Está prácticamente en las mismas condiciones», dijo Lau.
Este proyecto es investigado por la Justicia de España en una causa en la que FCC está imputada por haber pagado sobornos que suman 82,7 millones de dólares, como la misma empresa ha admitido según la información judicial española, para obtener este contrato y otros para la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de la capital panameña.
«Estamos empezando la comunicación tanto al contratista como a la afianzadora de que vamos a iniciar el proceso de resolución», dijo por su parte el asesor legal del Seguro Social, Benicio Robinson, quien explicó que este proceso prevé una «mesa de negociación en la cual CSS podrá negar las pretensiones del contratista o aceptarlas».
Si la CSS mantiene «la intención de la resolución (del contrato) ellos van a darse por notificados y la afianzadora podrán subrogarse o apelar» ante instancias panameñas, incluida la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que puede extenderse por años, añadió.
Este proceso legal «no va de la mano de las alternativas que el Gobierno está buscando», y que incluyen una ley aprobada por el Parlamento y pendiente de la firma del presidente panameño, Laurentino Cortizo, que «de ser sancionada nos permite el acceso inmediato a la Ciudad de la Salud», añadió el asesor legal panameño.
FCC DEMANDA A PANAMÁ ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
FCC, dominada desde 2016 por el magnate mexicano Carlos Slim, presentó una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional de París con la que «pretende evitar que la CSS pudiera, en algún momento, ejercer la fianza de cumplimiento», anunció Lau.
El Seguro Social ha contratado una firma de abogados para que la represente en esta demanda, dijo Robinson, que precisó que «la fianza de cumplimiento es de aproximadamente 55 millones de dólares y la fianza de anticipo de unos 38 millones de dólares».
FCC presentó una reclamación de 65 millones de dólares por lo que denomina «permanencia extendida», desde el 15 de junio de 2015 hasta diciembre de 2019.
El presidente Cortizo tildó este jueves de «inconcebible» y una «burla» que FCC esté hablando de deudas millonarias por parte del Gobierno de Panamá, cuando es un hecho público que está involucrada «irregularidades» cometidas en anteriores administraciones.
«Las cifras que maneja FCC son incorrectas», afirmó Cortizo, que clamó que «a los panameños hay que respetarlos», le pidió al director de la CSS «hágase respetar».
PANAMÁ SE QUEJA DE LA ACTUACIÓN DE FCC
Lau recordó que en febrero culminó «un proceso de conversación» con FCC que no llegó a nada porque la empresa «nunca» se comprometió cumplir» lo planteado por la CSS.
En agosto la empresa planteó la firma de un nuevo contrato luego de que la CSS pidiera la cotización de unas adecuaciones a la obra, necesarias para enfrentar la emergencia de la COVID-19, lo que el ente sanitario rechazó porque el «contrato original establece que se podía solicitar modificaciones» al proyecto, dijo Lau.
El pasado 25 de agosto «sorpresivamente recibimos una notificación» de FCC «donde nos solicita resolver unilateralmente el contrato y con eso dar por terminado sus compromisos con la CSS, aduciendo causa de fuerza mayor, incluyendo ahí lo que ha sucedido con la COVID», lo que el ente panameño rechazó «porque el país quedaría desprotegido e cualquier reclamación».
La CSS envió a FCC una resolución del Ministerio de Salud panameño que autoriza a la empresa a «reiniciar las obras de la Ciudad de la Salud» y que pide que conteste la solicitud de «hacer obras de emergencia que modifican el contrato original», pero la única comunicación recibida ha sido «la comunicación de la corte de arbitraje», añadió Lau.
EFE
