Estar alerta ante los «enemigos agazapados de la paz» es un deber y es la mejor manera de honrar el legado de Otto Morales Benítez.
Las decisiones que tienen que ver con garantizar los derechos fundamentales como la justicia, el esclarecimiento de la verdad y la paz, son decisiones del Estado social de derecho y no de Gobierno; lo cierto del caso es que en Colombia estas decisiones obedecen tristemente a la voluntad de los intereses particulares incrustados en los poderes del Estado, e incluso tocan esas sensibilidades dentro de la verticalidad del Ejército Nacional. Hoy, por ejemplo, se debaten entre los que trabajaron por la construcción de la paz y veían en los acuerdos de La Habana una oportunidad para alcanzar un mejor país y aquella corriente del ala militar que es fiel a la consigna de la rentabilidad política que permite «la guerra» , buscando, eso sí, hacer trizas el pacto firmado en el Teatro Colón. Para ello utilizan estrategias poco veraces para desaparecer cualquier vestigio militar que le apueste a la paz.
Para ilustrar lo expresado, se observa con mucha suspicacia que en Colombia las investigaciones que se vienen adelantando contra comandantes de altísimos rangos por falsos positivos y graves delitos de lesa humanidad no prosperan; hay todas las excusas para retrasar o torpedear dichas indagaciones. Paradójica y curiosamente algunos comandantes del ala de la paz sí son investigados con la mayor diligencia, buscando, eso sí, sacar de la fuerzas militares cualquier hueste o rastro de la estrategia de paz.
En tal sentido, resulta difícil explicar que personas que hoy tienen denuncias reciban reconocimientos y promociones. Es el caso del brigadier general, Adolfo León Hernández Martínez, por 39 falsos positivos, premiado con su nombramiento en la Comandancia de la Fuerza de Tarea Hércules. O el general Nicasio Martínez, quien posiblemente tiene responsabilidad en 75 denuncias por falsos positivos y fue nombrado por el presidente Iván Duque Márquez como comandante del Ejército Nacional —hoy fue destituido, no por las denuncias de falsos positivos, sino por las interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y magistrados—. Otro caso es el del general Marcos Evangelista Pinto, a quien como premio lo nombraron comandante de la Segunda División del Ejército.
Es claro que ni al gobierno Duque, ni a muchos congresistas, les importa que los altos oficiales, mientras estén siendo investigados por la muerte de civiles inocentes, sean ascendidos a cargos tan importantes como la Comandancia del Ejército, la Fuerza de Tarea Hércules o La Segunda División del Ejército; pero las investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación siguen arrumadas en las gavetas donde se amontonan todas las explicaciones de la impunidad.
La otra cara de la moneda en las Fuerzas Militares es la de personas como el general Alberto José Mejía Ferrero, quien las comandó entre 2017 y 2108; fue llamado por los medios como «el comandante defensor de la paz», título que le trajo grandes problemas en el partido político que desea regresar con ansias a este país a la guerra y que hoy ostenta el poder. Mejía fue el comandante de más alto rango en su momento en defender los acuerdos de paz de La Habana, lo que generó grandes molestias en a las castas de políticos y militares enemigos de la paz. Siendo comandante del Ejército, en una entrevista concedida a la Revista Semana, edición del 23 de abril de 2016, titulada «Veo un Ejército preparado para la consolidación de la paz»,Mejía aducía a la búsqueda incansable por el camino que merece el país. Además, en la misma entrevista, mencionó: «Un país en búsqueda de paz necesita un Ejército multimisión fuerte y eficiente. El término multimisión alude a las diversas responsabilidades que nuestro país y el mundo demandan que asumamos». Estas respuestas lo llevaron a él y a algunos militares a ser perseguidos por los enemigos de la paz.
Si bien es cierto que el general Mejía tuvo muchas dificultades por la defensa de la paz, no es el único que hoy enfrenta cuestionamientos y señalamientos por esta actitud.
Otro caso en que se evidencia la intención de acabar con quienes trabajan en el cumplimiento de su deber en la Fuerza Pública es el hoy mayor general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, gran defensor de la institucionalidad y que hoy está siendo investigado y macartizado.
Es evidente que el mayor general Juan Carlos Ramírez ha tenido grandes retos en Antioquia Córdoba y Chocó por la fuerte presencia armada de grupos organizados, sin embargo, en los resultados operacionales demuestra que los enfrenta a todos, por ejemplo, AGC, Caparros, ELN, disidencias de FARC, entre otros grupos armados que ejercen violencia y criminalidad en estas zonas del país.
Muchas organizaciones sociales y de derechos humanos han presenciado el respeto del general Ramírez por los defensores de derechos humanos al abrir espacios directos de confianza para la atención de cualquiera de las situaciones que lamentablemente se siguen presentando en el departamento y para diligentemente solicitar investigaciones internas a hombres que bajo su mando incurran en presuntas actuaciones criminales. Es claro que la justicia es la única responsable de esclarecer los hechos en cualquier caso, pero hay un tufillo en el ambiente que intriga acerca de por qué en la Fiscalía y los entes de control del Estado no se avanza con mayor celeridad frente a los responsables de las graves violaciones contra delitos de lesa humanidad perpetrados por el ala más conservadora de las fuerzas militares.
Es evidente que los enemigos de la paz se valen de todo, desde acciones judiciales hasta asesinatos, con tal de impedir que la paz llegue a todo el territorio nacional, tal como lo deja ver Carlos Chaves Avellaneda en un artículo para el Diario la Línea del Medio, titulado «Otto Morales Benítez: Un legado para la defensa de la paz», donde señala: «Estar alerta ante aquellos “enemigos agazapados de la paz” que, por medio de sutilezas (sofismas y mentiras) y/o acciones criminales (asesinatos de líderes sociales y excombatientes) intentan torpedear esfuerzos de paz, como lo es el Acuerdo del Estado colombiano con las FARC, es un deber y es la mejor manera de honrar el legado de Otto Morales Benítez».
