La Alcaldía de Medellín puso en marcha la campaña Le Pongo el Pare con la que se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de rechazar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, un delito que vulnera todos los derechos de esta población y afecta gravemente su dignidad.
En el primer semestre de 2020, desde la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se atendieron 112 casos en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales 96 fueron en contra de niñas y adolescentes mujeres, y otros 16 afectaron a niños y adolescentes hombres, lo que indica que el género femenino es el más afectado por esta problemática. La cifra del primer semestre de este año refleja una disminución frente al mismo periodo de 2019, cuando fueron atendidos 197 casos.
Las comunas en las que más se evidenciaron situaciones en el primer semestre de este año fueron: Villa Hermosa con 28 hechos, La Candelaria con 15 y Popular con 12.
Actualmente, las víctimas son protegidas a través de programas y espacios como Casa Vida, el Centro de Diagnóstico y Derivación, Medellín Cuida a sus Niñas, Niños y Adolescentes, el Equipo de Atención en Territorio y el Hogar de Paso 2, que fueron diseñados exclusivamente para restituir los derechos vulnerados de esta población.
Durante septiembre, se realizarán actividades virtuales y en territorio con mensajes pedagógicos que inviten a rechazar este delito, entre las que se cuentan la instalación de dispositivos informativos en lugares estratégicos como el metro, paraderos de buses, parques y vías. Además, se harán puestas en escena educativas en las terminales de transporte Norte y Sur, los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova, algunas comunas y corregimientos. Las jornadas contarán con estrictas medidas de bioseguridad para evitar contagios por coronavirus.
La acción central contempla recorridos por los barrios más afectados por este delito para identificar casos y motivar a la ciudadanía a denunciar.
“La misión que tenemos es ofrecerles oportunidades a niños, niñas y adolescentes para que no caigan en ningún tipo de explotación. Vamos a abrir canales de comunicación para que ellos mismos se puedan acercar a nosotros para buscar atención y vamos a hacer jornadas de protección constantes en diferentes zonas de la ciudad, acompañados de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía de Infancia y Adolescencia, que ha sido un aliado impecable en esta labor. Adicionalmente, vamos a estar en el territorio con la Unidad de Niñez y la Unidad Familia Medellín, para sensibilizar, educar y llevarles oportunidades a las familias”, manifestó la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Mónica Alejandra Gómez.
En la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027, liderada por el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ICBF y el Departamento Nacional de Planeación, este delito forma parte del grupo de trabajos ilícitos que comprenden cualquiera de las clases de esclavitud corporal vigentes.
Esta problemática tiene diez tipologías, entre las que se encuentran: el matrimonio infantil y forzado; los escenarios virtuales y el material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes; la trata con fines de explotación sexual; además de la explotación en los contextos de prostitución de adultos, comunitarios, corredores carreteables y fluviales, zonas fronterizas, proyectos extractivos o de infraestructura, viajes y turismo, entre otros.
Uno de los mensajes de la Alcaldía de Medellín para promover el rechazo hacia este flagelo es que la prostitución infantil no existe, ya que es una práctica voluntaria, mientras que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es una imposición por parte de un explotador quien obtiene recursos económicos a partir de esta vulneración a los derechos de la infancia y la adolescencia.
La invitación es a que la ciudadanía denuncie este delito en el 123 Social o ante las autoridades competentes, y que lo haga sin temor, pues la identidad de los denunciantes se reservará y protegerá.
