La Procuraduría General de la Nación asumió por poder preferente el proceso que adelantaba la Inspección General de la Policía Nacional por la muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, durante un operativo realizado en la madrugada en vía pública del noroccidente de Bogotá, en el que se habría utilizado de manera reiterativa una pistola taser para inmovilizarlo.
El Ministerio Público abrió una indagación con la que busca establecer e individualizar la participación que habrían tenido durante el operativo miembros de la Policía Nacional adscritos al cuadrante 47 del CAI de Villaluz, en la localidad de Engativá, y el trato que se la habría dado al ciudadano una vez fue conducido en una patrulla de la institución.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de identificar a los uniformados que participaron en la inmovilización del ciudadano, así como del uso que se dio en el operativo a la pistola taser.
Los hechos que fueron conocidos por denuncias de los ciudadanos y medios de comunicación justifican el inicio de una indagación preliminar, en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2020, con el fin de determinar la ocurrencia de la conducta reseñada, establecer si se encuentra prevista como falta disciplinaria, los posibles autores de la falta y si se actuó bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
