El día que asesinaron al excomandante de las Farc Mario Morales en el sur de Bolívar, el pasado 28 de agosto, el antiguo guerrillero se dirigía a verificar las coordenadas de unos predios que serían entregados al Gobierno para la reparación de las víctimas del conflicto. Los hombres que lo detuvieron -pertenecientes al Eln, según contó el escolta que presenció los hechos- lo señalaron como enemigo e informante del Ejército. Ese asesinato les confirmó a los excombatientes un temor que habían venido advirtiendo meses atrás: enviar a sus delegados a los territorios detrás de los bienes que tuvieron durante la guerra, para entregarlos antes del próximo 31 de diciembre, es ponerles una cruz en la espalda.
Esa fecha fue fijada por el Gobierno el pasado 31 de julio, día en que venció el plazo que inicialmente había dado para la entrega definitiva de los bienes que las antiguas Farc consiguieron cuando estaban armas, pero que fue extendido a raíz de la pandemia. Para los exguerrilleros ese plazo es inalcanzable, dicen, pues no se puede cumplir en un contexto como el actual, a riesgo de que suceda con otros excomandantes guerrilleros lo que le ocurrió a Mario Morales.
“En las condiciones actuales en las que está el país, ¿quién va al Cauca? ¿Quién entra a Nariño? ¿Quién puede entrar tranquilamente a Ituango o al Catatumbo? Y peor con las amenazas claras de grupos armados. Han dicho que si hay presencia de firmantes del Acuerdo de Paz entregando información al Estado sobre los bienes que reportamos, van a ser declarados objetivos militares”, advirtió Pastor Alape, quien es el delegado del hoy partido FARC para entregar dichos bienes al Estado.
Un proceso que inició hace ya tres años, cuando el 15 de agosto de 2017 las Farc entregaron a la Misión de Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación el inventario que recogía todos sus activos de guerra. Ese fue el paso final de la dejación de armas y el cese de todas las actividades del conflicto armado. Un inventario que en ese momento incluyó bienes inmuebles, ganado, dinero en efectivo, caletas, equipos, oro, entre otros, que sumó más de $960 mil millones.
Sin embargo, desde entonces el proceso ha sido tal vez el que más ha generado desencuentros entre la exguerrilla y el Gobierno. Por ejemplo, tan solo unos días después de que fuera entregado el inventario a Naciones Unidas y esta al Ministerio del Interior, el listado completo fue filtrado a la revista Semana, que lo publicó en su integridad, con la ubicación y el valor de los bienes. Los líderes de las Farc advirtieron en su momento que eso puso en riesgo los predios por el interés en ellos de los demás grupos armados que seguían activos.
Pero, además, en agosto de 2017, el Gobierno expidió un decreto que, según la Farc, les cambió las reglas de juego que ya había estipulado el Acuerdo de Paz para la entrega de los bienes. En esa norma se estableció que “los exintegrantes de las Farc-EP, que en su momento suscribieron el inventario, deberán garantizar la entrega material de cada bien y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice la entrega material”. Esa responsabilidad, ha sostenido la FARC hasta hoy, es peligrosa para los exguerrilleros porque no tienen cómo asegurar esa custodia en zonas donde hay presencia de grupos armados. Su responsabilidad, dicen, es brindar la información que garantice que se puedan entregar los bienes.
Otra es la visión que tiene sobre ese asunto el Gobierno. “En el inventario que ellos entregaron no se puede identificar ningún bien. Custodiar bienes que no han sido identificados por ellos es un absurdo, luego quien tiene la obligación de entregarlos son las Farc”, sostuvo el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila. Sobre las garantías de seguridad, explicó que “esas actividades se deben coordinar con la SAE, que tiene un protocolo robusto de desplazamientos y de seguridad. Se define quiénes van a ir, a dónde, se revisan los cronogramas y se habla con el Ministerio de Defensa, que también tiene un protocolo”.
Mientras ha corrido el tiempo, la Farc ha hecho varios llamados de alerta al Gobierno y ha advertido por distintos mecanismos el riesgo que corren los bienes que deben reparar a las víctimas y los ajustes que según ellos deben hacerse para garantizar la recepción de esos activos. Desde febrero de 2018, la exguerrilla solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) medidas cautelares para proteger los bienes.
Igualmente, a principios de este año, antes de que se fijara el plazo de entrega hasta diciembre próximo, esa colectividad envió varios oficios al Gobierno advirtiendo que ese límite está alejado de la realidad. Incluso, Pastor Alape interpuso una tutela contra las normas que según considera han violado el deber ser del proceso, a la luz del Acuerdo de Paz. El 23 de abril enviaron una comunicación a la ministra del Interior, Alicia Arango; al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y al consejero Emilio Archila, con la que dejaron constancia de las dificultades que enfrentaba el proceso. Algunas de ellas las reafirmaron en una comunicación del pasado 7 de agosto al consejero Archila y a la gerente de Proyectos Especiales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada por el Gobierno de recibir dichos bienes.
Esta última entidad y las Farc han venido trabajando de la mano y a contrarreloj en los últimos meses en la entrega y recibimiento de los bienes, con la fecha del 31 de diciembre a la vuelta de la esquina. Una mesa técnica en la que se analizó el estado del proceso y donde tienen asiento la SAE, el Gobierno, la Misión de la ONU y la Farc, calculó que el cronograma de entrega daba como fecha para la terminación del proceso a mediados de 2021. Ello teniendo en cuenta que a la fecha, en cuanto a bienes inmuebles, el porcentaje de entrega apenas va en el 1% de lo reportado, es decir, ocho inmuebles de los 722 incluidos en el inventario. Por eso, argumenta la exguerrilla, fue unilateral y causó sorpresa la definición del plazo del 31 de julio, extendido luego al 31 de diciembre.
“Lo que yo le puedo decir es que el 31 de diciembre corresponde a un cronograma que, si la Farc colabora, la SAE ha manifestado que está en absoluta capacidad de cumplir”, dijo el consejero Archila. Por su parte, Alape agregó que la emergencia sanitaria no se ha terminado y que hasta ahora se están levantando las restricciones de transporte. “Con esas condiciones pues por supuesto que va a llegar el 31 de diciembre y nosotros no hemos podido cumplir con esa imposición del Gobierno. Con ese decreto nos van a llevar a un proceso judicial”, señaló.
Sin embargo, Diego Martínez, abogado del partido Farc, dijo que el Gobierno tampoco ha hecho las gestiones jurídicas que le corresponden para garantizar el recibimiento de los bienes. Por ejemplo, el patrimonio autónomo que debía constituirse para depositar esos bienes hoy no existe. De igual forma, están pendientes proyectos de ley que regulen el trámite de oposiciones en los casos en que estas se presenten ante la entrega de bienes, o la ruta para los bienes en estado de deterioro. Tampoco se ha definido lo que se debe hacer con los bienes que no pueden ser monetizados y, por lo tanto, no tienen vocación reparadora; o los que se encuentran en zonas de reserva o baldíos que tampoco pueden usarse para esos fines. Aun así, con el límite fijado para el 31 de diciembre próximo, las partes esperan avanzar antes de que acabe el año y pueda hacerse efectiva la labor de recolectar más recursos para reparar a las víctimas del conflicto.
Tomado de El Espectador
